Los papeles liberados por el Ejecutivo aportan la cronología de la actuación del Rey en el 23-F y permiten entender mejor las decisiones que ayudaron a frenar la sublevación
Los documentos que el Gobierno ha desclasificado sobre el 23-F no transforman el relato básico conocido, pero sí ofrecen una cronología precisa y pruebas que matizan interpretaciones. Tras la entrada a tiros del teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso, la residencia del jefe del Estado, la Zarzuela, se convirtió en el centro donde se decidió gran parte de la respuesta institucional.
Un conjunto de archivos custodiados por el CNI incluye comunicaciones, órdenes y una línea temporal de las actuaciones del monarca que iluminan las horas críticas.
El hallazgo de esos papeles fue impulsado públicamente por el escritor Javier Cercas y acogido por el presidente Pedro Sánchez como una medida para disipar dudas.
Las notas muestran que, aunque el Rey había cometido errores políticos previos que facilitaron el clima de crisis, su intervención en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981 fue decisiva para frenar la sublevación. Los documentos complementan lo conocido en el sumario judicial y amplían la percepción de hasta qué punto la conspiración se extendió en el estamento militar.
La cronología y las decisiones en La Zarzuela
Según la documentación, la Casa del Rey escuchó la investidura de Calvo Sotelo cuando, a las 18.22, se transmitió la noticia del asalto al Congreso. Se activaron «contactos telefónicos» para recabar información y entre las 18.30 y 19.00 el general Alfonso Armada telefoneó para sumarse a La Zarzuela; en esa llamada, el Rey le pidió que no acudiera. El jefe del Estado, según las actas, mantuvo conversaciones con altos mandos militares, entre ellos el teniente general Jaime Milans del Bosch, y ordenó preparar un mensaje a la nación que aclarara su postura institucional.
La toma del control informativo
Los documentos describen también la tensión en torno a TVE, ocupada por unidades militares al mando del capitán Merlo. Tras negociaciones, esas tropas abandonaron la cadena y se grabó el mensaje real; la emisión tuvo lugar a la 1.12 de la madrugada, casi siete horas después del asalto inicial. En el proceso, el secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, obtuvo compromisos verbales de algunos oficiales, entre ellos que no se presentaría a los diputados la conocida como «solución Armada».
El papel de los militares y la percepción en las fuerzas armadas
Los archivos ponen de relieve que existía una pulsión subversiva en el Ejército antes y después del 23-F. Informes del Ministerio de Defensa, como el titulado Índices de Subversión en las Fuerzas Armadas, denuncian el distanciamiento de ciertos mandos respecto a la clase política y alertan sobre pintadas y rumores que socavaban la imagen del Rey. En ellos se recomendaba emprender medidas para «democratizar» las fuerzas armadas y evitar que la Corona asumiera un control militar permanente.
Planes y proyectos golpistas posteriores
Entre los papeles aparece la existencia de nuevas tramas para retomar la subversión meses después; incluso se llegó a barajar una acción para el 24 de junio de 1981 durante la onomástica del monarca. La documentación menciona nombres y aparatos implicados y apunta la necesidad de contar con «líderes militares» que reunieran experiencia operativa y, además, carecieran de afinidades políticas evidentes, supuestamente para garantizar la lealtad constitucional.
Consecuencias institucionales y debate público
Los Documentos desclasificados confirman que el golpe no fue un episodio aislado protagonizado por una veintena de procesados, sino que halló apoyos y simpatías más amplias en el Ejército. Al mismo tiempo, reafirman la tesis de que, pese a errores previos del Rey —como episodios políticos controvertidos—, Juan Carlos I «paró» la intentona al reafirmar su compromiso con la legalidad y amenazar con consecuencias extremas en caso de sublevación. Esa constatación ha rebajado la credibilidad de teorías que atribuyen al monarca la autoría del golpe.
Además de la carga histórica, los archivos han puesto en marcha un debate político y mediático sobre responsabilidad, memoria y transparencia. Autores como Javier Cercas resaltan que «el gran secreto del 23-F es que no hay ningún secreto», una afirmación que el Gobierno ha utilizado para justificar la apertura de los papeles y que ahora sirve para ahondar en la investigación histórica sobre un episodio que marcó la transición española.
