El Tribunal Supremo limita la autoridad presidencial para imponer aranceles bajo la IEEPA; el presidente Trump anuncia un nuevo gravamen del 10% apoyado en la sección 122, mientras crecen las dudas sobre posibles reembolsos y el impacto económico
El 20 de febrero de el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que el uso de la IEEPA para imponer aranceles generalizados excede la autoridad presidencial. La sentencia, adoptada por una mayoría de seis a tres, anuló la mayor parte de los gravámenes que la Casa Blanca había aplicado alegando una emergencia económica.
La resolución encendió una reacción inmediata desde la Administración, los mercados y empresas afectadas.
En respuesta al fallo, el presidente Donald Trump firmó el mismo día una orden ejecutiva que establece un arancel global del 10% fundado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
La maniobra busca preservar una herramienta arancelaria temporal mientras persisten las disputas legales sobre la validez de los impuestos anteriores y sobre la obligación de devolver fondos recaudados.
Qué dijo el fallo y por qué importa
El fallo señala que la IEEPA, concebida como una herramienta para emergencias, no contiene una autorización clara y amplia para que el presidente imponga aranceles de alcance ilimitado. El jefe del tribunal explicó que, ante una pretensión de poder tan extensa, se requiere una autorización explícita del Congreso. Esa lectura constitucional limita el uso ejecutivo de una ley que, hasta ahora, se había empleado sobre todo para sanciones y bloqueos financieros.
Implicaciones legales y políticas
La decisión vulnera la principal justificación jurídica de los gravámenes promovidos por la Casa Blanca y deja sin base la mayoría de los aranceles globales. Además, abre la puerta a demandas por parte de empresas y gobiernos extranjeros con derecho a reclamar reembolsos por importaciones gravadas desde abril del año anterior. Analistas calculan que la cifra en disputa alcanza, al menos, los 240.000 millones de dólares recaudados, con estimaciones del Tesoro que cifran en torno a 120.000 millones la cantidad que podría corresponder devolver.
La respuesta de la Casa Blanca: sección 122 y una nueva estrategia
Ante la anulación de la IEEPA como fundamento para los gravámenes, la Administración recurrió a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esa disposición permite imponer medidas temporales tras una investigación que determine riesgos para la seguridad o prácticas comerciales desleales, y suele tener duración limitada. La orden ejecutiva del 10% se apoya en ese mecanismo, aunque expertos advierten que su uso masivo y universal plantea dudas jurídicas adicionales.
Excepciones y limitaciones
La nueva tarifa incluye exenciones específicas: materias primas no disponibles en cantidad suficiente en Estados Unidos, ciertos vehículos de pasajeros y de carga ligera y algunos componentes aeronáuticos. Sin embargo, la eficacia práctica de la sección 122 para recrear el antiguo esquema de aranceles universales es discutible, porque normalmente requiere procesos investigativos y está pensada para sectores concretos.
Economía, mercados y el debate sobre reembolsos
La sentencia tuvo impacto inmediato en los mercados: el Dow Jones subió tras conocerse la decisión, reacción que refleja el alivio de algunos inversores ante la reducción de incertidumbre legal y comercial. Por otro lado, la posibilidad de tener que devolver decenas de miles de millones genera tensión en el Gobierno. El Supremo no especificó cómo procederán las devoluciones, lo que aumenta la probabilidad de litigios prolongados; la Casa Blanca anticipó años de batalla judicial.
Empresas importadoras y federaciones comerciales celebraron la resolución como un alivio. Organizaciones como la Federación Nacional de Minoristas señalaron que el fallo ofrece certidumbre y que las devoluciones potenciales permitirían a las compañías reinvertir en empleo y operaciones. Sin embargo, directivos advierten que no confían en que el Ejecutivo facilite el reembolso. Abogados especializados y demandantes ya han contratado representación para reclamar sus derechos.
Reacciones políticas y consecuencias internacionales
En Washington, legisladores de ambos bandos interpretaron el fallo como un refuerzo del papel del Congreso en materia arancelaria. Algunos republicanos contrarios a los gravámenes celebraron la resolución en privado, aunque evitaron confrontar en público al presidente. Desde el ámbito internacional, la decisión pone en cuestión la política comercial que había afectado a numerosas naciones y podría desencadenar reclamaciones multilaterales por montos significativos.
El veredicto coincide con señales de enfriamiento económico: el crecimiento se desaceleró en el último trimestre, lo que añade un factor de fragilidad al escenario político y comercial.
