La jueza de Catarroja ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra Carlos Mazón por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2026; la decisión abre la puerta a su investigación pese a su condición de aforado
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado elevar una Exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación con la gestión de la dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2026.
La decisión supone el primer movimiento formal para investigar a Mazón mientras mantiene la condición de aforado al conservar su escaño en Les Corts.
La magistrada basa su escrito en varias pruebas y testimonios incorporados al sumario, entre ellos comunicaciones internas y grabaciones del Cecopi, que han alimentado la hipótesis de una omisión en la coordinación de la emergencia y un posible nexo causal con el elevado número de víctimas mortales.
Fundamentos de la exposición razonada
En la resolución remitida al TSJCV la juez cita, como elementos relevantes, la conversación registrada entre el entonces jefe de gabinete del presidente y la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, así como la dinámica de toma de decisiones en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). En uno de los mensajes que la instructora considera determinantes se lee la expresión «De confinar nada, Salo«, interpretada por la magistrada como de carácter imperativo cuando proviene de una persona con atribuciones de mando.
Además, la jueza cita precedentes judiciales, entre ellos el auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de octubre de 2026, que ya ponía el foco en la necesidad de aclarar el proceso deliberativo en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2026 y recordaba que el presidente de la Generalitat tiene funciones de dirección y coordinación recogidas en la normativa autonómica.
Pruebas acumuladas y testimonios clave
El sumario supera ya las 500 comparecencias de testigos y ha incorporado grabaciones, declaraciones parlamentarias y mensajes que contrastan con algunas versiones ofrecidas inicialmente. Entre los investigados figuran la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, mientras que la envolvente sobre Mazón ha crecido a medida que avanzaba la instrucción.
Contradicciones y mensajes
Testigos como el subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior aportaron criterios sobre sistemas de alerta como Es-Alert, que según declaró era conocido y operativo, mientras que la exconsellera llegó a afirmar inicialmente desconocer su manejo. Las grabaciones del Cecopi muestran a Pradas participando en la redacción de mensajes y reclamando la inclusión de canales de comunicación concretos, lo que matiza la versión de que los técnicos actuaron de forma exclusiva.
Presencia del presidente y llamadas
La instructora destaca también el reducido intercambio de llamadas y la corta duración de las mismas que Mantuvo Mazón desde el restaurante donde se encontraba, elementos que considera indicios relevantes de una pasividad que pudo influir en el resultado final. La juez considera que la ausencia física y la limitada intervención telefónica pueden calificarse como negligencia grave si se vinculan al deber de coordinar la respuesta institucional.
Qué puede decidir el TSJCV
Con la exposición razonada en su mesa, la Sala del TSJCV tiene ante sí tres vías principales: rechazar la admisión por falta de indicios y devolver la causa a Catarroja; aceptar la exposición y asumir la investigación, lo que implicaría que el TSJ instruya el procedimiento contra Mazón; o devolver la instrucción a la juez para que complete más diligencias antes de pronunciarse sobre la imputación.
Cualquiera de esas alternativas condicionará el ritmo del proceso. Si el TSJCV admite la investigación, la competencia se transferiría al alto tribunal autonómico y se abriría la vía formal para que el expresidente quede investigado.
Reacciones políticas y peso simbólico
La decisión generó respuestas inmediatas en el ámbito político. La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, expresó que al PP se le acaban las excusas para proteger a Mazón y reclamó la asunción de responsabilidades. Desde el PSOE, el portavoz Patxi López afirmó que este paso es necesario para que «alguien asuma la responsabilidad que no ejerció».
Voceros de otros grupos, como Compromís y Unidas Podemos, celebraron igualmente la elevación de la exposición razonada y demandaron que la investigación determine responsabilidades y repare a las víctimas. En paralelo, en el ámbito gubernamental se produjeron comentarios críticos sobre la continuidad de Mazón como diputado y la protección política que su condición de aforado le otorga.
Conclusión: rumbo incierto pero decisivo
La remisión de la exposición razonada al TSJCV no resuelve las incógnitas del caso, pero sí abre un nuevo tramo procesal de gran calado institucional. La Sala deberá valorar si la documentación y los testimonios aportados permiten imputar a un expresidente por su actuación en una emergencia que costó 230 vidas, o si por el contrario se precisan más diligencias para esclarecer el grado de responsabilidad. En cualquier escenario, el proceso marcará un antes y un después en la evaluación judicial de la gestión de crisis autonómicas.
