La propuesta de la planta La Joya H2, promovida por Avalon Renovables, ha desencadenado una oposición local que cuestiona consumo de agua, afecciones al paisaje y riesgos para la cabra malagueña
En las faldas de El Torcal, reconocido por la UNESCO, la pedanía de La Joya y su entorno no solo son paisaje: son explotación agrícola y ganadera. Con unos 900 habitantes, la zona concentra cerca de 30.000 cabezas de cabra malagueña, una raza de gran rendimiento que sostiene queserías, empleo local y tradiciones rurales.
Frente a ese mapa económico y cultural ha surgido un proyecto industrial que ha encendido las alarmas ciudadanas: la planta denominada La Joya H2, promovida por Siroco Hydrogen 2 y participada por Avalon Renovables.
El plan plantea ocupar casi 510 hectáreas para un complejo energético que integraría fotovoltaica, eólica, almacenamiento y una instalación de producción de hidrógeno.
El anuncio y la exposición pública del expediente han derivado en más de dos millares de alegaciones presentadas por vecinos, ayuntamientos y plataformas civiles que piden replantear la ubicación de estas infraestructuras.
Qué propone el proyecto y sus cifras clave
Según la documentación disponible, el complejo incluiría una planta fotovoltaica de 283,29 MWp, un parque eólico de 16 MW y almacenamiento en baterías por 1.252 MWh, además de líneas eléctricas, subestaciones y un hidrogenoducto. La tecnología proyectada para generar combustible es la electrólisis, un proceso que separa agua en hidrógeno y oxígeno usando energía eléctrica; la empresa insiste en que el producto sería hidrógeno verde y parte de la producción se destinaría a fabricar e-SAF —combustible sintético sostenible—, con la ambición de abastecer pasajeros del aeropuerto de Málaga.
Consumo hídrico y conexiones
Uno de los puntos más controvertidos es el suministro de agua: la memoria prevé una tubería subterránea de 48 kilómetros desde la depuradora del Guadalhorce y un consumo anual estimado en 432.432 metros cúbicos, además de una conducción para vertidos. Los promotores también plantean la integración de biorresiduos para producir biometano y recuperar CO₂ biogénico en una planta de biomasa, con la promesa de 60 GWh anuales de biometano y la reducción de emisiones equivalente a evitar 10.000 toneladas de CO₂, en un proyecto con una vida útil prevista de 30 años.
Rechazo social, administración y argumentos técnicos
El rechazo agrupa a diferentes actores: la plataforma por la Protección de la Zona Sur del Torcal, asociaciones como Valle Natural Río Grande y colectivos que se identifican como Junto a El Torcal No, además de los ayuntamientos de Antequera, Villanueva de la Concepción y Almogía. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el director general de Energía de la Junta, Manuel Larrasa, han presentado alegaciones y han advertido de que «no todos los proyectos de renovables valen», reclamando coherencia con el territorio.
Preocupaciones ambientales y administrativas
Los vecinos señalan riesgos de contaminación atmosférica por posibles fugas de hidrógeno —que, aunque no es un gas de efecto invernadero, puede afectar al clima por reacciones con otros compuestos— y la orografía del lugar, con frecuentes inversiones térmicas y nieblas que podrían atrapar emisiones en forma de una «boina» sobre la pedanía y la Red Natura 2000. Además, advierten sobre la falta de informes claros de viabilidad, incertidumbres sobre compradores del gas producido y dudas sobre la veracidad de ciertos planos y fotos aportados en el expediente.
Impacto sobre la economía local y el patrimonio
Las explotaciones de la zona, como El Cepillar dirigida por Isabel Romero, reúnen miles de animales (más de 2.000 en su caso) y realizan programas de selección genética para mejorar la producción de leche —en torno a 550 litros por cabra al año— con ventas y exportaciones a países como Italia, Portugal, Emiratos Árabes o Marruecos. La comarca también alberga patrimonio arqueológico (los dólmenes, el Castillo de Jévar) y turismo rural que, según los afectados, podría verse perjudicado por la implantación industrial.
El proyecto asegura empleo: en obra calcula una media de 455 trabajadores (con picos de hasta 545) y una plantilla fija de entre 25 y 30 empleados, más servicios contratados localmente. Sin embargo, los vecinos sostienen que la zona ya dispone de actividad económica estable y que el daño al paisaje y a la fauna —incluido el riesgo para especies como el alimoche, señalado en informes previos— no compensa los beneficios anunciados.
Conclusión y vías abiertas
La disputa mantiene en vilo a la comarca: administraciones y colectivos han recurrido al trámite de alegaciones y algunos propietarios plantean acciones judiciales por presuntas irregularidades en contratos de cesión de suelo. Mientras tanto, la discusión combina argumentos técnicos sobre electrólisis, consumo de agua y viabilidad comercial con motivos de protección del paisaje, la biodiversidad y la economía rural. La petición de los vecinos es nítida: que el proyecto se ubique en otro emplazamiento y que cualquier iniciativa energética sea coherente con la conservación de El Torcal y la vida del entorno.
