En febrero de 2026 la disputa entre Anthropic y el Pentágono escaló, poniendo en juego un contrato millonario y el futuro de las políticas de seguridad en torno a la inteligencia artificial
En febrero de 2026 se intensificó un conflicto entre el gobierno de Estados Unidos y la empresa de inteligencia artificial Anthropic. El desencuentro gira en torno al acceso del Pentágono a modelos de IA y a las condiciones para su uso en operaciones militares y de inteligencia.
Lo que empezó como una negociación técnica y contractual derivó en amenazas de sanciones administrativas y en un debate público sobre la responsabilidad tecnológica.
La controversia alcanzó relevancia cuando, el 25/02/2026 y 26/02/2026, varios medios informaron que el Departamento de Defensa estadounidense puso en cuestión un contrato por 200 millones de dólares y consideró la posibilidad de clasificar a Anthropic como riesgo para la cadena de aprovisionamiento.
A su vez, la empresa, creadora del asistente conversacional Claude, reafirmó límites sobre usos letales y sobre la vigilancia masiva.
Qué está en juego: contratos, tecnología y credibilidad
En el centro de la disputa aparece un acuerdo que la compañía firmó para desplegar soluciones de IA en entornos de seguridad nacional. Ese contrato, valorado en 200 millones de dólares, no solo implica financiación sino también el acceso del Pentágono a capacidades avanzadas de modelos de lenguaje y herramientas de análisis. El conflicto pone en riesgo tanto la continuidad del proyecto como la posibilidad de que Anthropic participe en futuras licitaciones gubernamentales.
Por su parte, el gobierno invoca la necesidad de que los proveedores de tecnología sean plenamente colaborativos con las fuerzas armadas. Entre las medidas contempladas por las autoridades se incluye la exclusión de la empresa de nuevos procesos de contratación y la aplicación de normas que limitan su participación en la red interna de defensa si no cumple con ciertos requisitos.
Implicaciones económicas y estratégicas
La pérdida de un contrato de esta magnitud tendría efectos financieros y simbólicos: por un lado, reduciría ingresos y oportunidades de mercado; por otro, dejaría a Anthropic en una posición sensible frente a competidores que sí acepten condiciones más amplias. Además, desde la óptica estratégica del gobierno, la negativa a ofrecer acceso irrestricto a tecnologías críticas puede interpretarse como un riesgo para la seguridad nacional.
Los límites que impone Anthropic y la respuesta oficial
Anthropic ha adoptado desde su fundación una postura centrada en la seguridad y en evitar usos perjudiciales de sus modelos. Sus fundadores y directivos han expresado reservas explícitas sobre el empleo de la IA para diseñar armamento autónomo o para reforzar sistemas de vigilancia que puedan reprimir disidencia. Esa posición se reforzó con políticas internas y compromisos públicos que buscan limitar usos letales o intrusivos.
Frente a esa postura, el Pentágono ha presionado para obtener flexibilidad operativa en el uso de la tecnología. Funcionarios han señalado que, en escenarios bélicos, las fuerzas armadas deben contar con herramientas que les permitan actuar con eficacia y rapidez. Así, la administración ha planteado la posibilidad de aplicar mecanismos legales como el Defense Production Act para asegurar acceso prioritario a recursos y tecnología cuando se considere necesario para la seguridad.
Tensiones éticas y técnicas
El choque no es solo contractual: pone en evidencia un dilema más amplio. ¿Debe una empresa tecnológica renunciar a principios de seguridad para colaborar con el Estado en tareas de defensa? ¿O corresponde a los gobiernos adaptar sus exigencias a estándares éticos que reduzcan riesgos sociales? Las respuestas no son sencillas, y la discusión incluye aspectos técnicos como la robustez del modelo, la explicabilidad de decisiones automatizadas y la capacidad de evitar usos malintencionados.
Consecuencias para el sector y posibles caminos adelante
El episodio con Anthropic sirve como termómetro para todo el ecosistema de la IA. Varias empresas del sector enfrentan presiones similares: equilibrar la cooperación con gobiernos y la defensa de estándares de seguridad. Algunas optan por acuerdos cerrados y autorizaciones confidenciales; otras priorizan la transparencia y los límites de uso. El resultado de esta disputa puede marcar precedentes legales y comerciales para los próximos años.
Entre las alternativas para desescalar el conflicto están la negociación de cláusulas específicas que delimiten usos prohibidos, auditorías independientes que verifiquen cumplimiento de salvaguardas y marcos regulatorios claros que armonicen intereses públicos y privados. Implementar protocolos de gobernanza que definan responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas podría facilitar acuerdos sin sacrificar principios éticos.
Reflexión final
La disputa entre Anthropic y el Pentágono expone una tensión inherente a la era digital: la demanda de tecnologías potentes en manos de actoras estatales frente a la responsabilidad de quienes las desarrollan. Más allá de sanciones o contratos, lo que está en juego es la forma en que se integrarán la seguridad, la ética y la innovación en el diseño y despliegue de sistemas de inteligencia artificial en contextos sensibles.
