El Tribunal Supremo de Estados Unidos declara ilegales gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump amparándose en una ley de emergencia, lo que genera preguntas sobre reembolsos, déficit y nuevas fórmulas para gravar importaciones
El máximo tribunal estadounidense ha recibido un recurso que remueve la base legal de los gravámenes generalizados que la Casa Blanca impuso. En una sentencia adoptada por mayoría, los jueces han estimado que la norma invocada por el Ejecutivo no autoriza la creación de aranceles indiscriminados a escala global.
Este fallo pone en jaque uno de los pilares de la estrategia comercial del presidente Donald Trump y abre un escenario de dudas fiscales y de política comercial.
La decisión, respaldada por seis magistrados frente a tres disidentes, subraya que la potestad para establecer gravámenes recae de forma preferente en el Legislativo.
Aunque el fallo no elimina todos los tipos arancelarios, sí deja sin sustento la batería de tasas aplicadas de manera general y por tiempo indefinido.
Qué ha decidido el Tribunal y su fundamento jurídico
La Corte ha considerado que la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no ampara la imposición de aranceles recíprocos sobre importaciones de cualquier país, producto o duración. En la práctica, los jueces estimaron que la situación no encuadra en la noción de emergencia nacional que esa ley contempla, y por tanto el Ejecutivo excedió sus competencias. El presidente del Tribunal escribió que la Constitución reserva al Congreso facultades tributarias que no pueden ser usurpadas por decretos presidenciales.
Mayoría y disensos
El veredicto fue adoptado por una mayoría conservadora, 6 a 3, lo que subraya el carácter técnico de la revisión y no un alineamiento político automático. Tres jueces expresaron voto particular defendiendo la legalidad de las medidas y argumentaron que, tanto por texto como por precedentes, el Ejecutivo sí disponía de margen para actuar.
Impacto fiscal y económico
El fallo plantea un reto inmediato para las cuentas públicas: analistas sitúan el volumen de ingresos afectados en un rango amplio. Algunas estimaciones oficiales y privadas señalan que entre 75.000 y 90.000 millones de dólares podrían verse en entredicho, mientras que estudios como los del Penn-Wharton han elevado cálculos sobre recaudación ligada a estas medidas por encima de 175.000 millones. Además, la Oficina Presupuestaria del Congreso advirtió que el programa de aranceles podría alcanzar cifras de hasta 3 billones de dólares en la próxima década si se proyectaran escenarios ampliados.
Efectos sobre deuda, dólar e inflación
La pérdida potencial de ingresos aumenta la presión sobre el déficit, ya elevado respecto al PIB. Esto puede traducirse en mayores rendimientos exigidos a la deuda pública y en una posible depreciación del dólar. En paralelo, la retirada de gravámenes generalizados podría reducir algo la inflación, abriendo espacio para que el banco central adopte una política monetaria menos restrictiva, lo que favorecería crédito, consumo y empleo en el medio plazo.
Reacciones políticas, comerciales y legales
El presidente Donald Trump calificó la resolución como una «desgracia» y avisó que tiene «un plan de reserva», anunciando intenciones de usar otras herramientas legales como la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 o investigaciones bajo la sección 301 para imponer gravámenes temporales o por productos concretos. No obstante, esas vías presentan limitaciones temporales y jurídicas que podrían terminar en nuevos pleitos.
El fallo no afecta necesariamente a aranceles sectoriales con justificación de seguridad o protección, como los impuestos al acero y aluminio; sí tumba las tasas indiscriminadas aplicadas en bloque. Además, la sentencia enfatiza que cualquier nuevo paquete de restricciones necesitaría una autorización clara del Congreso, con lo que la política arancelaria pasa a depender de dinamismos parlamentarios y electorales.
Reacción internacional
Socios comerciales y bloques han celebrado que el fallo valide sus críticas: países como Alemania y Canadá han señalado que la decisión confirma sus objeciones sobre la justificación de los gravámenes. La Unión Europea ha manifestado que examina la sentencia y permanece en diálogo con la Administración para entender las próximas medidas, recordando su interés en reducir barreras comerciales.
