Trump recurrirá a la sección 122 de la ley de comercio de 1974 para aplicar un arancel global temporal del 10%, una respuesta ejecutiva a la anulación judicial que reactiva la incertidumbre en el comercio internacional
La reciente decisión del Tribunal Supremo que anuló buena parte de los gravámenes impuestos por la Administración ha rehecho las piezas del tablero comercial. En respuesta, la Casa Blanca ha anunciado la utilización de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un arancel global del 10% sobre las importaciones, además de los tributos ya vigentes.
La maniobra pretende sortear el fallo judicial sin contradecir la sentencia en sus términos formales, pero abre interrogantes sobre su alcance y efectos económicos.
Este movimiento tiene carácter precautorio y temporal: la Sección 122 permite actuar sin la aprobación previa del Congreso en situaciones calificadas como emergencias relacionadas con la balanza de pagos o el valor de la moneda.
Sin embargo, las medidas que se apoyen en esa cláusula tienen límites temporales y legales que condicionan su aplicación práctica.
Qué permite y qué limita la sección 122
La Sección 122 otorga al presidente facultades para imponer aranceles hasta un 15% de forma temporal cuando existen desequilibrios graves en la balanza comercial o riesgos para la estabilidad del dólar. Además, la norma autoriza la imposición de cuotas sobre determinados productos o la combinación de aranceles y restricciones cuantitativas. Estas medidas pueden durar hasta 150 días inicialmente, aunque el Congreso puede extender ese plazo si lo considera oportuno.
Condiciones de activación
Para que la Sección 122 sea aplicable debe acreditarse un problema macroeconómico serio: un déficit comercial persistente, una depreciación significativa del dólar o desajustes internacionales que pongan en riesgo la estabilidad económica. Aunque la ley contempla aplicación general, el ejecutivo puede focalizar sus medidas en países con superávits comerciales relevantes frente a Estados Unidos, como China, la Unión Europea, México o Vietnam, según la situación de cada ejercicio.
Limitaciones prácticas
Aunque permite actuar con rapidez, esta vía no sustituye a decisiones legislativas de mayor calado. Las tasas y las cuotas impuestas bajo la Sección 122 son temporales y vulnerables a impugnaciones judiciales o a respuestas diplomáticas. Además, un arancel general del 10% puede no replicar los efectos recaudatorios ni la protección sectorial que tenían los gravámenes previos de mayor cuantía.
Distinción con otras herramientas: la sección 301 y la IEEPA
Paralelamente a la Sección 122, la Administración ha invocado la Sección 301 —utilizada para sancionar prácticas comerciales desleales— en investigaciones dirigidas contra países que, según Washington, dañan a empresas estadounidenses con subvenciones o violaciones de propiedad intelectual. A diferencia de la Sección 122, la Sección 301 no tiene límites claros de duración ni de porcentaje, y fue la base de los aranceles a China durante la fase inicial de la guerra comercial de 2018.
Otra norma citada en debates previos fue la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977), usada anteriormente por órdenes ejecutivas para imponer gravámenes bajo supuestos de emergencia nacional. Varios de los aranceles recientes se apoyaron en esta legislación, pero fueron cuestionados judicialmente por exceder competencias presidenciales.
Impacto económico y reacción empresarial
La literatura económica reciente alerta sobre quién termina asumiendo la carga impositiva de los aranceles: estudios como el publicado por la Reserva Federal de Nueva York indican que una gran parte recae sobre consumidores y empresas domésticas. Ya en el pasado, los gravámenes implementados por la Administración provocaron contracciones en el consumo y en las exportaciones, contribuyendo a un crecimiento del PIB menor al previsto en determinados trimestres.
Recaudación y presupuesto
Los aranceles suponen además una fuente fiscal significativa: hasta mediados de diciembre se habían recaudado cifras récord en virtud de medidas anteriores, representando una parte sustancial de los ingresos por aduanas en el ejercicio. No obstante, la reversibilidad o el reemplazo por un arancel del 10% afectará la previsión de ingresos y la estrategia para contener el déficit público, que ya era una preocupación fiscal relevante.
Respuesta internacional y empresarial
Gobiernos aliados y socios comerciales han mostrado inquietud. Autoridades de países europeos han subrayado la necesidad de mantener un marco de reglas y buscan coordinar una respuesta legal y diplomática. Las empresas, por su parte, piden certidumbre y advierten que cambios bruscos en los costes de importación afectan costes, cadenas de suministro y decisiones de inversión.
El desenlace dependerá de la interacción entre reservas judiciales, reacciones del Congreso, respuestas internacionales y la propia evolución de la economía y las cadenas comerciales.
