Un mando policial ha llevado ante la Guardia Civil a José Ángel González, exdirector adjunto operativo, por presuntas coacciones y abuso de autoridad tras su ceses y traslado forzoso; el proceso coincide con la investigación por una querella por agresión sexual y con el nombramiento provisional de Gemma Barroso al frente operativa
Un comisario de la Policía Nacional ha formalizado esta semana una denuncia ante la Guardia Civil contra José Ángel González, quien hasta hace unos días ocupaba el puesto de director adjunto operativo (DAO). La presentación del escrito tuvo lugar en la Comandancia de Tres Cantos, en Madrid, y en él se atribuyen presuntos delitos de abuso de autoridad, coacciones y un delito contra la integridad moral.
Los hechos denunciados remiten a una actuación administrativa previa, en la que el denunciante asegura que fue obligado a aceptar un destino concreto tras su cese.
El conflicto que ha llevado a la interposición de la denuncia se enmarca en un periodo de fuerte atención pública sobre la cúpula operativa del cuerpo.
La denuncia del comisario se presenta poco después de la destitución de González como DAO, una decisión que se produjo tras la difusión de una querella por agresión sexual presentada por una subordinada. Mientras se suceden las investigaciones internas y externas, la subdirección de Recursos Humanos, Gemma Barroso, ocupa de forma interina la máxima responsabilidad operativa.
Contexto y relato de los hechos
Según las fuentes que conocen el contenido de la denuncia, los episodios que motivan el procedimiento ocurrieron en octubre de, cuando el comisario denunciante fue separado de su responsabilidad y trasladado de manera que él considera forzosa. En el escrito presentado en Tres Cantos, el mando acusa a González de ejercer presión para que aceptase un destino determinado, conducta que el denunciante califica de coacciones y que encajaría, a su juicio, en el tipo penal de delito contra la integridad moral. La acción legal pretende clarificar si las órdenes o gestiones para ese traslado incumplieron la normativa y vulneraron derechos profesionales y personales.
Repercusiones internas en la Policía Nacional
El caso llega en un momento de convulsión en la cúpula policial, tras la presentación de una querella por agresión sexual contra el ya exDAO por parte de una subordinada, que motivó su cese la semana anterior a la denuncia del comisario. Como consecuencia, la organización ha iniciado los trámites para designar a la persona que asumirá la máxima responsabilidad operativa, mientras que de forma provisional esa función la desempeña la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso. La situación ha generado interrogantes sobre la gestión interna de los destinos, la protección de las víctimas y la transparencia en los procesos disciplinarios.
Implicaciones para la carrera profesional y la moral interna
La denuncia no solo afecta a quienes figuran en el expediente, sino que también pone en evidencia debates sobre la cultura organizativa dentro del cuerpo: cómo se adoptan los ceses, el uso de traslados forzosos y la existencia de mecanismos efectivos para denunciar presuntas irregularidades. Para muchos mandos y agentes, casos como este plantean dudas sobre la separación entre decisiones operativas legítimas y actuaciones que podrían constituir abuso de autoridad. La respuesta de la institución y de la jurisdicción competente será clave para marcar precedentes sobre la rendición de cuentas interna.
Trámite judicial y próximos pasos
La denuncia ha sido registrada en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, que ahora debe decidir sobre la apertura de diligencias para investigar los hechos. El procedimiento podría incluir la toma de declaraciones, la recopilación de documentación sobre los traslados y ceses, y la comprobación de comunicaciones oficiales relacionadas con el destino que se reclama se impuso al comisario. Paralelamente, la querella por agresión sexual que motivó el cese de González se mantiene como un proceso distinto pero vinculado desde el punto de vista institucional, ya que ambos casos inciden en la estabilidad de la dirección operativa.
Escenario institucional y expectativas
En las próximas semanas se espera que las fuerzas y órganos competentes aclaren responsabilidades: por un lado, la investigación penal o administrativa sobre las supuestas coacciones y, por otro, las pesquisas relacionadas con la querella por agresión sexual que precipitaron la salida del exDAO. La elección de la nueva persona al frente de la operativa será un paso relevante para recuperar normalidad en la gestión diaria, a la vez que la resolución judicial determinará si las acusaciones formuladas en la denuncia prosperan y requieren sanciones o medidas adicionales.
Este episodio sitúa en primer plano la necesidad de protocolos claros y mecanismos de protección dentro de las policías para evitar que decisiones de personal se traduzcan en vulneraciones de derechos. La investigación en marcha y las decisiones que adopten tanto la Guardia Civil como las autoridades judiciales y administrativas marcarán el desenlace de una situación con múltiples frentes y con impacto en la confianza interna y en la percepción pública del cuerpo.
