Trump anuncia que incrementa del 10% al 15% el arancel global tras la anulación de sus gravámenes por el Tribunal Supremo y activa otras órdenes ejecutivas para restringir importaciones y lanzar investigaciones comerciales
En reacción al fallo del Tribunal Supremo que dejó sin base legal sus aranceles previos, el presidente de Estados Unidos ha elevado el tipo del arancel global que había decretado 24 horas antes. Con un comunicado público en su plataforma, el mandatario justificó el cambio apelando a una revisión jurídica y anunció que el gravamen pasa del 10% inicial a un 15%, dentro de las posibilidades que ofrece la normativa comercial estadounidense.
Esta decisión no es aislada: forma parte de un paquete de medidas ejecutivas que incluye la suspensión de exenciones para envíos de bajo valor y la orden de iniciar investigaciones por prácticas comerciales desleales. Las maniobras buscan preservar el efecto disuasorio de la política arancelaria mientras la Administración navega por los límites impuestos por el fallo judicial.
Fundamento legal y límites del nuevo arancel
Para reemplazar los gravámenes anulados por el Supremo, la Casa Blanca invoca la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esa norma autoriza al presidente a imponer aranceles temporales frente a «problemas fundamentales de balanza de pagos» que requieran restringir importaciones. En la práctica, la sección 122 permite fijar hasta un 15% ad valorem por un máximo de 150 días, con la posibilidad de que el Congreso decida prolongarlos o convertirlos en ley.
Restricciones y consecuencias políticas
El propio diseño legal impone condiciones que complican la travesía del Ejecutivo: cualquier prórroga o conversión en norma necesita la aprobación del Congreso, un trámite que puede resultar costoso políticamente en año electoral. Legisladores preocupados por la reelección y por la reacción de sus votantes podrían resistirse a respaldar medidas que aumenten precios al consumidor o afecten cadenas de suministro locales.
Otras órdenes ejecutivas: minimis y investigaciones
Paralelamente al ajuste del tipo arancelario, la Administración ha mantenido la suspensión de la exención del sistema de minimis, lo que implica que millones de pequeños envíos —con valor inferior al umbral establecido— dejarán de estar exentos y pasarán a tributar. Esta modificación incide particularmente en paquetes de bajo precio que provienen por ejemplo de plataformas de comercio electrónico internacionales.
Sección 301 y mecanismo de investigación
Además, se ha mandado a la Oficina del Representante Comercial (USTR) que active investigaciones en virtud de la Sección 301 contra prácticas que obstruyen el comercio estadounidense. Ese procedimiento exige pesquisas y periodos de consulta con gobiernos afectados, por lo que cualquier arancel resultante no se impone de forma inmediata y suele venir precedido de alegaciones y respuestas diplomáticas.
Exenciones y alcance sectorial
La proclama presidencial que acompaña al arancel global contempla una lista de excepciones orientadas a proteger sectores críticos de la economía nacional. Entre los bienes excluidos figuran ciertos minerales críticos, productos energéticos, fertilizantes y artículos agrícolas como carne de vacuno, tomate, café y cítricos, además de productos farmacéuticos, electrónica y equipos del transporte pesado. Estas exenciones buscan minimizar efectos adversos sobre la producción interna y el suministro de bienes esenciales.
Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene vigentes otros gravámenes adoptados con fundamento en normas diferentes, como el artículo 232 para aranceles vinculados a la seguridad nacional (por ejemplo, acero y aluminio) o medidas sectoriales que se basan en investigaciones específicas del Departamento de Comercio.
Impacto económico y panorama legal
El aumento del arancel al 15% es una respuesta rápida al revés judicial, pero no elimina la incertidumbre: existen demandas en curso y empresas que buscan recuperaciones de import duties previamente cobrados. La cifra recaudada hasta la anulación por parte del Tribunal era materialmente relevante para las arcas públicas, y ahora el Ejecutivo intenta mantener cierto flujo de ingresos y presión comercial con instrumentos alternativos contemplados en la legislación.
En términos prácticos, la medida tendrá efectos mixtos: por un lado, pretende proteger industrias y presionar a socios comerciales; por otro, puede traducirse en mayores costes para consumidores y empresas que dependen de importaciones. El verdadero alcance dependerá de la implementación concreta, de las exenciones que se apliquen y de la capacidad del Congreso y de los tribunales para modificar, aprobar o tumbar las iniciativas del Ejecutivo.
