El PP ha elaborado un texto marco para regular negociaciones con Vox, subrayando la identidad propia del partido, la condena de toda violencia y la exigencia de estabilidad presupuestaria e institucional
El Partido Popular ha impulsado un documento marco con el fin de articular sus alianzas con Vox en las comunidades autónomas y ofrecer mayor estabilidad institucional. El texto parte de la premisa de que el PP mantiene una identidad política propia y que las coaliciones no deben diluir esa singularidad, aunque sí se exige priorizar el interés general sobre las diferencias tácticas entre formaciones.
En ese sentido, la propuesta plantea un sistema de negociación basado en el diálogo y el consenso para evitar lo que el partido describe como dinámicas de chantaje que, según sus autores, han caracterizado la política reciente. El documento también establece criterios concretos sobre materias sensibles como la violencia de género, la inmigración, la fiscalidad y el respeto a las competencias autonómicas.
Condiciones éticas y seguridad jurídica
Uno de los pilares del marco es la condena inequívoca de todas las formas de violencia. El texto aclara que cualquier pacto deberá incluir una cláusula que rechace expresamente la violencia política, terrorista, machista, doméstica o de otra índole, y que esas conductas se combatirán con los recursos disponibles. Al mismo tiempo, el documento recomienda eliminar partidas presupuestarias que hayan demostrado ser ineficaces o contradictorias con esos fines.
También se reclama el respeto al estado de Derecho y a la figura del jefe del Estado, marcando límites frente a intentos de deslegitimación. En la práctica, el marco exige que los acuerdos se ciñan a las medidas que cada administración puede adoptar legalmente, subrayando el principio de respeto competencial para evitar extralimitaciones que puedan derivar en conflictos judiciales o políticos.
Temas materiales: inmigración, campo y economía
En el plano práctico, el texto aborda políticas que suelen generar disputas en las negociaciones. En materia migratoria, el PP critica las regularizaciones masivas que interpreta como una transformación de la irregularidad en derecho, y defiende un control riguroso de fronteras, la ejecución de expulsiones cuando proceda y la coordinación con las comunidades autónomas para compartir responsabilidades y efectos de las decisiones.
Asimismo, el documento menciona la necesidad de combatir la burocracia, revisar la fiscalidad para estimular la actividad económica y proteger el sector agrario. En relación con las políticas climáticas, plantea la preocupación de que determinadas medidas puedan tener efectos negativos sobre el empleo rural y pide equilibrar la transición ecológica con la protección del tejido productivo local.
Vivienda y ocupación
Otro eje recogido en el marco es la vivienda: se busca una respuesta que combine oferta, regulación y coordinación competente para frenar la ocupación ilegal y mejorar el acceso a la vivienda. El PP propone que los acuerdos incluyan compromisos presupuestarios y mecanismos de seguimiento para verificar resultados concretos.
Estabilidad presupuestaria y responsabilidad compartida
Un segundo bloque central del documento remarca la necesidad de garantizar la estabilidad financiera de los gobiernos autonómicos. El PP establece que los socios de gobierno responderán solidaria y colegiadamente por las decisiones adoptadas y por su impacto presupuestario, con el objetivo explícito de evitar chantajes parlamentarios y fragmentaciones que bloqueen la acción pública.
Para materializar ese compromiso, el marco propone la aprobación de varios presupuestos como prueba de continuidad y un método de seguimiento que permita evaluar el cumplimiento del pacto, con informes periódicos y mecanismos de evaluación compartida entre las partes.
Método y seguimiento
El documento apuesta por un procedimiento negociador con reglas claras: mesas de diálogo, compromisos por escrito y cláusulas de seguimiento para evitar ambigüedades. La intención es que las conversaciones incluyan también acuerdos presupuestarios y no se limiten a pactos programáticos superficiales, con el fin de asegurar que las decisiones políticas se puedan ejecutar sin sorpresas ni bloqueos.
El objetivo político es facilitar la gobernabilidad frente a la fragmentación, aunque la aplicación práctica de estas reglas dependerá de la capacidad de cada dirección territorial y de la disposición de Vox a aceptar límites.
