La ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional busca poner fin a la persecución política de civiles, aunque excluye a militares señalados por rebelión y no deroga normas como las relativas a los “delitos de odio”
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que pretende favorecer la libertad de cientos de personas encarceladas por motivos políticos y la retirada de causas judiciales contra quienes se encuentran en el exilio o la clandestinidad.
Tras semanas de negociaciones entre representantes chavistas y diputados opositores, el texto fue remitido al Palacio de Miraflores para su firma por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y su publicación en la gaceta oficial.
La norma supone un giro importante en la escena política: combina concesiones aceptadas por sectores de la oposición con límites impuestos por el chavismo.
Entre las principales controversias estuvo la exclusión explícita de militares imputados por delitos de rebelión, así como la omisión de la derogación de leyes que han sido usadas para perseguir disidencia, como las denominadas normas de “delitos de odio”.
Ámbito y alcance de la amnistía
El texto restringe la aplicación de la amnistía a episodios concretos de agitación política ocurridos entre 1999 y 2026; en total se incluyen trece momentos conflictivos, tres más de los planteados inicialmente. Entre ellos figuran períodos como la actuación de la Asamblea entre 2016 y 2026, las primarias opositoras de 2026 y la represión registrada en las elecciones de julio de 2026. Sin embargo, quedan excluidos quienes estén señalados por rebelión militar, una exclusión que afecta a 174 de aproximadamente 600 presos políticos que aún permanecen encarcelados.
Exclusiones y límites
Además de la prohibición para casos de rebelión, la ley no ampara delitos de gravedad excepcional: quedan fuera los supuestos vinculados a violaciones graves de derechos humanos, homicidio intencional, tráfico de drogas y delitos relacionados con la corrupción. Tampoco se incorporó la demanda de organizaciones de derechos humanos para derogar mecanismos penales empleados contra la oposición, como algunas figuras penales sobre «delitos de odio».
Negociación parlamentaria y garantías procesales
La redacción final fue fruto de intensos debates en la comisión parlamentaria encargada, que trabajó durante horas para conciliar posturas antes del pleno. Un punto clave fue el artículo relativo a la comparecencia ante tribunales: el chavismo defendió que los beneficiarios debían presentarse ante la justicia, mientras que la oposición exigía que la medida no revirtiera la condición de víctimas de detenciones arbitrarias. El acuerdo introdujo alternativas para quienes no puedan presentarse por estar fuera del país, permitiendo la representación por un abogado de confianza y prohibiendo la detención posterior a la solicitud de amnistía.
Plazos y principios interpretativos
Se incorporó un plazo breve de 15 días para que los tribunales revisen y concedan las medidas, lo que busca acelerar los efectos prácticos de la norma. También se añadió el principio jurídico de favorecer al acusado en casos de duda en la aplicación, una cláusula que los defensores de derechos ven como una puerta para ampliar los beneficios a situaciones no contempladas expresamente por las referencias temporales.
Impacto humano y reacciones
La aprobación llega en medio de vigilias y protestas de familiares frente a centros penitenciarios de todo el país, como la conocida Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. En el último mes y medio ya se registraron 444 excarcelaciones; pese a ello, organizaciones como Foro Penal calculan que aún hay entre 600 y 644 personas presas por motivos políticos pendientes de decisión. Las familias han presionado con huelgas de hambre y concentraciones para exigir soluciones inmediatas.
Las opiniones sobre la ley están divididas: mientras el bloque oficialista la presenta como una herramienta para la reconciliación y un nuevo ciclo político, ONG y activistas la califican de insuficiente o revictimizante. Algunos defensores sostienen que la amnistía es un paso relevante pero no la solución definitiva, que exigirá reformas profundas del sistema judicial y garantías que impidan la repetición de prácticas represivas.
Siguientes pasos y supervisión
Una comisión parlamentaria de 23 diputados supervisará la aplicación de la norma y dará seguimiento a los casos excluidos, con representantes de la oposición que anunciaron su intención de buscar la revisión de expedientes. La presidenta encargada firmó el proyecto en Miraflores y pidió rapidez en la publicación en la gaceta oficial para su entrada en vigor, una etapa administrativa que marcará el inicio del proceso de excarcelaciones y revisiones judiciales.
En el terreno político, esta ley se convierte en la segunda norma emblemática aprobada en la nueva etapa del Ejecutivo tras la ley de hidrocarburos, y su puesta en marcha será un factor determinante en la percepción internacional y local sobre el rumbo de la transición política iniciada en enero. Para muchos, la verdadera libertad plena dependerá no solo de la retirada de cargos, sino del desmantelamiento del aparato y la cultura de la persecución política que, según voces de la sociedad civil, persiste más allá de la norma.
