La dimisión del DAO, las acusaciones de agresión sexual y el caso que relaciona a un inspector con una red que introdujo más de 73 toneladas de cocaína plantean interrogantes sobre el control interno en Interior
El Ministerio del Interior que presidía Fernando Grande-Marlaska desde 2018, con la promesa de regenerar y depurar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, afronta hoy una crisis múltiple que cuestiona esa narrativa. La destitución del Director Adjunto Operativo, José Ángel González Jiménez, por una denuncia judicial por agresión sexual —con hechos denunciados el 23 de abril de — ha abierto una cadena de reproches, filtraciones y pesquisas internas que coinciden con un escándalo mayor relacionado con unidades de investigación económica.
Los sucesos sacuden la estructura de mando: por un lado, la imputación y salida del DAO; por otro, la investigación contra un inspector vinculado a una organización criminal que, según las pesquisas, facilitó la entrada masiva de droga en puertos españoles.
Estas dos piezas, juntas, transforman lo que debía ser una etapa de «limpieza» en un examen sobre nombramientos, control y el papel de Asuntos Internos.
El caso del DAO y la denuncia por agresión
El ascenso de José Ángel González Jiménez al puesto de Director Adjunto Operativo (DAO) fue una de las decisiones estratégicas de Marlaska al llegar al ministerio en 2018. Su permanencia fue incluso prorrogada más allá de la edad ordinaria de jubilación en un momento sensible, medida que algunos sectores interpretaron como un blindaje del mando. Sin embargo, la admisión a trámite de una querella que le acusa de agresión sexual, coacciones y uso indebido de recursos públicos cambió radicalmente ese escenario.
La denuncia describe hechos ocurridos el 23 de abril de y alega que el mando utilizó medios oficiales —vivienda, coche y teléfonos asignados al puesto— para fines personales y para intentar silenciar a la víctima. Además, señala la existencia de una campaña de llamadas desde líneas oficiales tras el cambio de destino de la denunciante y la presunta intervención de un asesor, el comisario Óscar San Juan González, que habría ofrecido destinos laborales para evitar la denuncia.
Reacción del Ministerio y medidas internas
Ante la grabación pública de la querella, el ministro aseguró que no hubo conocimiento previo en Interior y ordenó la renuncia inmediata del DAO. Marlaska defendió que «no se sabía nada hasta ayer» y que, de haberse conocido antes, la medida habría sido tomada de forma anticipada. Paralelamente, se activó una investigación reservada para averiguar si hubo filtraciones o conocimiento interno previo, y se apartó temporalmente al comisario señalado.
El escándalo de la UDEF y la red de narcotráfico
En paralelo, la investigación que afecta a unidades de investigación económica sitúa en el centro a Óscar Sánchez Gil, exresponsable de la Sección Operativa de la UDEF en Madrid. Los investigadores le atribuyen un papel clave en una red encabezada por Ignacio Torán Delgado. Según las pesquisas, el inspector jefe habría facilitado información sobre investigaciones y registros, asesoró sobre debilidades en actuaciones judiciales y cometió filtraciones que favorecieron la introducción masiva de cocaína en contenedores.
Las cifras que aportan los investigadores son contundentes: al menos 58.499 kilogramos de cocaína en 37 contenedores marítimos, más 1.605 kilos intervenidos en mayo de y 13.062 kilos incautados en octubre de en el puerto de Algeciras. En conjunto suman más de 73 toneladas de droga, con un valor de mercado que supera los 2.060 millones de euros. En las comunicaciones incautadas, el mando policial aparecía con alias como «Aduana» y «Amigo».
Consecuencias y hallazgos materiales
La causa, coordinada en la Audiencia Nacional por el juez Francisco de Jorge, derivó en la detención del inspector jefe y su ingreso en prisión provisional. En su domicilio los agentes localizaron cerca de 20 millones de euros escondidos en un hueco de la pared. El golpe de octubre de en Algeciras, con 13 toneladas intervenidas, fue decisivo para acelerar las pesquisas y desmontar la aparente impunidad con la que la organización operaba.
Impacto institucional y preguntas sobre el control
Estos episodios obligan a plantear dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control interno, la idoneidad de ciertos nombramientos y la capacidad de Asuntos Internos para detectar desviaciones en niveles elevados. En lugar de cerrar una etapa de escándalos, la combinación de la polémica por la conducta del DAO y la implicación de mandos en redes de narcotráfico ha deteriorado la credibilidad de la institución y del proyecto de regeneración que defendía el ministro.
La institución afronta ahora la tarea de clarificar responsabilidades, reforzar controles y recuperar la confianza pública. Mientras tanto, la investigación judicial avanzará con el peso de las pruebas recopiladas y la atención puesta en cómo se detectaron y cubrieron comportamientos reprochables durante años dentro de la Policía Nacional.
