Trump arremete contra el Tribunal Supremo tras la anulación de la mayoría de sus aranceles y activa alternativas legales, incluido un arancel global del 10% y nuevas investigaciones comerciales
La decisión del Tribunal Supremo que dejó sin efecto buena parte de los aranceles impuestos por la Administración provocó una reacción inmediata y airada del presidente. En una comparecencia pública, el mandatario calificó el fallo como profundamente decepcionante y expresó su vergüenza hacia algunos magistrados, a los que atacó con términos descalificadores.
Ante ese revés jurídico, anunció que recurrirá a otras vías jurídicas y administrativas para mantener medidas proteccionistas y reclamó que el resultado no solo afecta a su política, sino a la estrategia económica del país.
Además de criticar la fundamentación de la sentencia, el presidente prometió medidas inmediatas: firmaría una orden para imponer un arancel global del 10% con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y activaría investigaciones bajo la Sección 301 y otras disposiciones.
La respuesta oficial busca reemplazar las tasas anuladas y garantizar que el Ejecutivo pueda seguir presionando en materia comercial mientras anticipa litigios prolongados sobre el dinero recaudado y la legitimidad de estos instrumentos.
Qué decidió el Tribunal Supremo y por qué preocupa a la Administración
La Corte, con una mayoría de 6 a 3, invalidó los gravámenes que la Casa Blanca había impuesto amparándose en la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), al considerar que el procedimiento empleado excedía las facultades que esa norma confiere sin la autorización del Congreso. Los tribunales inferiores ya habían cuestionado la validez de esos aranceles, pero la Administración logró que siguieran vigentes cautelarmente mientras se elevaba la causa al Supremo. El fallo sitúa límites claros a la capacidad ejecutiva para fijar tasas arancelarias por vía administrativa sin respaldo legislativo explícito.
La respuesta presidencial: medidas alternativas y críticas públicas
Ante la anulación, el presidente lanzó un paquete de respuesta que incluye la citada orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, que permite gravar importaciones temporalmente hasta un 15% durante un máximo de 150 días. También anunció la apertura de investigaciones según la Sección 301 y el uso de otras leyes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Ley de Comercio de 1974, para justificar gravámenes adicionales. La Casa Blanca insiste en que estas alternativas, aunque más complejas, podrían resultar incluso más potentes y duraderas.
Limitaciones legales y horizonte judicial
Especialistas legales recuerdan que la Sección 122 es rara vez utilizada y presenta plazos y condiciones estrictas; su aplicación temporal obliga a tramitar procesos adicionales si se quiere extender la medida. A ello se suma la posibilidad de que el dinero recaudado bajo aranceles declarados ilegales sea objeto de reclamación y devoluciones en litigios sucesivos: el presidente mismo anticipó años de batallas judiciales sobre esos fondos. En la práctica, la Administración tendrá que combinar acciones ejecutivas con estrategias legislativas y defensas en tribunales.
El tono político: acusaciones y narrativa sobre la influencia extranjera
El presidente no se limitó a exponer pasos técnicos: cargó contra los jueces y sostuvo que intereses foráneos y alianzas políticas habrían influido en la decisión. Señaló que, paradójicamente, la sentencia reconoce poderes ejecutivos amplios —como prohibir comercio o imponer embargos—, pero le impide cobrar siquiera un dólar en concepto de arancel bajo la IEEPA: «puedo destruir un país pero no puedo cobrarles un dólar», sintetizó en términos provocadores. Ese argumento buscó subrayar, desde su perspectiva, una incoherencia normativa que, a su juicio, debe corregirse mediante otras vías legales.
Impacto económico y político
El revés afecta la herramienta central de presión exterior que la Administración ha empleado con frecuencia frente a socios, rivales y socios comerciales. Los aranceles anulados incluían gravámenes de referencia del 10%, con topes de hasta el 41% para determinados países y productos, además de suplementos sobre importaciones ligadas a preocupaciones específicas como la crisis del fentanilo. La anulación obliga ahora a replantear la estrategia comercial y anticipa un periodo de incertidumbre sobre ingresos aduaneros y relaciones internacionales.
En síntesis, la sentencia del Supremo marca un freno jurídico relevante pero abre la puerta a nuevas maniobras ejecutivas y a un prolongado frente judicial. La Administración ha dejado claro que recurrirá a todas las herramientas que considere disponibles para sostener su política proteccionista, al tiempo que prepara la defensa de sus decisiones en tribunales inferiores y ante la opinión pública.
