El Tribunal Supremo anuló la mayor parte de los aranceles impuestos por la Casa Blanca; Trump reprocha a los jueces y propone un arancel global del 10% y nuevas investigaciones bajo Sección 301
La decisión del Tribunal Supremo que deja sin amparo legal gran parte de la política arancelaria de la Administración volvió a situar el conflicto comercial en el centro del debate público. Tras conocer el fallo, el presidente Donald Trump se presentó ante la prensa en la Casa Blanca y calificó la resolución como una “vergüenza”, mientras anunciaba un plan para sortear las consecuencias jurídicas con medidas alternativas: conservar algunos gravámenes vigentes y promulgar un nuevo arancel global.
El fallo, respaldado por una mayoría de 6 a 3, concluyó que el Ejecutivo se extralimitó al fundamentar sus aranceles en poderes de emergencia, y subrayó que la Constitución asigna al Congreso la facultad tributaria. En respuesta pública, el mandatario defendió que mantendrá aranceles ya aplicados y que firmará una orden ejecutiva para imponer un gravamen del 10% amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, además de abrir nuevas investigaciones bajo la Sección 301.
Qué decidió el Tribunal y por qué importa
La resolución del Tribunal Supremo determinó que la invocación de la ley de poderes de emergencia de 1977 (conocida por sus siglas en inglés IEEPA) no habilita de forma amplia al presidente para imponer aranceles que funcionan como impuestos. El presidente del tribunal, John Roberts, razonó que la potestad tributaria pertenece al Legislativo, y que la Administración excedió sus competencias. Tres jueces —Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh— emitieron votos particulares en los que defendieron la legalidad de los gravámenes.
Implicaciones institucionales
Más allá del impacto económico, la sentencia plantea un choque entre poderes: establece límites sobre el uso ejecutivo de facultades que el Gobierno había empleado para reconfigurar relaciones comerciales. Si bien el fallo no resolvió de forma completa el destino de los ingresos recaudados por los aranceles, sí dejó en evidencia la necesidad de que el Ejecutivo busque soporte legislativo o mecanismos alternativos si pretende mantener medidas semejantes a largo plazo.
La reacción presidencial y las alternativas anunciadas
Frente a la derrota judicial, el presidente Trump criticó con dureza a los magistrados que votaron en contra y elogió a los disidentes, en especial a Brett Kavanaugh. En su comparecencia afirmó que «con efecto inmediato» los aranceles basados en la Sección 232 (seguridad nacional) y los existentes bajo la Sección 301 permanecen «plenamente vigentes», y anunció que firmará una orden para aplicar un arancel global del 10% bajo la Sección 122 —un instrumento que permite gravámenes temporales de hasta el 15% por 150 días— con la intención de dar continuidad a su política económica.
Vías legales y administrativas
La Sección 122 ofrece una ventana temporal: proporciona autoridad ejecutiva por un periodo limitado mientras el Gobierno busca apoyo en el Congreso. Los juristas señalan, sin embargo, que estas maniobras traducen tensiones sobre la separación de poderes y que el resultado podría depender de litigios adicionales o de la aprobación legislativa. La Casa Blanca también anunció el inicio de nuevas investigaciones bajo la Sección 301 para identificar prácticas comerciales desleales y justificar gravámenes sectoriales.
Impacto económico y el debate sobre la devolución de fondos
En la práctica, la sentencia abre interrogantes sobre el destino de los ingresos recaudados por los aranceles: distintas estimaciones sitúan esa cifra entre 150.000 y 240.000 millones de dólares recaudados en el último año. La administración indicó que cualquier posible devolución o compensación por pagos considerados ilegales requerirá litigios y decisiones futuras, lo que añade incertidumbre para importadores, empresas y socios comerciales.
El episodio tiene además una dimensión política: el presidente usó la comparecencia para reafirmar su narrativa sobre seguridad económica e inmigración, y para prometer que explorará «alternativas poderosas» que, según él, garantizarán los intereses del país. Para la comunidad internacional y el Congreso, la decisión del Supremo obliga a reabrir el debate sobre qué herramientas son legítimas y cómo deben aprobarse las cargas arancelarias en tiempos de paz.
