El anuncio de desclasificar los archivos del 23-F, coincidiendo con el 45 aniversario, ha provocado reacciones desde el PNV, IU, ERC y Junts, mientras el PP lo tilda de cortina de humo y el PSOE lo defiende como un gesto democrático
La decisión del Gobierno de hacer públicos los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F, anunciada con motivo del 45 aniversario, ha vuelto a colocar sobre la mesa la gestión de los archivos clasificados y la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
El Ejecutivo ha comunicado que parte de la documentación se publicará tras su aprobación en Consejo de Ministros y que los papeles estarán accesibles en la web institucional, con referencias al sumario del juicio y a archivos del antiguo CESID.
La medida, simbólica para muchos, ha desatado tanto elogios como críticas entre las distintas fuerzas políticas.
Reacciones y reclamaciones de los partidos nacionales
La respuesta política fue inmediata y diversa. El PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, celebró la apertura pero instó a no quedarse en este único paso: pidió que se desclasifiquen también expedientes como el caso Zabalza y los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz, reclamando “memoria con todo”. La formación vasca recuerda que lleva años promoviendo la reforma de la normativa y que ha registrado iniciativas desde 2016 para actualizar los criterios de clasificación. Para el PNV, si el Consejo de Ministros tiene potestad para identificar documentos secretos, también debería tenerla para revertir esa condición cuando proceda.
Críticas desde la izquierda y exigencia de un cambio legal
Desde la izquierda, Izquierda Unida valoró la medida como positiva pero insuficiente. Antonio Maíllo, coordinador general, subrayó que lo esencial no es únicamente sacar a la luz un expediente concreto, sino sustituir de forma definitiva la ley heredada del franquismo por una norma moderna sobre información clasificada. En la misma línea, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, enmarcó la desclasificación en la defensa de la democracia y la memoria, aunque evitó calificar el alcance técnico de los archivos. Para estos grupos, la actuación del Ejecutivo debe complementarse con una reforma legislativa que garantice acceso y transparencia de manera estructural.
Independentes catalanes: arqueología política y las «cloacas»
Las formaciones catalanas también aprovecharon el anuncio para ampliar la demanda de documentos. Jordi Turull, secretario general de Junts, afirmó que la apertura del 23-F será útil para la «arqueología política», pero reclamó la desclasificación de todos los papeles relacionados con las llamadas cloacas del Estado, los presuntos espionajes y los expedientes vinculados a atentados como el del 17 de agosto. Turull lamentó la costumbre del Estado de retener información y advirtió que la revelación de estos documentos podría resultar incómoda para algunos sectores.
ERC y escepticismo sobre las motivaciones
Elisenda Alamany, de Esquerra Republicana, recibió la noticia con escepticismo: aunque reconoció que la medida será bien recibida, dudó de la intención política del Ejecutivo y la enmarcó como una iniciativa que podría servir para desviar la atención de problemas de gestión. Para ERC, el anuncio refleja una democratización incompleta donde, según su diagnóstico, todavía hay influencias judiciales y estructuras opacas que limitan el acceso a la verdad.
Las voces del PP y la defensa del PSOE
El Partido Popular reaccionó con dureza: su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la desclasificación como una «cortina de humo» destinada a distraer de lo que definió como un contexto de colapso. Frente a esa lectura, el PSOE defendió la iniciativa como un paso relevante para la democracia. Montse Mínguez, portavoz socialista, respondió con ironía a las críticas del PP y sostuvo que abrir archivos es un gesto que debe apreciarse desde la defensa de los valores democráticos, aunque reconoció que sacar a la luz papeles trae aparejada la incomodidad de la verdad.
Alcance judicial y documental
Entre los documentos que se anuncia serán desclasificados figuran el sumario completo del juicio, múltiples legajos con grabaciones y declaraciones, y transcripciones de comunicaciones internas de aquel dispositivo de Estado. No obstante, la revelación de esos materiales no equivale a la derogación automática de la normativa que permite la clasificación prolongada de expedientes. Expertos y partidos insisten en que la publicación puntual debe acompañarse de una reforma que regule de forma clara y moderna los criterios de clasificación y los mecanismos de acceso ciudadano.
La tensión entre gesto simbólico y reforma estructural seguirá marcando el debate político en las próximas semanas.
