El Ejecutivo anuncia la apertura de fondos relacionados con el 23-F de 1981 para saldar una deuda histórica, pero permanecen cerrados sumarios, el Informe Jáudenes y escuchas que podrían aclarar responsabilidades
En el marco del aniversario del 23-F, el presidente del Gobierno ha comunicado que el Ejecutivo procederá a la desclasificación de documentos vinculados al intento de golpe perpetrado en 1981 por Antonio Tejero. El anuncio, difundido a través de un mensaje en X, subraya que la memoria pública no puede permanecer «bajo llave» y define la medida como un paso para «saldar una deuda histórica con la ciudadanía».
Según fuentes de la Moncloa, la decisión se formalizará con su publicación en el Boletín Oficial del Estado y los documentos quedarán accesibles en la web oficial a partir del miércoles 25.
La medida llega en paralelo a otras iniciativas de recuerdo público: el Gobierno ya ha reconocido las grandes manifestaciones de febrero de 1981 como un lugar inmaterial de memoria democrática, y prepara actuaciones de señalización y difusión.
Sin embargo, el anuncio público convive con la realidad de que varios bloques documentales esenciales siguen custodiados bajo régimen de secreto, lo que plantea un contraste entre la conmemoración en la calle y el mantenimiento del secreto sobre los archivos institucionales.
Qué fondos están implicados y por qué importan
El grueso de la documentación relevante se concentra en dos grandes depósitos: por un lado, el sumario judicial del proceso militar, custodiado en el depósito acorazado del Tribunal Supremo y compuesto por 89 legajos que incluyen la causa original, recursos, expedientes y grabaciones; por otro, los fondos del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), antecedente del actual CNI, que permanecen en archivos de acceso restringido. Estos conjuntos no solo contienen expedientes; guardan materiales —cintas, escuchas, informes técnicos— que podrían aportar claves sobre decisiones y responsabilidades durante las horas críticas de febrero de 1981.
El informe Jáudenes y otras piezas sensibles
Entre los documentos más controvertidos figura el denominado Informe Jáudenes, elaborado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, que describe la creación de una unidad del Cesid con capacidad para prestar apoyo logístico y técnico a la acción de Tejero. También permanecen fuera del alcance público las escuchas telefónicas y las comunicaciones interceptadas entre la Zarzuela, La Moncloa y las capitanías generales, materiales que podrían aclarar quién sabía qué, cuándo y con qué precisión. La existencia de estos archivos alimenta interrogantes sobre la implicación institucional y la posible existencia de piezas documentales que hoy no forman parte del relato público.
Marco legal y límites de la apertura
El acceso a estos fondos se rige actualmente por la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una normativa que no fija plazos de desclasificación automática y permite que la información permanezca clasificada hasta que el Consejo de Ministros decida lo contrario. En su momento, el Tribunal Supremo estableció condiciones temporales que, en la práctica, podrían prolongar el secreto hasta 2031 si se aplicaran ciertos criterios, aunque la nueva legislación en trámite promete cambiar ese marco.
La nueva ley de información clasificada
El Gobierno remitió un proyecto de ley al Congreso para sustituir la norma franquista y establecer plazos automáticos de desclasificación: 45 años para documentos de alto secreto, 35 para secreto, y plazos más cortos para categorías inferiores. Según estimaciones del Ejecutivo, si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la norma podría entrar en vigor a finales de 2026 y facilitar la apertura de expedientes vinculados a 1981. No obstante, la propia redacción permite excepciones para documentos que afecten a la seguridad nacional, lo que deja un margen para mantener ciertos archivos cerrados por motivos de defensa.
Reacciones, incógnitas y el estado de la investigación histórica
El anuncio ha generado reacciones encontradas: desde quienes celebran la transparencia hasta voces escépticas que recuerdan que la desclasificación puede ser parcial y sujeta a reservas. Historiadores y periodistas subrayan además un problema práctico: no existe un dosier único que aglutine toda la información del 23-F; los fondos están dispersos en distintas instituciones y muchos registros están custodiados en términos que dificultan el acceso. Esta dispersión complica la reconstrucción completa de los hechos y deja abiertas cuestiones sobre el papel del rey Juan Carlos I, la dimensión de la llamada «Operación Armada» y la participación de mandos que fueron posteriormente absueltos.
Parte de la clave estará en la calidad y el alcance de lo que finalmente se publique en el BOE, en las decisiones de clasificación que adopte el Consejo de Ministros y en el resultado de la reforma legislativa. Mientras tanto, la memoria pública —las manifestaciones, las placas y los relatos— seguirá conviviendo con el archivo que queda aún bajo llave.
