El Ejecutivo prioriza reducciones impositivas en energía y combustible mientras socios de la izquierda reclaman incluir la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de suministros
La ausencia de una mayoría progresista en el Congreso condiciona, una vez más, las decisiones del Ejecutivo. Ante el repunte de precios vinculado al conflicto en Oriente Medio, en el gabinete de La Moncloa pesa la necesidad de actuar con rapidez, pero también el temor a perder apoyos parlamentarios.
En este contexto, el Gobierno se inclina por soluciones de carácter fiscal —como la reducción del IVA en carburantes y en la factura eléctrica— que son reclamadas por amplios sectores económicos, a la espera de cerrar contactos con grupos como Junts o el PNV.
Las alternativas más sociales, que incluyen la recuperación del escudo social y la prohibición de cortar suministros a hogares vulnerables, siguen en la agenda de las fuerzas de izquierda. Sin embargo, la aparatosa división interna entre el ala socialista y sus socios —encabezados por formaciones que proponen bonificaciones o topes de precio— complica la incorporación de esas medidas. El Ejecutivo ha citado el Consejo de Ministros para el martes 17 de marzo como horizonte para presentar un decreto ley, pero el contenido final dependerá de los apoyos que consiga reunir.
El dilema de Moncloa
La dirección socialista opta por priorizar intervenciones que puedan canalizarse mediante ajustes tributarios, con el argumento de que actúan más rápido y resultan políticamente menos costosas a la hora de negociar. En paralelo, el bloque que integra a Sumar y a otras fuerzas de izquierda presiona para que el texto incluya medidas como la moratoria antidesahucios y la prohibición de los cortes de suministros básicos (agua, luz y gas) a hogares vulnerables. Esa tensión explica por qué determinados puntos del antiguo escudo social, que ya fueron rechazados en anteriores votaciones, podrían quedarse fuera del decreto o aparecer en forma de medidas limitadas y temporales.
Propuestas parlamentarias
Medidas fiscales y energéticas
PP, Junts y PNV coinciden en solicitar recortes fiscales contundentes para aliviar el coste de la energía. Entre las propuestas se plantea reducir el IVA aplicado a la factura eléctrica —con fórmulas que van desde pasar del 21% al 10% hasta bajarlo al 5%— y suprimir o atenuar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, fijado en el 7% en el marco actual. También forman parte de sus reclamaciones la rebaja temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la reducción de peajes y costes de acceso a las redes, medidas que buscan proteger especialmente a la industria electrointensiva y al transporte por carretera.
Escudo social y propuestas de la izquierda
Por su parte, Sumar, BNG, Compromís y otros aliados reclaman la reincorporación de elementos del escudo social que fueron tumbados anteriormente, como la moratoria de desahucios y la prohibición de cortes de luz y agua a consumidores en riesgo de exclusión. Además, fuerzas como ERC, Bildu y BNG han registrado iniciativas para blindar los recursos básicos mediante un mecanismo de activación extraordinaria capaz de limitar precios en crisis geopolíticas, así como para estudiar impuestos temporales sobre beneficios sobrevenidos de las empresas energéticas y reforzar la supervisión de márgenes empresariales en la cadena alimentaria.
Escenario en el Congreso y posibles resultados
La clave sigue siendo armar una mayoría que permita mantener las medidas más allá de un mes: sin apoyos suficientes, un decreto del Gobierno tendría una vida efímera. Por eso, desde Moncloa priman las medidas fiscales que atraen apoyos transversales y resultan menos enfrentadas que las prohibiciones explícitas. En el otro extremo, la oposición de derecha insiste en ampliar las rebajas de impuestos e incluye propuestas adicionales —como ajustes en el IRPF para corregir la inflación fiscalizada, exenciones para jóvenes compradores de vivienda y alivios para autónomos— que buscan seducir a la clase media y a sectores económicos concretos.
En resumen, es probable que el Ejecutivo presente el borrador en el Consejo de Ministros para el martes 17 de marzo con un paquete centrado en rebajas fiscales y medidas para abaratar la energía y los carburantes, mientras negocia la inclusión parcial de aspectos sociales. La tensión entre necesidad de medidas inmediatas y los límites de la aritmética parlamentaria marcará el alcance final de las ayudas y definirá si la protección de los hogares más vulnerables queda reforzada o relegada a futuras iniciativas legislativas.
