Feijóo decide liderar desde Génova las conversaciones con Vox, fijando un documento marco que contiene reformas fiscales, recortes de duplicidades y cambios terminológicos en políticas sociales
La dirección nacional del Partido Popular, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha tomado la iniciativa para negociar con Vox y establecer un marco común que sirva de base a pactos en comunidades y ayuntamientos. Este movimiento traslada al plano estatal decisiones que hasta ahora se resolvían en cada autonomía y pretende garantizar coherencia programática y estabilidad a las futuras investiduras.
El documento aprobado por Génova introduce líneas maestras en materia fiscal, gestión pública y términos políticos sensibles. La estrategia busca conjugar la necesidad de sumar apoyos con la intención de marcar límites, aunque genera dudas sobre el impacto social de algunas propuestas y sobre la capacidad del PP para retener votantes de centro.
Centralización de las negociaciones y objetivos políticos
El cambio de táctica implica que las investiduras en comunidades como Aragón y Extremadura se decidirán desde la dirección nacional del partido. Feijóo ha impuesto que cualquier acuerdo autonómico pase por su visto bueno, con el fin de evitar discrepancias territoriales y uniformar criterios. En la práctica, esto reduce la autonomía de las direcciones regionales y convierte a la sede de Génova en el epicentro del diseño programático.
En paralelo, Vox acepta estructurar sus interlocuciones en dos fases: primero, la definición del programa de gobierno, y después, la distribución de cargos. La coordinación a gran escala pretende impedir fricciones locales que en campañas previas derivaron en desencuentros sobre inmigración, medio ambiente y políticas agrarias.
Propuestas económicas y fiscales en el centro del debate
Una parte central del marco diseñado contempla una ambiciosa revisión fiscal. Entre las propuestas que acercan al PP a Vox figuran reducciones impositivas como la rebaja de tramos del IRPF, la reducción del impuesto de sociedades y la supresión de gravámenes como patrimonio, sucesiones y donaciones. Además, se plantean bonificaciones en gastos básicos, con bajadas del IVA en suministros esenciales y vivienda.
La ambición fiscal se basa en la promesa de compensar menores ingresos con una racionalización del Estado: supresión de duplicidades, menor financiación a entidades de ideología y recorte de subvenciones consideradas de baja eficiencia. Estas medidas están diseñadas para proyectar una economía más liberal y menos intervencionista, pero chocan con la realidad del elevado déficit y la deuda pública, lo que exige recortes que afectan a servicios que sostienen a la población más vulnerable.
Impacto en políticas públicas y servicios
El documento marco contempla eliminar organismos autonómicos duplicados, como defensores del pueblo o agencias meteorológicas, y reducir subvenciones a partidos, sindicatos y ONG con fines ideológicos. Este ajuste organizativo pretende ahorrar costes, aunque expertos advierten que la calidad de servicios como sanidad y educación podría empeorar si la reducción de ingresos no se compensa con mejoras en eficiencia.
Asimismo, la propuesta de vivienda apuesta por un shock de oferta: ampliar suelo urbanizable, agilizar trámites y movilizar suelo público para la promoción privada. No se prevé, sin embargo, una apuesta por vivienda pública o rehabilitación para alquiler social, lo que recuerda modelos liberales previos que impulsaron construcción masiva y, en su momento, burbujas inmobiliarias.
Términos políticos y reto de la gobernabilidad
En el plano social, el documento introduce cambios semánticos: se opta por hablar de «todas las violencias» en plural, integrando la violencia doméstica junto a la violencia de género. Este matiz, junto a la intención de revisar qué partidas son útiles, abre un debate sobre la protección de víctimas y la continuidad de políticas específicas contra la violencia machista.
La estrategia de Feijóo pretende ofrecer una alternativa a las políticas socialdemócratas, seduciendo a votantes desencantados con el intervencionismo. Sin embargo, el reto es doble: consolidar una mayoría estable que incluya a Vox sin perder el electorado centrista y gestionar las consecuencias presupuestarias de recortes tributarios en un contexto de déficits.
Riesgos electorales y equilibrio interno
Para el PP, el principal riesgo es que el giro hacia posiciones más cercanas a Vox provoque abstención o pérdida de votos en el centro. Feijóo busca evitarlo mediante límites y condiciones para cualquier pacto —compromisos presupuestarios, responsabilidad colegiada y lealtad institucional—, pero la tensión entre coherencia nacional y sensibilidad territorial será la prueba de fuego en las próximas negociaciones.
El éxito dependerá tanto de la capacidad para negociar cesiones como de la percepción ciudadana sobre el equilibrio entre ahorro público y protección de los servicios esenciales.
