El campo advierte de un impacto económico diario de varios millones por el encarecimiento de combustibles y abonos y exige al Gobierno un plan de choque y una investigación sobre posibles prácticas especulativas
El mundo rural ha encendido las alarmas ante un aumento abrupto de costes que golpea a explotaciones y cooperativas: según los cálculos que manejan COAG y Asaja, el sector soporta un sobrecoste que puede ir de dos a seis millones de euros diarios.
Esta presión coincide con campañas agrarias que demandan mayor consumo energético y fertilización, lo que multiplica el efecto económico sobre las cuentas familiares y cooperativas. Varias organizaciones han vinculado gran parte del aumento a especulación en la fijación de precios más que a una subida mecánica del crudo.
En paralelo a las movilizaciones, el ministro Luis Planas ha convocado al sector para valorar medidas y atajar el impacto: reuniones sectoriales programadas incluyen encuentros con pesca, industria de fertilizantes y piensos, y asociaciones agrarias y cooperativas, en una jornada referida como «lunes, día 16» por fuentes oficiales. Las dudas sobre el origen real de las subidas y la solicitud de ayudas directas y fiscales centran la agenda del campo y del Ejecutivo.
Movilizaciones y cifras de impacto
La reacción en la calle llevó a cerca de 1.000 agricultores y ganaderos a bloquear el centro logístico de hidrocarburos en Santovenia de Pisuerga, donde las cuatro organizaciones profesionales agrarias (OPAs) —ASAJA, COAG, UPA y UCCL— se unieron en una protesta histórica. Desde el terreno se denuncian ofertas de suministro con incrementos extremos que, en algunos casos, habrían multiplicado los precios en cuestión de días. Esa movilización pretende visibilizar una sangría económica que, según ASAJA, supera los 41 millones de euros semanales, equivalente a casi 6 millones diarios, y cuyo reparto atribuyen a gasóleo y abonos.
Impacto económico desgranado
Las organizaciones aportan despieces concretos: de la cifra semanal citada, 2,7 millones corresponderían al encarecimiento del gasóleo agrícola y 3,1 millones a fertilizantes. Un informe técnico de COAG advierte que, si persiste la tendencia, las pérdidas anuales podrían alcanzar los 890 millones de euros. En términos de explotación, el ejemplo aportado para una parcela cerealista de 150 hectáreas calcula un coste adicional aproximado de 8.850 euros al año, una cifra que puede marcar la diferencia entre rentabilidad y pérdidas.
Reclamos del campo y respuestas solicitadas
Frente a ese panorama, las demandas de las organizaciones son claras: plan de choque con ayudas directas para cultivos especialmente afectados como cereales y frutales, y medidas fiscales que materialicen compensaciones en el IRPF. Además, piden la apertura inmediata de investigaciones por parte de la CNMC para aclarar prácticas de fijación de precios en hidrocarburos y fertilizantes. El sector reclama también mecanismos estatales que garanticen suministro a precios lógicos, evocando precedentes donde la intervención pública contuvo episodios críticos.
Presión sobre las administraciones
En la protesta de Santovenia se hizo audible un ultimátum: sin respuestas contundentes, el sector advierte de medidas de fuerza y de la pérdida de capacidad productiva. ASAJA insiste en ayudas y desgravaciones similares a las aplicadas durante momentos de crisis internacionales recientes, mientras UPA demanda intervención estatal en el mercado y COAG pide controles y transparencia. El mensaje que recorrió la concentración fue nítido: «si el campo no produce, la ciudad no come».
Causas técnicas y argumentos sobre origen de la subida
Las organizaciones agrarias rechazan que la inestabilidad en Oriente Medio explique por sí sola las subidas inmediatas. COAG aporta datos sobre las rutas de importación y composición del suministro: entre el 75% y el 83% del crudo que llega a España no pasa por el Estrecho de Ormuz, y la dependencia de Irán para la urea y otros abonos es limitada. Además, los procesos de importación y refino requieren entre 60 y 120 días para traducir un conflicto en alteración física de suministros, lo que sugiere una anticipación de precios por parte de distribuidores.
Denuncias sobre prácticas comerciales
Según denuncias de COAG y UPA, los distribuidores estarían repercutiendo un riesgo hipotético sobre los suministros futuros cargándolo sobre existencias ya compradas a precios previos, generando una prima que no se corresponde con la realidad logística. Desde algunas cooperativas se añade que el gasóleo agrícola ha subido cerca de un 40% en una semana y los fertilizantes un 20%, mientras que los precios al consumidor apenas se han ajustado, lo que alimenta la sensación de que la subida no responde a costes reales sino a prácticas especulativas.
En medio de este conflicto de interpretación y cifras, la convocatoria del ministro Luis Planas para revisar la situación y articular respuestas se presenta como la vía institucional para buscar soluciones. El sector, por su parte, mantiene la presión a pie de campo y exige acciones rápidas que mitiguen el efecto sobre la producción y la renta agraria, preservando la cadena alimentaria nacional.
