Empresas y gobiernos estatales multiplican las demandas para recuperar los aranceles anulados por el Tribunal Supremo; la administración responde con nuevas tasas y la disputa promete años de litigio
La decisión del Tribunal Supremo de anular ciertos gravámenes instaurados por la Casa Blanca ha desencadenado una oleada de demandas en busca de devolución de importes pagados. Grandes operadores logísticos, comercios y administraciones locales argumentan que los aranceles recaudados de forma previa carecían de base legal y, por tanto, deben ser reembolsados.
Mientras tanto, la administración ha reaccionado estableciendo una nueva carga impositiva mediante otra norma distinta, lo que complica aún más el panorama y anticipa recursos legales adicionales.
Los actores económicos afectados señalan que el impacto no solo ha sido directo sobre importadores, sino que se ha trasladado a consumidores y pequeñas empresas por el encarecimiento de insumos.
Las cifras disponibles muestran que ya se han recaudado miles de millones en concepto de estos gravámenes, y ahora las peticiones de devolución crecen tanto en volumen como en cuantía reclamada.
Los protagonistas de las demandas
Entre las empresas que han iniciado procedimientos destaca FedEx, que ha presentado una demanda solicitando la devolución íntegra de los aranceles que pagó como importador registrado. En su reclamación figura la Administración de Aduanas como demandada y se apoya en la resolución del Tribunal Supremo que consideró inapropiado el uso de la IEEPA como base para imponer esos gravámenes. Junto a FedEx, otras corporaciones —desde fabricantes hasta distribuidores— han interpuesto recursos similares, sumando ya más de mil demandas formales según diversas estimaciones.
Multiplicidad de reclamaciones y montos
Las presentaciones alcanzan cifras elevadas: distintos conteos hablan de más de 1.500 demandas en trámite y la recaudación previa asciende a cerca de 170.000 millones de dólares. Además, existen cálculos que sitúan en torno a 130.000 millones los ingresos adicionales generados por estos gravámenes desde su implantación. Estas cantidades explican la urgencia de empresas y autoridades locales por clarificar si procede la devolución total, parcial o ninguna devolución de esos importes.
Reacciones públicas y políticas
Gobernantes estatales se han sumado a la corriente de reclamaciones: la ejecutiva de un estado con peso económico ha exigido que su administración reciba un reembolso millonario para compensar el mayor coste soportado por los hogares y las pymes. La argumentación oficial plantea que esos aranceles actuaron como un impuesto regresivo que afectó al consumo local y dañó a comerciantes de pequeña escala. Además, gobernadores de otros estados han expresado posiciones semejantes, lo que convierte la disputa en un foco de tensión política, con actores estatales alineándose contra la postura federal.
Implicaciones electorales y legislativas
La cuestión de los aranceles ha trascendido el terreno económico y se ha convertido en un tema de debate legislativo y electoral. La sentencia del máximo tribunal obligó al Ejecutivo a buscar vías alternativas para sostener las tasas, lo que ha llevado a la promulgación de un nuevo arancel con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta maniobra ha sido recibida con escepticismo por parte de legisladores de distintos signos, que advierten sobre la posibilidad de que el Congreso no confirme esas medidas y sobre los efectos adversos en la economía doméstica.
Escenario jurídico: litigios y pasos siguientes
Tras la anulación de la base legal original, muchas causas piden que se reabran o que avancen al Tribunal de Comercio Internacional para resolver la cuestión de los reembolsos. El Gobierno, por su parte, ha indicado que podría oponerse al pago automático de las devoluciones, lo que implicaría litigios prologados que demorarían los reembolsos —si finalmente proceden— durante años. Expertos legales advierten que la falta de directrices claras por parte del Tribunal Supremo sobre el procedimiento de devolución crea incertidumbre y multiplicará los recursos en distintos foros.
En paralelo, la introducción de un nuevo arancel por otra base legal garantiza que la materia seguirá bajo control judicial y político durante un tiempo prolongado. Las empresas y los estados que reclaman devoluciones se preparan para batallas legales complejas mientras esperan definiciones sobre cómo se computarán y restituirán los montos ya ingresados.
