La Corte Suprema declaró inconstitucionales varios aranceles de la administración Trump; queda pendiente qué pasará con los 133.000 millones recaudados y cómo actuará el Ejecutivo.
La decisión de la Corte Suprema que anula buena parte de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump ha reabierto un debate crucial: ¿qué ocurrirá con los aproximadamente 133.000 millones de dólares que el gobierno federal ya cobró? Publicada el 21/02/2026, la sentencia resolvió la constitucionalidad de las medidas basadas en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), pero no zanjó de forma clara el destino de los recursos ya ingresados.
Tras el fallo, la Casa Blanca y empresas, así como gobiernos estatales y asociaciones comerciales, aceleraron sus comunicaciones públicas. Al mismo tiempo, el propio expresidente Trump reaccionó con medidas y críticas, lo que ha añadido capas de incertidumbre jurídica y práctica sobre cómo se ajustarán las cadenas de suministro y las cuentas públicas.
Reacciones presidenciales y nuevas medidas
En respuesta a la decisión del tribunal, Trump publicó que había firmado una proclama imponiendo un arancel global del 10% —una medida que, según su equipo, se respalda en la sección 122 del Trade Act de 1974. Ese documento ejecutivo anuncia la vigencia del arancel por un periodo de 150 días, con entrada en vigor prevista para el 24 de febrero, e incluye excepciones a ciertos productos como alimentos y fármacos. La administración sostiene que este recurso legal es válido para enfrentar problemas macroeconómicos como déficits de balanza de pagos, aunque esa invocación tiene límites y requisitos estrictos.
Simultáneamente, desde la Casa Blanca y la oficina del Representante Comercial se informó que se iniciarán investigaciones bajo la Sección 301 contra varios socios comerciales. Estas pesquisas, según la administración, se enfocarán en prácticas como discriminación contra empresas tecnológicas y políticas de precios farmacéuticos, y pueden desembocar en nuevas medidas arancelarias si se detectan prácticas injustas.
El interrogante de los reembolsos y la respuesta de actores públicos y privados
Aunque la Corte declaró inconstitucional el uso de la IEEPA para la mayor parte de los aranceles, no resolvió de forma definitiva si los valores ya recaudados deben devolverse. Gobernadores demócratas como JB Pritzker y Gavin Newsom exigieron cheques de reembolso para familias y empresas con cálculos detallados de daños económicos. En contraste, figuras como el senador Lindsey Graham defendieron la retención de esos fondos por parte del Ejecutivo, anticipando litigios extensos.
Empresas y asociaciones también expresaron inquietud. El transportista UPS dijo que dejará de recaudar aranceles cuando reciba instrucciones oficiales de las agencias federales. Por su parte, el National Foreign Trade Council consideró que, pese a la incertidumbre inmediata, la sentencia puede permitir una estrategia comercial más predecible y pidió que el Congreso recupere protagonismo legislativo sobre este tipo de atribuciones.
Impacto en mercados y operadores
Consultores y directores de cadenas de suministro advierten sobre efectos operativos: sistemas automatizados comenzaron a cobrar y procesar los aranceles en pocos días y ahora deberán adaptarse para detener la recaudación y, posiblemente, gestionar reembolsos masivos. La capacidad técnica para emitir devoluciones existe, pero requerirá coordinación entre aduanas, transportistas y tribunales si la disputa entra en litigios prolongados.
Dimensión política y judicial
La resolución del 21/02/2026 reveló tensiones dentro de la propia nominación judicial del expresidente: mientras dos jueces que él designó votaron con la mayoría que invalidó los aranceles, el juez Brett Kavanaugh suscribió una disidencia defendiendo alternativas legales para imponer medidas comerciales. Trump criticó públicamente a los magistrados que votaron contra su política y elogió a Kavanaugh por su postura discrepante.
Analistas legales subrayan que la Corte no está cerrando la puerta a la acción comercial presidencial: identifica que existen otras vías estatutarias, como la sección 232 o la sección 201 del Trade Act, que podrían ser utilizadas con requisitos procesales distintos. Sin embargo, el fallo deja en claro que no se puede emplear la IEEPA para gravar importaciones, ni siquiera por montos simbólicos.
Qué seguirán observando los mercados
Los siguientes pasos a vigilar incluyen instrucciones formales de aduanas sobre la interrupción de la recaudación, decisiones administrativas sobre la emisión de reembolsos y las pesquisas anunciadas bajo la Sección 301. También será clave la actuación del Congreso: expertos comerciales y asociaciones instan a una reforma legislativa para clarificar las facultades presidenciales en materia arancelaria y reducir la incertidumbre para empresas y consumidores.
