El pulso entre Javier Ortega Smith y la dirección de Vox, que ha suspendido cautelarmente a Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, amenaza con fracturar al grupo municipal de Madrid y podría derivar en la salida al Grupo Mixto si no se resuelve internamente
La crisis entre Javier Ortega Smith y la dirección de Vox se ha intensificado tras la suspensión cautelar de militancia que recae no solo sobre él sino también sobre dos de sus principales apoyos en el Ayuntamiento de Madrid. El choque se produce por la negativa de Ortega a ceder la portavocía municipal a Arantxa Cabello, decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y que ha forzado la intervención del Comité de Garantías.
Desde el inicio del conflicto la dirección nacional ha evitado entrar en descalificaciones públicas, mientras Ortega ha respondido con gestos visibles: exhibir su carné de afiliado —con el número 006— y anunciar que acudirá al pleno municipal como portavoz. La disputa tiene ramificaciones en el Ayuntamiento, en la organización interna del partido y en el Congreso, donde su futuro político también está en juego.
Origen y desarrollo del conflicto
El enfrentamiento arranca con la orden del CEN de sustituir a Ortega como portavoz municipal por Arantxa Cabello. Ortega se negó y, por tanto, fue suspendido cautelarmente de militancia. Posteriormente, la dirección emitió el mismo tipo de sanción contra Carla Toscano e Ignacio Ansaldo, ambos situados en el entorno más próximo del concejal rebelde. Ansaldo ostenta el carné número 1, dato que los protagonistas han usado para subrayar su trayectoria dentro de la formación.
Reacciones internas
Los líderes nacionales, entre ellos Santiago Abascal e Ignacio Garriga, han remitido la resolución final al Comité de Garantías, un órgano que debe evaluar el expediente disciplinario. Mientras tanto, desde la dirección se afirma que la desobediencia al CEN constituye una falta grave según los estatutos del partido. Ortega, por su parte, ha anunciado recursos internos y no descarta acudir a la jurisdicción ordinaria si considera vulnerados sus derechos.
Escenario municipal: votaciones, mayorías y convivencia
En el Ayuntamiento de Madrid la confrontación tiene un componente práctico inmediato: quién ejerce la portavocía en el pleno. Ortega ha asegurado que asistirá al pleno como representante de Vox porque no existe una petición formal para someter a votación su destitución por parte del grupo en el Consistorio. La realidad política es que el grupo está dividido, según fuentes que identifican dos bloques: el formado por Ortega, Toscano y Ansaldo, y el otro por Arantxa Cabello y Fernando Martínez.
Opciones y consecuencias para los concejales
Si el cisma se consolida, hay distintas salidas: que los ediles se declaren no adscritos, lo que implicaría pérdida de determinadas retribuciones; que se mantenga una coexistencia fría dentro de la misma bancada; o que finalmente la dirección logre imponer su criterio y reorganizar la portavocía. Desde el PP y el propio Ayuntamiento se han desvinculado de la gestión interna de Vox, condenando que sea el grupo municipal quien resuelva por consenso.
Impacto en el Congreso y en la dirección nacional
El conflicto local puede escalar al Congreso si Ortega no entrega la portavocía y mantiene su postura. En la Cámara Baja, la dirección de Vox tiene competencias para expulsar a un diputado del grupo parlamentario; sin embargo, la retirada del acta no es automática: Ortega conservaría el escaño y podría integrarse en el Grupo Mixto o renunciar a su acta, lo que abriría una vacante en la lista por Madrid.
Desde las relaciones de Ortega con la primera línea del partido se habían ido enfriando; su pérdida de responsabilidades en el hemiciclo ya era palpable. Aun así, su afinidad personal con el núcleo fundador del partido —incluida su cercanía con la familia de Santiago Abascal— ha sido un elemento que durante años mantuvo su posición dentro de la estructura.
Próximos pasos y posibles desenlaces
La resolución queda condicionada a la actuación del Comité de Garantías, que deberá dictaminar sobre la suspensión y, en su caso, la sanción definitiva. Si se confirma una suspensión prolongada, la dirección podría plantear la exclusión del partido o la expulsión del grupo municipal. Un desenlace abriría además la puerta a un eventual traslado de Ortega al Grupo Mixto, como ya ha ocurrido con otros diputados en pasadas rupturas partidarias.
Mientras tanto, la batalla simbólica continúa: Ortega cambió su imagen de perfil en redes sociales por una fotografía de época junto a Abascal y su padre, un gesto que subraya la tensión entre la memoria fundacional del proyecto y las decisiones actuales de la cúpula. El enfrentamiento, por tanto, combina elementos legales, de imagen y de poder interno, y su resolución marcará la hoja de ruta de Vox en Madrid y, muy posiblemente, su cohesión nacional.
