Un resumen del asalto del 23 de febrero de 1981 que recoge las preparaciones, las disputas entre Tejero, Milans y Armada y las sentencias del juicio militar
El asalto al Congreso ocurrido el 23 de febrero de 1981 permanece como un episodio decisivo en la reciente historia de España. La jornada combinó operativos planificados, conversaciones tensas entre los implicados y una larga instrucción judicial que arrojó luz sobre motivaciones, errores y alianzas rotas.
Este texto sintetiza los interrogatorios, los choques personales y las sanciones que se impusieron tras el intento de golpe.
Las declaraciones recopiladas en el sumario y las sesiones del juicio permiten reconstruir tanto la logística empleada como las discrepancias entre los líderes del levantamiento.
En los interrogatorios aparecen detalles sobre adquisiciones, comunicaciones telefónicas y el modo en que cada protagonista justificó su actuación ante la justicia militar.
Preparativos y logística del asalto
Según las declaraciones, la operación se diseñó con antelación: se tomaron fotografías del Congreso, se recabó información sobre medidas de seguridad y se coordinó el despliegue de fuerzas. El teniente coronel Antonio Tejero admitió haber comprado varios autocares y prendas para camuflar a los guardias civiles que participaron, explicando que el dinero provenía de fondos familiares. En su relato figura la compra de seis autobuses y la utilización de vehículos de tercera mano para trasladar a los efectivos hacia el hemiciclo.
Reclutamiento y adiestramiento
El grupo seleccionado incluía en su mayoría agentes jóvenes de tráfico y talleres de la Guardia Civil, elegidos por su facilidad de localización. Fueron formados en un parque automovilístico y trasladados al Congreso en los autobuses mencionados. El sumario recoge también anécdotas del interior, como el gasto elevado en el bar del Palacio y la improvisación ante la posibilidad de apagones: se dañaron sillas para usar la estopa como fuente de luz alternativa.
Encuentro y fricciones entre los cabecillas
Las tensiones entre Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada fueron constantes. Tejero afirmó que mantenía contactos con generales preocupados por la situación política y defendió que el golpe respondía a la necesidad de «reactivar» el orden. Sin embargo, la entrada de Armada en el hemiciclo desencadenó una discusión prolongada: Tejero se sintió traicionado por lo que consideró una intención de limitar el alcance militar del nuevo gobierno.
«Para esto no había que dar semejante campanazo»
En los interrogatorios, Tejero reprochó a Armada que su proyecto incluía nombres civiles en el gabinete previsto, lo que chocaba con la voluntad de un sector que buscaba medidas drásticas contra el terrorismo y una reforma constitucional. La discrepancia se tradujo en largas conversaciones en el interior del Congreso y en un rechazo explícito por parte de Tejero a permitir a Armada el acceso total al hemiciclo.
El asalto, las comunicaciones y la rendición
La irrupción de Tejero en el hemiciclo, con el célebre mando de «¡Quieto todo el mundo!», incluyó descargas de arma al techo para intimidar y la afirmación de que actuaban «a las órdenes del Rey y del general Milans del Bosch». Desde dentro, se produjeron llamadas al exterior que reflejan la tensión: intercambios con simpatizantes ultraderechistas, palabras de consuelo a familiares y expresiones de firmeza. En un momento, se negoció incluso la posibilidad de ofrecer un avión para facilitar la salida de Tejero; la propuesta fue rechazada por el propio aludido.
La entrega se produjo tras más de diecisiete horas de cautiverio y la intervención de autoridades civiles y militares que evitaron una escalada mayor. El sumario recoge las condiciones anotadas para la rendición y las conversaciones telefónicas que antecedieron la salida de los asaltantes.
Juicio y consecuencias penales
El juicio militar que siguió fue extenso y mediático. El 3 de junio de 1982 se leyó la sentencia que impuso penas severas: Milans del Bosch y Antonio Tejero recibieron condenas de 30 años por rebelión militar. Alfonso Armada, considerado con un papel distinto por el tribunal, fue sentenciado inicialmente a seis años pero la pena fue revisada; posteriormente recibió indulto y quedó en libertad en 1988. Milans salió de prisión en 1990 y Tejero en 1996. Armada falleció en diciembre de 2013, tras una vida marcada por su implicación en los hechos y por la polémica sobre su papel.
La instrucción y el proceso judicial revelaron no solo la mecánica de la intentona, sino también la complejidad de las lealtades dentro del Ejército y la Guardia Civil. Las pruebas documentales y las transcripciones telefónicas que formaron parte del sumario han permitido a historiadores y a la opinión pública comprender mejor las motivaciones y los fallos que impidieron que el golpe prosperara.
Hoy, la memoria de aquel día sigue siendo analizada en archivos y debates públicos. El relato combina logística, ambiciones personales y la reacción de las instituciones democráticas que finalmente neutralizaron la amenaza, subrayando la fragilidad y la fortaleza de la transición política en España.
