Un repaso a las adjudicaciones, los contratos y las empresas conectadas al núcleo de asesoría de Santiago Abascal que han generado demandas de explicaciones internas
Las revelaciones sobre las facturas que compañías vinculadas a los asesores de Santiago Abascal emitieron a Vox han recrudecido el debate público y interno del partido. Según las fuentes consultadas por EL PAÍS, Tizona Comunicación, la sociedad asociada a Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio, facturó cerca de 1,3 millones de euros a Vox en un solo año, a lo que se suman más de medio millón en 2019 y un contrato vigente desde junio de 2026 por 22.145 euros mensuales, más IVA.
Estas cifras han reabierto las dudas sobre la transparencia de las adjudicaciones y sobre el uso de fondos públicos.
La concatenación de sedes, servicios y personas convierte al ecosistema empresarial en una red difícil de separar del propio partido: oficinas que han cambiado de manos entre Vox, Tizona Comunicación y la editorial IVAT; contratos adjudicados sin concurso; y transferencias desde la fundación Disenso.
El conjunto ha atraído la atención del Tribunal de Cuentas y de exdirigentes críticos que exigen mayor claridad.
Pagos, contratos y explicaciones formales
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre 2019 ya advertía que las facturas remitidas por el proveedor que gestionaba servicios de comunicación solo recogían conceptos genéricos, y reclamaba más detalle sobre la naturaleza y las fechas de los trabajos. En efecto, Vox pagó 516.670 euros por actividad ordinaria aquel año, sin contar campañas electorales. Ante la citación, el tesorero y el gerente alegaron que se trataba de servicios generales de asesoramiento político, difíciles de desglosar porque, según su versión, el valor radica en las personas concretas que prestan el servicio: discursos, estrategia y preparación de cargos.
Contrato de 2026 y montos publicados
En junio de 2026, el apoderado de Vox firmó un contrato con Kiko Méndez-Monasterio como administrador de Tizona Comunicación por el que la consultora percibe 22.145 euros mensuales más IVA por labores de consultoría de comunicación y estrategia, sin incluir encargos adicionales. Aunque el partido defiende la idoneidad de la contratación y recuerda que la consultora llegó a tener entre 20 y 25 trabajadores en 2019 y 2026, críticos internos cuestionan que pagos tan altos se hicieran mediante adjudicaciones a dedo y sin aparecer desglosados en la contabilidad accesible a la militancia.
El entramado empresarial y las personas señaladas
El conglomerado alrededor de Méndez-Monasterio y Ariza incluye editoriales, fundaciones y otras sociedades que han percibido recursos de Vox o de la fundación Disenso. Gabriel Ariza es hijo del empresario Julio Ariza, vinculado al grupo mediático Intereconomía y al canal El Toro TV, y con deudas fiscales que han sido objeto de noticia pública. Por su parte, Kiko Méndez-Monasterio, descrito por Abascal como su ‘gurú’, tiene trayectoria como director de prensa y figura como operador estratégico en el auge del partido.
Editoriales, fundaciones y cursos
La editorial IVAT, vinculada al mismo grupo, paga desde 2019 a la esposa de Abascal, Lidia Bedman, 63.600 euros al año por consultoría en redes sociales, según publicó El Confidencial en enero de 2026. Además, la fundación Disenso ha recibido transferencias de Vox que ascienden a 10,9 millones de euros en cinco años, y el instituto formativo ISSEP comparte dirección y espacios con otras empresas del entorno, ofreciendo cursos con precios que han sido criticados por su opacidad y por recibir patrocinios de instituciones gobernadas por Vox en coalición con el PP.
Reacciones internas y consecuencias políticas
Las tensiones internas estallaron cuando dirigentes como Juan García-Gallardo denunciaron prácticas que, en su opinión, beneficiaban a un círculo cercano a Abascal. A García-Gallardo se le abrió expediente y el secretario general Ignacio Garriga anunció procedimientos disciplinarios. El exsecretario general Javier Ortega Smith y otros críticos han exigido la publicación del modelo 347, documento tributario que refleja pagos a proveedores, como forma de transparencia.
En el plano público, el asunto llegó al Congreso, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludió a las nóminas y asesores de Vox, y el propio Abascal respondió defendiendo su gestión. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas mantiene el registro y el escrutinio de las adjudicaciones. La disputa plantea preguntas sobre el límite entre confianza personal en asesores y la obligación de someter contratos financiados con fondos públicos a procedimientos más transparentes.
Balance y preguntas pendientes
La suma de facturación, contratos y coincidencia de sedes y administradores dibuja un mapa complejo que, aunque parcialmente documentado, sigue arrojando incógnitas: ¿qué parte de esos servicios se prestaron con detalle verificable?, ¿por qué no aparecen todos los proveedores en la contabilidad que consultan los afiliados?, y ¿qué implicaciones legales y disciplinarias se derivan de las adjudicaciones? Las respuestas condicionarán tanto la estabilidad interna de Vox como la percepción pública de su gestión económica.
