Una grabación pone al descubierto cómo la diócesis de Tenerife trasladó a un sacerdote acusado y demoró actuaciones, mientras la víctima exigía reconocimiento y reparación
Una grabación que llegó a manos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores ha vuelto a poner sobre la mesa el manejo interno de denuncias de abuso en la Iglesia tinerfeña.
En esa conversación, el fallecido obispo Bernardo Álvarez reconoce que, en 2004, la práctica habitual fue simplemente cambiar de destino a un sacerdote investigado en lugar de abrir una investigación exhaustiva. El testimonio grabado corona años de quejas de víctimas y de demandas de transparencia ante instituciones eclesiásticas y civiles.
El relato proviene de una reunión entre Álvarez y Ciro Molina, víctima de abusos ocurridos entre 1997 y 2003, según consta en las denuncias. Molina ya había expuesto su caso públicamente y reclamado justicia; la grabación —registrada en julio de 2026 y conocida por los investigadores— confirma que la diócesis adoptó decisiones destinadas a contener el escándalo, como el traslado del acusado a Salamanca y su posterior nombramiento como capellán en un asilo.
Admisiones en la grabación y su alcance
En la cinta, Álvarez reconoce que sus antecesores actuaron trasladando al sacerdote en lugar de impulsar un proceso canónico inmediato o informar a Roma, tal y como exigían algunas normas internas desde principios de siglo. El obispo admite que la costumbre era “cambiar al cura de sitio” y detalla que, tras una estancia en Salamanca, el sacerdote regresó y fue ubicado en tareas pastorales con menores. Además, el audio recoge afirmaciones controvertidas del prelado sobre las causas de los abusos y la orientación sexual de los agresores, declaraciones que han provocado rechazo y alarmas sobre prejuicios institucionales.
Cronología del caso y respuestas institucionales
El hilo temporal del expediente incluye la denuncia inicial de la familia de Molina en 2004 al entonces obispo Felipe Fernández, sin que conste en los archivos de la Santa Sede que se notificara a Roma en ese momento. Álvarez, nombrado obispo en 2005, no abrió un procedimiento canónico hasta 2014, cuando cambios en protocolos obligaron a comunicar a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese avance coincidió con la reapertura del caso por la vía eclesiástica y con la suspensión cautelar del sacerdote, pero el proceso quedó interrumpido cuando el acusado solicitó la dispensa para dejar el estado clerical.
Archivos, prescripción y decisiones judiciales
La Fiscalía inició diligencias tras recibir la grabación, pero informó que la causa fue archivada por prescripción y por el fallecimiento de quien admitió omisiones. En paralelo, la diócesis niega conocer la grabación y no ha ofrecido a la víctima un reconocimiento público ni una reparación económica o moral. La petición de acceso a la documentación por parte de Molina fue denegada, lo que alimenta las críticas sobre la falta de transparencia y la protección institucional que evitó que el caso siguiera el curso penal o eclesiástico esperado.
Consecuencias para la víctima y debate público
Molina relata en la conversación y en entrevistas posteriores el impacto personal y social de denunciar: estigmatización en su comunidad, presión sobre su familia y la recomendación por parte de miembros del clero de «perdonar» o «olvidar». Fue una de las primeras víctimas en intervenir públicamente en un pleno municipal para pedir que las instituciones locales se pronunciasen sobre los casos de pederastia clerical y exigieran responsabilidades. Esa visibilidad le valió ataques y descalificaciones, mientras que la diócesis apenas se comprometía con medidas de acompañamiento efectivas.
Retórica eclesial y confianza pública
Además de admitir traslados de sacerdotes, en la grabación Álvarez esgrimió tesis sobre la identidad sexual de los agresores que han sido cuestionadas por expertos y víctimas, que señalan que la motivación del delito no se reduce a la orientación sino a patologías individuales y abusos de poder. El caso reaviva la demanda de mecanismos claros de denuncia, de acceso a la documentación por parte de las víctimas y de protocolos que prioricen la protección del menor y la transparencia institucional en la Iglesia.
La grabación ha llegado a oficinas romanas y a la Fiscalía local, y aunque algunos procedimientos se han cerrado por razones legales, el episodio refuerza las llamadas a revisar prácticas antiguas de manejo de denuncias, a reparar a las víctimas y a garantizar que normas como la comunicación a la Santa Sede no queden en papel. Para las víctimas, el debate no se zanja con archivos: persiste la exigencia de que la dignidad de quienes sufrieron abusos sea reconocida públicamente y que no se repitan formas de encubrimiento.
