La magistrada del Tribunal de Instancia de Montoro da cinco días a Adif para explicar la sustitución de un tramo de vía en Adamuz y aportar certificados y responsables; la CIAF investiga llamadas, señales eléctricas y soldaduras
En torno al siniestro ferroviario que costó la vida a 46 personas y dejó más de 120 heridos, han surgido nuevas preguntas sobre actuaciones previas en la vía. La jueza Cristina Pastor, titular del Tribunal de Instancia de Montoro, ha reclamado a Adif que precise por qué se procedió, en la madrugada del 3 al 4 de marzo, a la sustitución de un tramo de carril de 36 metros en la vía 2 de la línea Madrid-Sevilla.
En su providencia pide identificación de proveedores, responsables técnicos y los trabajadores que intervinieron, así como la documentación que acredite la trazabilidad del material.
La instrucción también incluye solicitudes de ampliación sobre otros tramos y cambios adicionales: la magistrada exige que se explique la sustitución preventiva de 42 metros entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342, y reclama constancias que demuestren si el nuevo carril instaló cuenta con certificado de calidad.
Adif, por su parte, ha reconocido en su respuesta que el carril retirado no tenía una trazabilidad clara, un dato que ha encendido las alarmas en la investigación judicial.
Lo que pide la jueza y el alcance de la diligencia
La providencia judicial establece un plazo de cinco días para que Adif aporte aclaraciones y complemente las causas técnicas que motivaron las sustituciones. La juez solicita, además, la identificación de la empresa suministradora del carril defectuoso, el responsable que comunicó el defecto y la persona que aconsejó la sustitución preventiva. También pide los nombres de los técnicos que trataron la incidencia y del trabajador o responsable de Adif que autorizó el cambio de carril, con el fin de reconstruir la cadena de decisiones y responsabilidades.
Respuesta de Adif y la cuestión de la trazabilidad
Según la contestación remitida al juzgado, Adif admitió no poder acreditar la procedencia del tramo retirado, lo que en términos técnicos afecta a la trazabilidad del material. La exigencia judicial de certificar que el nuevo carril tiene certificado de calidad y la documentación asociada es clave para verificar si se siguieron los protocolos de seguridad. La declaración sobre la inexistencia de trazabilidad obliga a revisar tanto los procedimientos internos de adquisición como los controles realizados antes y después de la instalación.
Implicaciones técnicas y administrativas
Si se confirma la ausencia de documentación que garantice la calidad del material, podrían abrirse responsabilidades administrativas y penales. La comprobación de actas de soldadura, firmas y la correcta ejecución de los trabajos es parte esencial de la investigación. La juez ha oficiado a la Guardia Civil para que practique diligencias encaminadas a esclarecer si el supuesto defecto pudo afectar a otros cupones de la vía 1 y vía 2 comprendidos entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974.
La CIAF y la investigación técnica: llamadas, señales y soldaduras
Paralelamente al proceso judicial, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha solicitado acceso a elementos esenciales para su análisis, entre ellos las grabaciones de las llamadas realizadas al 112 Andalucía la tarde del domingo 18 de enero, fecha del siniestro. La CIAF recuerda que su misión es analizar los hechos para formular recomendaciones que mejoren la seguridad; por ello necesita documentos, grabaciones y registros técnicos que a menudo requieren autorización judicial para su obtención.
Señales eléctricas y pruebas de soldadura
Un informe preliminar de la CIAF apunta a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía hasta 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que segundos después colisionó con el Alvia. Esos registros eléctricos proceden del sistema de señalización gestionado por Hitachi. Además, los investigadores han detectado incongruencias en las soldaduras —posibles modificaciones en actas y firmas—, lo que motivó que la Guardia Civil solicitara la filación de los operarios que llevaron a cabo las soldaduras el día 26 de enero y que se profundice en el análisis forense de la documentación remitida por Adif.
Qué puede pasar ahora y próximos pasos
Con plazos judiciales exigentes y la intervención simultánea de la CIAF y la Guardia Civil, el proceso acumulado de diligencias promete aportar más datos a medida que se formalicen las pruebas. La exigencia de certificados, la identificación de responsables y el cruce de registros de señalización y comunicaciones de emergencia serán determinantes para establecer responsabilidades y, sobre todo, para sacar lecciones técnicas que eviten tragedias semejantes. El foco está en la transparencia documental y en la verificación técnica de cada elemento implicado en los días previos al siniestro.
