Un informe interno y declaraciones de trabajadores describen cómo se ordenó la contratación de Jessica Rodríguez en Tragsatec y las disputas sobre si Ineco y Tragsatec son víctimas o responsables
Un documento remitido por el Grupo Tragsa al Tribunal Supremo pone en primer plano la contratación de Jessica Rodríguez en la filial pública Tragsatec. Según ese informe, la supervisora del proyecto relata que la incorporación llegó tras una llamada del entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, que transmitió una orden y consignó a la nueva trabajadora como «la sobrinita» o como pariente de asesores vinculados al ministerio.
El caso, que forma parte del expediente conocido como caso Koldo, será abordado en la vista que comienza el 7 de abril.
La investigación ya recogió que la contratación se formalizó el 2 de marzo de 2026 y que la relación laboral finalizó el 1 de septiembre de ese mismo año, con una retribución aproximada de 1.200 euros mensuales.
El instructor del proceso señaló en un auto de noviembre de 2026 que la incorporación no pasó por procesos selectivos relevantes y que la propia contratada declaró no haber asistido presencialmente a su puesto. Junto a estos hechos, surgen discrepancias sobre instrucciones internas y la posible connivencia entre responsables, cuestiones que se discutirán en el juicio.
Los testimonios y el informe interno
La supervisora del proyecto, cuya declaración forma parte del informe, asegura que recibió el currículum por correo y una indicación breve: «Llámame». En la llamada posterior se aludió a la relación familiar o sentimental con asesores del ministerio y se le transmitió que era una «instrucción que debía cumplirse». Ese término —instrucción— aparece como elemento central en la narración del personal implicado, porque describe una orden que habría primado sobre las dudas expresadas por la propia presidenta de ADIF, según el documento.
Presiones y control horario
Otro trabajador de la plantilla detectó que la contratada no cumplimentaba los partes horarios y lo notificó. A raíz de ello, recibió mensajes que pedían «no molestar» a la empleada, atribuyéndole un trato diferenciado. El informe recoge que se recibieron indicaciones desde un interlocutor vinculado a ADIF para no insistir en el control horario y mantener «tranquilidad» respecto a ella. Ese contexto alimenta la tesis de quienes apuntan a un trato preferencial frente a otras trabajadoras que sí cumplían jornadas presenciales periódicas.
La interpretación de los empleados
Quienes trabajaban en el equipo reconocieron que, pese a no conocer inicialmente la identidad exacta de la incorporada, percibieron que se trataba de alguien con «buenas relaciones» y «protegida». En palabras recogidas por la investigación, se solicitó en varias ocasiones el parte de trabajo sin respuesta, y meses después algunos compañeros confirmaron que se trataba de la persona vinculada sentimentalmente a un alto cargo político. Estas cronologías y conversaciones internas son parte de la prueba que analizará el tribunal.
Contienda procesal sobre las empresas públicas
En paralelo a la fase probatoria del proceso, la defensa del exasesor cuestiona que las sociedades públicas Ineco y Tragsatec puedan personarse como perjudicadas. La argumentación sostiene que, según la doctrina aplicable, esas entidades podrían ser en realidad objeto de la acción penal como responsables, y no demandantes, por falta de controles internos que habrían permitido las irregularidades. La Fiscalía, por su parte, entiende que las empresas resultaron afectadas y reclama indemnizaciones concretas: cerca de 34.477,86 euros para Ineco y 9.500,54 euros para Tragsatec.
Repercusiones procesales y peticiones de pena
El calendario del juicio incluye la comparecencia de más de setenta testigos y voces cercanas a los acusados, y la causa persigue delitos como tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía solicita penas que alcanzan los 24 años para José Luis Ábalos y 19 años y medio para su exasesor, mientras las acusaciones populares elevan las pretensiones hasta los 30 años. Para el empresario que admitió los hechos, la petición fiscal es de siete años. Los acusados permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre, por el supuesto riesgo de fuga, una medida que será debatida en el procedimiento.
Lo que queda por decidir
El proceso deberá dilucidar no solo la veracidad de las acusaciones sobre la contratación y la gestión de contratos durante la pandemia, sino también la calificación jurídica de la conducta de las empresas públicas implicadas: si son perjudicadas o, por el contrario, deben responder como responsables por la ausencia de controles. La sesión que comenzará el 7 de abril plantea un examen minucioso de documentos, comunicaciones internas y declaraciones que intentarán establecer la cadena de decisiones que llevaron a la contratación cuestionada.
