El fallecimiento de Antonio Tejero coincide con la difusión por el Ejecutivo de 153 PDFs relacionados con el intento de golpe del 23-F; el material, disponible desde el 25/02/2026, procede de varios ministerios y del antiguo CESID y busca cerrar lagunas históricas sin abrir el sumario judicial
La noticia del fallecimiento de Antonio Tejero se produjo en paralelo a otro acontecimiento político de calado: el Gobierno hizo públicos 153 documentos clasificados sobre el intento de golpe del 23-F. Según el Ejecutivo, ese paquete documental procede de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, así como del antiguo CESID, antecedente del actual CNI.
La publicación se realizó en la web de La Moncloa y quedó asociada a las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros del día 25/02/.
El alcance real de la filtración documental y su capacidad para arrojar luz sobre episodios pendientes sigue siendo objeto de debate.
El Gobierno sostiene que la desclasificación responde a una demanda sostenida por historiadores y agentes políticos, y que ya no subsisten razones de seguridad nacional que justifiquen mantener ese material en secreto. No obstante, algunas limitaciones formales condicionan lo que finalmente se hace público.
Qué contiene y qué no incluye el paquete documental
El gobierno ha presentado la desclasificación como un conjunto de 153 «unidades documentales» publicadas en formato PDF. A falta de un desglose página por página, se esperan informes, transcripciones de conversaciones registradas durante la jornada y posibles fotografías asociadas a los hechos. En cambio, fuentes oficiales han descartado que este lote incorpore audios o vídeos inéditos.
Una precisión clave: la publicación no incluye el sumario judicial que instruyó la causa contra los responsables del golpe, como Tejero, Armada o Milans del Bosch. Ese expediente nunca fue parte del material clasificado bajo la custodia del Ejecutivo; corresponde al Tribunal Supremo y, por tanto, sigue fuera del alcance de la desclasificación. La distinción evita confusiones sobre el tipo de archivos ahora accesibles.
Origen, formato y expectativas historiográficas
La procedencia de los documentos —tres ministerios y el antiguo CESID— sugiere heterogeneidad en la naturaleza de los archivos: desde comunicaciones diplomáticas hasta evaluaciones internas de Defensa o notas de inteligencia. El Gobierno ha explicado que difundirá «todo lo localizado hasta ahora», pero el valor histórico dependerá del detalle de cada unidad documental y de la labor de contextualización de investigadores y periodistas.
¿Qué aportarán estas piezas?
En la mejor de las hipótesis, los PDFs permitirán reconstruir decisiones tomadas en horas clave, clarificar la implicación de determinados mandos y acotar zonas grises que han alimentado teorías durante décadas. No obstante, sin audios ni vídeos, muchos análisis tendrán que sostenerse en textos y fotografías, lo que limita la posibilidad de obtener pruebas concluyentes que modifiquen radicalmente el relato ya conocido.
Limitaciones y formatos
La ausencia de material audiovisual y la falta de información sobre la extensión de cada unidad documental plantean incertidumbres: el volumen total de páginas y la presencia de documentos inéditos de alto valor siguen siendo incógnitas. Expertos advierten que la simple publicación en PDF no basta: hace falta catálogo, índices y trabajo crítico para que el archivo cumpla una función esclarecedora.
Lectura política y memoria democrática
La operación de desclasificación ha sido defendida por el Ejecutivo como una medida de memoria democrática y de lucha contra la desinformación. La portavoz del Gobierno ha sostenido que 45 años constituyen un plazo suficiente para levantar el secreto y que la decisión contribuye a cerrar una anomalía en el acceso a documentación sensible del Estado. En paralelo, el anuncio tiene una clara dimensión simbólica: pretende fijar una versión documentada frente a reinterpretaciones interesadas.
En el debate público se concentran preguntas concretas, por ejemplo sobre el papel desempeñado por la Corona en aquella jornada. El Gobierno informó a Zarzuela de sus planes de desclasificación, aunque sin ofrecer muchos detalles previos. Sea como fuere, la trascendencia de esta iniciativa dependerá menos del gesto institucional y más del contenido preciso de los PDFs y de la capacidad de la comunidad científica y mediática para interpretarlos con rigor.
Reacciones y próxima fase
La publicación abre una nueva fase en la investigación historiográfica del 23-F: tras la difusión inicial, vendrá el análisis pormenorizado de cada documento, la confrontación con testimonios ya conocidos y, posiblemente, nuevas solicitudes de apertura adicional de archivos. Para algunos partidos y colectivos, la medida no agota las demandas de verdad y reparación; para otros, representa un paso relevante en la transparencia del Estado.
Mientras tanto, la coincidencia entre la muerte de Tejero y la puesta en línea de los documentos añade un matiz simbólico a la jornada del 25/02/un cierre biográfico y una apertura documental que invitan a revisar, con fuentes ahora accesibles, uno de los episodios más traumáticos de la transición española.
