Un auto judicial atribuye a la Demarcación de Costas la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela en El Bocal, y la alcaldesa de Santander mantiene su defensa mientras siguen las investigaciones
La investigación sobre el desplome de la pasarela en El Bocal, que se saldó con la muerte de seis jóvenes, ha dado un paso significativo con un auto emitido el 24 de marzo en el que la jueza considera a la Demarcación de Costas como “la única responsable” del mantenimiento de la estructura afectada.
Ese organismo pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la resolución centra la acción penal en dos técnicos vinculados a la obra, lo que abre una fase en la que se investigará la posible negligencia en la conservación de la pasarela.
Qué establece el auto y a quiénes implica
Según el auto, la responsabilidad de asegurar la correcta conservación de las unidades ejecutadas en la senda costera recae de forma exclusiva en la Demarcación de Costas, por lo que la instrucción ha dirigido la acción penal contra el jefe de servicio de proyectos y obras y el director de las obras de 2012, ahora al frente del mismo departamento. La decisión judicial concentra el análisis en si existieron deficiencias técnicas o fallos en los protocolos de mantenimiento que pudieron contribuir al hundimiento, y pone el foco en la cadena de custodia y gestión de las inspecciones periódicas.
Aspectos técnicos y administrativos en discusión
La investigación examina tanto la estructura como los procedimientos administrativos: el estado de la madera, la existencia de corrosión en elementos de fijación y la periodicidad de las revisiones. En este contexto, términos como mantenimiento, conservación y recepción de la obra adquieren relevancia práctica porque determinan qué administración tenía obligación legal de intervenir. La instrucción buscará pruebas documentales, informes técnicos y registros de inspecciones que aclaren si hubo omisión de actuaciones correctoras.
Mantenimiento, recepciones y compromisos
En la controversia sobre la titularidad y la gestión, el delegado del Gobierno en Cantabria aseguró que el Gobierno central recepcionó la obra porque la promovió y la pagó, pero que existía un compromiso por escrito del Ayuntamiento para asumir su conservación. Ese punto introduce una línea de investigación administrativa: comprobar los acuerdos formales entre administraciones y verificar si hubo transferencia de responsabilidades o si la obra quedó en una situación de limbo administrativo que pudo influir en la falta de controles adecuados.
Reacciones políticas y municipales
La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha rechazado asumir responsabilidades personales y ha defendido que la promoción turística de la senda no equivale a responsabilidad técnica sobre su conservación. En sus comparecencias, la regidora ha explicado que delegó el mantenimiento en la Demarcación de Costas y ha afirmado que no ha contemplado dimitir, al tiempo que ha reclamado conocer el alcance de lo ocurrido antes de adoptar medidas políticas. Las declaraciones municipales han generado críticas por la gestión de la comunicación y por la falta de entrega inmediata de ciertos protocolos a la investigación.
Política, seguridad y documentación pendiente
En la esfera de la seguridad local, han salido a relucir cuestiones sobre la actuación de la Policía Local ante avisos previos sobre el estado de la pasarela y sobre la existencia o ausencia de protocolos para atender llamadas ciudadanas. La alcaldesa ha señalado que entregará la documentación solicitada al juzgado, mientras fuentes policiales han cuestionado esa versión. En lo judicial, la imputación de dos responsables técnicos abre la vía para aclarar si fallos de mantenimiento fueron determinantes en la tragedia y qué medidas administrativas y penales corresponden.
Perspectivas y próximos pasos
La causa seguirá acumulando diligencias: peritajes que valoren la integridad estructural, análisis de historiales de conservación y el estudio de las comunicaciones entre administraciones sobre la obra. En paralelo, la discusión pública gira en torno a cómo se distribuyen las responsabilidades entre administraciones y la necesidad de protocolos claros. El proceso judicial y la investigación administrativa determinarán si hubo negligencia y qué consecuencias jurídicas y políticas podrán derivarse para los implicados, mientras las familias de las víctimas y la ciudadanía esperan respuestas y medidas que eviten futuras tragedias.
