La causa que investiga la tramitación de permisos para parques eólicos y fotovoltaicos expone una red de relaciones entre el sector privado y altos cargos, con proyectos como el Clúster del Maestrazgo en el centro del conflicto
La investigación abierta alrededor de Forestalia ha ido desgranando una red de vínculos que conecta a empresarios, altos funcionarios y sociedades pantalla. Las pesquisas coordinadas por la UCOMA y la Guardia Civil han señalado a protagonistas como Antxón Alonso, el exalto cargo Eugenio Domínguez y el empresario Fernando Samper, además de revelar movimientos societarios y registros en sedes empresariales y ministeriales.
La instrucción deriva de la denuncia de Teruel Existe y pone el foco en la concesión de autorizaciones para proyectos renovables.
En paralelo a las detenciones y los registros, los investigadores consideran probables delitos como prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Las diligencias se desarrollan en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel y guardan relaciones con otras causas que también están bajo el escrutinio de la Audiencia Nacional, donde se tramitaban investigaciones anteriores que involucran adjudicaciones públicas y contratos ministeriales.
Actores, empresas y conexiones
Los informes judiciales sitúan a Antxón Alonso en un punto de intersección entre varias tramas. Fue identificado como propietario de Servinabar, sociedad vinculada en la documentación al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien presuntamente controlaba participaciones y utilizó la compañía para gastos privados. Antxón aparece también en causas paralelas como el denominado caso SEPI, donde se investigó al supuesto grupo Hirurok que incluiría a Vicente Fernández y a Leire Díez, y al que se atribuye la influencia en adjudicaciones mediante el cobro de comisiones.
El método que describe la UCOMA
Los investigadores han descrito una operativa consistente en la creación de circuitos paralelos de tramitación y en la autoasignación de expedientes dentro del ministerio. Según los testimonios y documentos incorporados al sumario, Eugenio Domínguez habría concentrado en su persona la gestión y la supervisión de expedientes de la compañía, lo que la UCOMA definió como una caja negra donde los procedimientos se apartaban del control ordinario. Ese funcionamiento, siempre según la investigación, fue clave para acelerar autorizaciones y neutralizar informes negativos.
Sociedades pantalla y transferencias
La trama incluye movimientos societarios que buscan enmascarar pagos. Un ejemplo señalado por la Guardia Civil es la transmisión el 17 de mayo de 2026 de 2.998 participaciones de Next Generation Caliope Innova a Antxón Alonso; esa sociedad, creada el 8 de abril por Eduardo Pérez, figura en una red de empresas que, según los investigadores, sirvieron para canalizar fondos. Caliope Innova mantiene vínculos contables con Universal Global Scale Worldwide, sociedad relacionada con personas cercanas a Fernando Samper.
Proyectos en el punto de mira: Clúster del Maestrazgo
El mayor proyecto señalado es el llamado Clúster del Maestrazgo, considerado el macroproyecto eólico más importante del país y cuya venta por 500 millones de euros a Copenhagen Infrastructure Partners ha quedado bajo sospecha. La fiscalía solicitó la paralización de las obras ante la posibilidad de daños ambientales irreversibles y la Guardia Civil alertó sobre informes desfavorables de administraciones autonómicas. El juez decidió aplazar la vista sobre medidas cautelares para estudiar con detenimiento a los afectados.
Impacto ambiental y respuesta social
Organizaciones ecologistas y la plataforma Teruel Existe han denunciado no solo posibles irregularidades administrativas, sino también el riesgo sobre espacios de alto valor ambiental. Los investigadores recogen que el proyecto obtuvo un permiso del Consejo de Ministros pese a informes desfavorables de la Comunidad Valenciana y de la Dirección General de Medio Natural y Forestal de Aragón, lo que alimenta las dudas sobre la neutralidad del proceso de evaluación.
Consecuencias procesales y horizonte judicial
Además de las detenciones de Domínguez, Samper y varios presuntos testaferros como Eduardo y Roberto Pérez, los agentes registraron la sede de Forestalia y dependencias del ministerio. Entre los detenidos también figuró un notario y la esposa de Domínguez. La acumulación de indicios puede orientar la causa hacia la Audiencia Nacional si el juez instructor decide inhibirse, debido a la coincidencia con otras investigaciones que indagan adjudicaciones y contratos públicos.
En conjunto, el sumario dibuja una trama compleja donde se entrelazan intereses empresariales, maniobras administrativas y transferencias societarias opacas. La instrucción seguirá acumulando pruebas, declaraciones y análisis técnicos sobre impacto ambiental y responsabilidad penal, mientras la sociedad, las organizaciones ecologistas y los afectados reclaman claridad y reparación.
