La titular del Juzgado número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Vila‑real ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a su excompañera y a la hija menor de ambos; los hechos y los antecedentes judiciales se mantienen bajo secreto.
La investigación del doble crimen ocurrido en Xilxes ha tomado un nuevo giro judicial: la jueza que dirige la Sección de Violencia sobre la Mujer del Juzgado número 1 de Vila‑real ha decidido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido por el presunto asesinato de su exmujer y de la hija menor de ambos.
Durante su comparecencia el acusado se acogió a su derecho a no declarar, y la causa permanece bajo secreto de sumario.
La resolución judicial responde a la investigación que inicialmente imputa al detenido dos delitos de homicidio/asesinato y un delito de quebrantamiento de condena.
Las diligencias buscan esclarecer la secuencia de hechos y las circunstancias concretas que condujeron al doble fallecimiento, mientras las medidas cautelares protegen el normal desarrollo del procedimiento.
Antecedentes judiciales y medidas previas
El caso no surge de la nada: en un proceso realizado mediante juicio rápido el 28 de febrero de, el mismo juzgado que ahora ha decretado la prisión impuso varias penas al investigado por hechos relacionados con violencia de género. Según la resolución de esa causa, el acusado fue condenado por un delito de coacciones y por un delito de maltrato de obra en el ámbito de violencia de género.
Penas y prohibiciones impuestas
En concreto, las sanciones de febrero de incluyeron 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima. Además, se ordenó una indemnización por responsabilidad civil de 200 euros. Esta orden de restricción, según constancias judiciales, estaba vigente hasta octubre de 2027.
Investigación, actuaciones policiales y elementos probatorios
Tras la detención inicial por quebrantamiento de la orden de protección, la investigación amplió las imputaciones al considerar indicios que apuntan a la autoría de los dos homicidios. La Guardia Civil realizó un registro en el domicilio del arrestado en Valencia con su presencia, y en esa actuación se habría localizado el teléfono móvil de la víctima, elemento ahora incorporado a las diligencias.
Pruebas y secreto de actuaciones
Las autoridades informan que algunos elementos obtenidos durante las inspecciones forenses y las diligencias policiales están bajo estudio y forman parte del expediente que se mantiene bajo secreto de actuaciones. Entre los aspectos que se investigan figura el uso del teléfono móvil de la víctima y la posible existencia de comunicaciones o fotografías relacionadas con los hechos.
Contexto social y seguimiento del caso
El suceso ha provocado una fuerte reacción en la comunidad local. En los juzgados de Vila‑real se concentraron personas vinculadas a una asociación de personas sordas de Castellón para expresar apoyo a las víctimas; tanto la mujer como el detenido tenían discapacidad auditiva y compartían relación con esa entidad. Los asistentes pidieron respeto en el tratamiento informativo y reclamaron uso de terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad auditiva.
Asimismo, las autoridades han confirmado que la víctima estaba incluida en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén), y que su situación había sido valorada recientemente como de riesgo medio. Esa clasificación forma parte de los mecanismos de protección y vigilancia que gestionan la evaluación y la respuesta a amenazas en casos de violencia machista.
Reacciones y recomendaciones
Organizaciones de apoyo a las víctimas y representantes de la comunidad han pedido prudencia y esperan que la investigación esclarezca con rapidez las circunstancias del crimen. A su vez, se subraya la importancia de la coordinación entre órganos judiciales, fuerzas de seguridad y servicios de protección para garantizar la eficacia de las medidas preventivas y la atención a las familias afectadas.
El procedimiento continúa abierto y la causa permanece bajo secreto, mientras la autoridad judicial mantiene las obligaciones cautelares necesarias para asegurar el normal avance de la investigación y la protección del proceso. La resolución sobre la prisión provisional se inscribe en ese marco de cautelas mientras se recaban pruebas y se valoran posibles calificaciones penales definitivas.
