Veinte años después de la orden que detuvo las obras, El Algarrobico sigue dominando la playa; avances recientes jurídicos y administrativos no han logrado su demolición
El 21 de febrero de 2006 marcó un antes y un después para la playa de El Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Ese día, el magistrado Jesús Rivera acordó la paralización cautelar de las obras del hotel promovido por Azata del Sol, cuando la estructura alcanzaba el 95% y ascendía a 21 plantas.
Desde entonces, la silueta de hormigón pasó a ser un símbolo del conflicto entre desarrollo y protección costera.
Dos décadas después la casuística sigue siendo compleja: hay avances administrativos y vías abiertas por el Estado, pero persiste la licencia original de 2003 y la edificación sigue en pie.
Organizaciones ecologistas, tribunales y administraciones han protagonizado un pulso jurídico que ilustra las dificultades para aplicar la normativa de costas y las leyes autonómicas sobre suelo protegido.
Decisiones judiciales y administrativos que no bastaron
La orden inicial de 2006 se sustentó en indicios de invasión de la franja de servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre y en la posibilidad de daños irreparables si continuaban las obras. Aquella medida cautelar dio paso a un proceso enmarañado: según registros, el caso ha acumulado catorce sentencias del Tribunal Supremo y decenas de autos que no han logrado devolver la playa a su estado natural.
El último movimiento administrativo
En 2026 se produjo un avance administrativo relevante: el 16 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó el archivo definitivo de la causa urbanística después de que el Ayuntamiento de Carboneras publicara, el 12 de enero, la normativa que declara los sectores ST-1 y ST-2 como suelos no urbanizables de especial protección. Ese trámite vino acompañado de amenazas de sanciones personales al alcalde por incumplimientos reiterados, y suponía cerrar la discusión sobre la calificación del suelo.
La licencia de 2003 y el expediente caducado
Sin embargo, el nudo gordiano permanece: la licencia de obras de 2003 no ha sido anulada en términos firmes. El Ayuntamiento inició el 11 de julio de 2026 un expediente de revisión de oficio con un plazo legal de seis meses, pero el trámite caducó el 11 de enero de 2026 sin resolución al faltar documentación enviada al Consejo Consultivo de Andalucía. La consecuencia administrativa fue la extinción del procedimiento, algo que ha sido aprovechado por críticos para denunciar dilaciones.
Reacciones de la sociedad civil
Greenpeace y otras organizaciones han mantenido la presión pública y judicial. En febrero de 2026 la ONG registró escritos ante el TSJA solicitando la incoación de diligencias penales por posible delito de desobediencia y entregó al alcalde de Carboneras una tarta con la forma del hotel pintada con la leyenda «hotel ilegal» como acto simbólico. Sus portavoces reclaman que no caben más excusas y que la demolición y la renaturalización deben ser prioridad.
Expropiación parcial y pugna por el justiprecio
Ante la persistencia de la estructura, el Estado activó una vía paralela: el Ministerio para la Transición Ecológica promovió la expropiación parcial de los terrenos que invaden la franja de servidumbre —unos 16.432 metros cuadrados según Catastro— amparado en la Ley de Costas. La promotora solicitó medidas cautelares que el TSJA rechazó y reclamó 44,5 millones de euros por la ocupación, mientras que el Gobierno ofreció cerca de 16.500 euros por la parte afectada. Sin acuerdo, el asunto se remitió al Jurado Provincial de Expropiación para fijar el justiprecio.
Si el Estado se hace con la porción que invade los cien metros, la Junta de Andalucía tendría margen para actuar sobre el resto del inmueble dentro del parque natural, ya sea mediante una expropiación autonómica prevista en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) o ejerciendo el derecho de retracto para adquirir la propiedad.
Comparaciones, precedentes y el reto pendiente
Otros casos han concluido con mayor rapidez: por ejemplo, en 2014 se paralizaron unas obras en la playa de Barro, Llanes (Asturias), y tres años después el edificio fue derribado, a pesar de posteriores reclamaciones de la promotora rechazadas por la Justicia. Esa diferencia en tiempos y resultados alimenta el malestar de activistas y vecinos que ven en El Algarrobico una paradoja administrativa: el suelo es hoy no urbanizable de especial protección, el Estado puede expropiar una parte y el Ayuntamiento arrastra procedimientos caducados, pero la mole de hormigón sigue marcando la línea de playa.
La historia de El Algarrobico demuestra que la acción judicial y administrativa puede tardar décadas en resolver un conflicto territorial y ambiental. Para activistas, técnicos y juristas la clave ahora es coordinar las responsabilidades estatales y autonómicas y culminar procesos que permitan la recuperación ambiental del litoral. El desafío pendiente es transformar decisiones formales en acciones concretas que devuelvan la costa a su condición natural.
