Jordi Turull considera que la prórroga de contratos y la congelación de precios ahogan a los pequeños propietarios y reclama medidas que favorezcan a las clases medias y a las pymes
El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, reaccionó con dureza a la batería de normas aprobadas por el Ejecutivo central, que además de un paquete fiscal para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluyó un decreto ley de vivienda que introduce una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años para los contratos que finalicen entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.
Desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull mezcló apoyo parcial a las rebajas impositivas con críticas contundentes al apartado habitacional.
En su intervención reclamó que el diseño de las políticas públicas no descargue el coste sobre la ciudadanía y los propietarios particulares.
Para Turull, la cuestión no es sólo técnica: supone un dilema social. Definió como inaceptable que el Ejecutivo pretenda que el ajuste alcance al llamado «pequeño propietario» mientras el Estado no asuma la responsabilidad financiera de las medidas de protección colectiva.
Críticas al contenido del decreto
Turull emplazó al Gobierno a no «privatizar el escudo social» obligando a las familias y a los arrendadores particulares a sostener políticas que, según su diagnóstico, deberían financiarse desde el presupuesto público. A su juicio, la prórroga de dos años y la congelación temporal perjudican a los pequeños propietarios y acaban afectando también a las clases medias y a las pymes que dependen del mercado de alquileres para su liquidez. Además, adelantó que JxCat apoyará únicamente iniciativas que otorguen «oxígeno» a esos colectivos.
Impacto en propietarios y mercado
El secretario general subrayó que cualquier intervención en los contratos de alquiler debe contemplar compensaciones o apoyos explícitos para quienes poseen viviendas en régimen particular. Señaló que la medida puede reducir la disponibilidad de inmuebles en alquiler y encarecerá a largo plazo el acceso para quienes buscan vivienda. Constató, además, que algunas medidas incluidas en el decreto son previsiblemente difíciles de mantener en el trámite parlamentario y pronosticó resistencias en el Congreso.
Apoyo a las rebajas fiscales, críticas a la transferencia de costes
Aunque Turull respaldó las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo para paliar los efectos internacionales en la economía, insistió en que la carga de las políticas sociales no puede recaer sobre las familias y los trabajadores. Reclamó al Gobierno central que asuma el coste de los escudos sociales y deje de trasladarlo al tejido más vulnerable y a los propietarios particulares. Distinguiendo entre medidas de alivio y medidas de carga, anunció el apoyo de JxCat a las que beneficien a las clases medias y a las pymes, y el rechazo frontal a las que, en su opinión, las asfixien.
Propuestas fiscales para Cataluña
En clave autonómica, Turull urgió al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a «rectificar» y a aplicar un giro tributario que alivie la presión fiscal sobre los catalanes, incluyendo la propuesta de una rebaja del IRPF. Criticó la actitud de Illa en Madrid, a quien acusó de no defender con firmeza los intereses de Cataluña ante el Gobierno central y exigió una postura más beligerante para lograr mayores recursos para la comunidad.
Tensiones entre partidos y cálculo electoral
Turull no ahorró reproches a la dinámica entre el PSOE y Sumar, a la que definió como un ejercicio de postureo que utiliza a colectivos vulnerables con fines electorales. Reclamó que las disputas partidistas no se salden a costa de quienes necesitan protección social real y señaló que la prioridad debe ser construir respuestas efectivas, no espectáculos para la opinión pública. Desde su perspectiva, la política no puede convertirse en un tablero donde las personas sean fichas.
Lectura política y llamamiento
Finalmente, Turull invitó a una reflexión sobre las prioridades: apostó por medidas que fortalezcan la solvencia de las familias y den estabilidad a los pequeños propietarios en lugar de imponer prórrogas y congelaciones sin mecanismo de compensación. Y dirigió un reto a Illa para que actúe como presidente territorial y no como representante servil del Ejecutivo central, con el objetivo de recuperar capacidad de negociación y recursos para Cataluña.
