Recuento de las conversaciones, las llamadas y las decisiones que, la noche del 23-F de 1981, mantuvieron a España en el marco de la constitución y evitaron la consolidación del golpe
La irrupción armada en el Congreso durante la votación del 23 de febrero de 1981 precipitó una serie de reacciones que, desde despachos y calles, configuraron una defensa de la legalidad. Aquella tarde y noche, cuando los guardias civiles entraron en el hemiciclo y se oyeron disparos, surgió de inmediato la necesidad de articular una respuesta desde los poderes del Estado y desde las instituciones mediáticas.
Este texto reconstruye, con detalle y rigor, las decisiones tomadas por subsecretarios, responsables de la televisión pública, mandos policiales y políticos que no estaban secuestrados, mostrando cómo se trazó una estrategia para preservar la democracia.
La reacción institucional: una comisión de emergencia
Ante el vacío de poder provocado por el encierro de ministros y dirigentes, los segundos al frente de cada cartera se reunieron y constituyeron una comisión de subsecretarios que actuó como gobierno provisional. Francisco Laína, entonces presidente de la comisión, fue clave en las conversaciones con los golpistas y con las fuerzas que podían restablecer el orden. La iniciativa buscó asumir responsabilidades administrativas y coordinar la comunicación hacia el exterior para evitar decisiones precipitadas.
Decisiones operativas y llamadas decisivas
Desde la sede del Ministerio del Interior se plantearon opciones que iban desde una intervención policial para asaltar el Congreso hasta tácticas de negociación con los asaltantes. Se redactó un manifiesto oficial que posteriormente se ofreció a partidos y a la Casa Real. La comisión priorizó actuar como órgano colegiado y consultó a expertos —incluso a un psicólogo— para prever la evolución emocional de quienes tenían tomadas las instituciones.
La batalla por la comunicación: RTVE y el mensaje que cambió la noche
En paralelo, la ocupación parcial de las instalaciones de Radiotelevisión Española puso en riesgo la capacidad de informar y de contrarrestar la propaganda golpista. El director de RTVE ocultó material y gestionó con cautela el acceso de personal para preparar un mensaje que, finalmente, sería determinante. El control de la emisión se convirtió en un frente crucial: mantener la señal de la legalidad y evitar proclamas que legitimaran el asalto.
El papel del equipo de televisión
Periodistas y técnicos trabajaron bajo presión para grabar y entregar un mensaje que representara la voz de la institución legítima. Fue necesario sortear la presencia de militares armados en los estudios y coordinar rutas alternativas para el traslado de las cintas. La emisión acabó por consolidar la percepción pública de que las autoridades constitucionales seguían vigentes.
Actores y emociones: miedo, coraje y responsabilidad
Dentro del Congreso, diputados, secretarios y personalidades vivieron momentos de pánico cuando se produjeron disparos y amenazas. Relatos de quienes estuvieron la noche del 23-F recogen sensaciones de temor ante la posibilidad de violencia extrema, pero también la determinación de no ceder ante la coacción. En la calle, fuerzas policiales y mandos de la Guardia Civil debatían qué opción era menos arriesgada: la intervención directa o esperar a que la presión política y mediática obrar a favor de la normalidad.
El contexto político de entonces amplificó la incertidumbre: existían tensiones entre sectores militares y civiles, recelos hacia la Corona y una división partidaria que condicionó la rapidez con la que se apoyaron las decisiones del gobierno provisional. No obstante, la coordinación entre subsecretarios, la cautela en RTVE y la eventual postura pública de autoridades clave lograron frenar la eficacia del golpe.
Lecciones y determinantes del desenlace
La experiencia del 23-F muestra cómo la defensa de la democracia puede pasar por medidas tácticas, una comunicación estratégica y la lealtad institucional. La formación de un gobierno provisional compuesto por subsecretarios no fue solo un gesto simbólico: permitió administrar la respuesta administrativa, establecer contactos con líderes políticos y con la Casa Real, y preparar el manifiesto que se ofreció como marco de legitimidad.
Entre los elementos decisivos estuvieron la rápida movilización de responsables civiles, la protección y maniobra en los medios públicos y la conducta de actores que optaron por apoyar la Constitución. Aquella noche no solo se evitó una ruptura del orden legal por la fuerza; se demostró que la combinación de prudencia, comunicación y firmeza puede refrendar el sistema constitucional frente a intentos de tomar el poder por la violencia.
Hoy, el recuerdo del 23 de febrero de 1981 sirve como recordatorio de la fragilidad de las instituciones frente a la presión armada y de la importancia de la coordinación entre poderes, medios y sociedad para preservar la democracia.
