Illa asegura su apoyo a la gestión del IRPF y, junto al consorcio de inversiones y el acuerdo con Comuns, allana el camino para comenzar a negociar las cuentas con ERC
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha emitido un mensaje claro sobre su disposición a impulsar las reformas legislativas que permitan a Catalunya gestionar el IRPF. Esa declaración, sumada a los avances sobre un consorcio de inversiones y al respaldo parlamentario del sector de los Comuns, constituye la base para que Esquerra Republicana (ERC) acceda a iniciar las negociaciones de los presupuestos de la Generalitat.
En su intervención ante el Consell Tècnic del Govern, Illa reiteró su compromiso con los acuerdos de investidura, la amnistía y el nuevo modelo de financiación, destacando de manera especial la intención de avanzar hacia la gestión del IRPF desde Catalunya.
Según el president, existe claridad sobre los pasos necesarios y la voluntad política para llevarlos a cabo.
El consorcio de inversiones como instrumento desatascador
Una de las piezas técnicas que ha adquirido protagonismo es el consorcio de inversiones, pensado como un mecanismo institucional semejante a comisiones bilaterales. Su objetivo es supervisar y ejecutar las partidas del Estado destinadas a Catalunya, evitando la baja ejecución habitual de determinadas infraestructuras. La fórmula contempla la participación paritaria de representantes del Gobierno central y de la Generalitat, incluidos responsables del Ministerio de Hacienda, de Transportes y de la conselleria de Territori.
¿Cómo funcionaría y qué persigue?
El consorcio pretende ofrecer alternativas operativas, como las encomiendas de gestión, para garantizar que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado se materialicen en Catalunya. Si se materializa mediante una ley, ese marco institucional serviría para reducir el histórico déficit de ejecución y para dar confianza a ERC sobre el control real de las partidas destinadas a infraestructuras.
La negociación con ERC y el papel de las reformas fiscales
ERC ha mantenido como condición insoslayable la inclusión en las reformas de la financiación autonómica de un compromiso explícito para que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF. La ministra de Hacienda ha mostrado reticencias, de modo que los republicanos han buscado alternativas tácticas: retiraron una proposición de ley en el Congreso para convertirla luego en amenaza de enmienda y condicionan su apoyo a avances políticos concretos.
La promesa pública de Illa en favor de las iniciativas parlamentarias que eleven a rango legislativo la cesión y gestión del impuesto ha sido interpretada como una concesión política de peso. Esa declaración, unida al posible consorcio, permitiría que ERC planteara ante su ejecutiva la conveniencia de iniciar las conversaciones para aprobar los presupuestos autonómicos.
Trámites legales pendientes
Para adaptar el nuevo modelo de financiación serán necesarias modificaciones normativas en varios textos: la ley de financiación de las comunidades, la ley de cesión de tributos (la ley 22/2009) y la normativa catalana correspondiente. La vía probable es incorporar cambios mediante enmiendas durante la tramitación del modelo en los órganos sectoriales y en el Congreso, una ruta que exige acuerdos técnicos y políticos.
Contexto político y otras piezas del pacto
El acuerdo entre el Govern y los Comuns, liderados por Jéssica Albiach, también forma parte de la ecuación para garantizar apoyos parlamentarios. Esa alianza incluye medidas ambiciosas en materia de vivienda, con limitaciones a la especulación y aumentos presupuestarios para ayudas al alquiler y a la rehabilitación. Estas políticas refuerzan el argumento del Govern sobre la necesidad de aprobar unas cuentas que permitan afrontar problemas sociales en un contexto de incertidumbre.
En paralelo, la posible candidatura de la ministra María Jesús Montero en Andalucía añade una capa política a la negociación: su papel en la aprobación del nuevo modelo de financiación y su perfil electoral generan sensibilidad en otros territorios y en órganos técnicos como el cuerpo de inspectores de Hacienda.
El desafío será transformar los compromisos políticos en reformas legales concretas y operativas que respeten las complejidades administrativas y las sensibilidades territoriales.
