El informe del Instituto de Estudios Fiscales destaca que políticas como la revalorización de pensiones, el incremento del SMI y el ingreso mínimo vital aumentaron la renta familiar media en 4.924 euros, aunque persisten millones en situación de pobreza
Un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, vinculado al Ministerio de Hacienda, analiza la evolución de la distribución de la renta y la pobreza en España entre 2017 y 2026, a partir de los modelos fiscales de la Agencia Tributaria.
Los autores, María Joaquina Barroso y Miguel Gómez-Antonio, concluyen que la combinación de medidas públicas elevó la renta familiar media en torno a 4.924 euros, con un efecto especialmente notable en los tramos más bajos. El informe utiliza la renta disponible equivalente como indicador central para reflejar el bienestar ajustado por tamaño y composición del hogar.
Los datos muestran que al cierre del periodo estudiado había alrededor de 18 millones de hogares y 45 millones de personas en España. De ellos, casi 4 millones de familias y cerca de 10 millones de individuos estaban por debajo del umbral de pobreza; y en situación de pobreza extrema se encontraban aproximadamente 2 millones de hogares y 5 millones de personas. Esos números sitúan el avance en contexto: la mejora es clara, pero persisten retos relevantes para amplios colectivos.
Factores que explican el avance
El estudio atribuye la mejora a tres ejes principales: la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y la introducción del ingreso mínimo vital (IMV). Según los autores, sin esas medidas las tasas de pobreza y pobreza extrema habrían aumentado en 3,8 y 3,56 puntos porcentuales, respectivamente. Además, las prestaciones sociales llegaron a cerca de tres de cada cuatro hogares, lo que refuerza su papel redistributivo: eliminar esos apoyos reduciría la renta media de los beneficiarios en unos 16.482 euros.
Impacto en los deciles más bajos
La mejora ha sido mucho más intensa en los estratos más vulnerables. El primer decil incrementó su renta disponible equivalente alrededor de un 50%, pasando de ingresar una media de 1.536 euros al mes en 2017 a 2.316 euros en 2026. El segundo decil registró una subida superior al 20%, de 6.360 a 7.726 euros en el mismo periodo. A pesar de esos saltos porcentuales, los niveles absolutos de ingreso siguen siendo reducidos y mantienen a muchas familias en situación de fragilidad económica.
Limitaciones: inflación y tramos medios
La renta disponible media creció nominalmente de 17.640,19 euros en 2017 a 22.413,08 euros en 2026, lo que representa un avance del 27%. No obstante, la inflación absorbió gran parte de esa mejora y dejó un avance real limitado, en torno al 7,9%. En los tramos intermedios el avance fue menor: por ejemplo, el decil 5 apenas elevó su renta disponible en un 10%, una situación que el informe vincula a la falta de deflactación del IRPF para ajustar el impuesto a la subida de precios.
Efecto sobre la desigualdad
La mejora en los ingresos de los hogares más pobres se tradujo en un descenso de la desigualdad medido por indicadores entre el 10% más rico y el 90% más pobre: ese diferencial se redujo en 11 puntos durante los siete años analizados, con la excepción de 2026, cuando la caída fue más moderada. También se observa una contención en el índice de Gini, aunque los avances son cautelosos y dependen de la continuidad de las políticas redistributivas.
Persistencia de problemas estructurales y movilidad
El informe identifica grupos con especial vulnerabilidad: hogares encabezados por mujeres, jóvenes, hogares unipersonales, monoparentales y familias numerosas. A pesar de la mejora en los deciles bajos, la estructura de distribución de la renta se muestra bastante estable: la mayor parte de las familias tiende a permanecer en el mismo decil año tras año. Sin embargo, desde la pandemia se observa una mayor movilidad ascendente del primer al segundo decil, mientras que el movimiento inverso es menos frecuente.
En conclusión, el análisis del Instituto de Estudios Fiscales plantea un balance mixto: las políticas públicas recientes han ayudado a elevar ingresos y a moderar la desigualdad, pero millones de personas siguen en riesgo y las ganancias reales se ven erosionadas por la inflación y por límites en la progresividad fiscal. Los autores reclaman reforzar los mecanismos de protección social para consolidar los avances y ampliar la cobertura hacia los colectivos más expuestos.
