La subida del PIB y los ingresos tributarios llevaron a la Agencia Tributaria a ingresar más de 325.000 millones y a cerrar 2026 con las cuentas públicas más saneadas en casi dos décadas
El ejercicio 2026 cerró en España con cifras que dejan huella: una recaudación sin precedentes y un déficit público notablemente inferior al esperado. El Gobierno notificó que el desequilibrio se situó en el 2,2% del PIB, y que, si se incorpora el coste de la dana de la Comunidad Valenciana, la ratio subiría hasta el 2,4% del PIB.
Estas magnitudes contrastan con los niveles postpandemia y marcan un hito en la trayectoria fiscal del país.
La presentación de los datos corrió a cargo del nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que recogió la cartera de María Jesús Montero.
El Ejecutivo atribuye los resultados a una combinación de crecimiento económico y un aumento de los ingresos tributarios, gestionado sin aplicar recortes que deterioren el Estado de bienestar. En la nota oficial se subraya la coexistencia entre ajuste fiscal y la preservación de un escudo social de gran envergadura.
Cómo se logró el avance fiscal
Dos vectores explican la mejora: por un lado, una economía que creció por encima de la media europea, y por otro, un empuje en la recaudación tributaria. En 2026 el PIB creció un 2,8%, cifra que dobla la media de la zona euro y supera a grandes economías como Francia, Italia o Alemania. La Agencia Tributaria ingresó 325.356 millones de euros, un volumen histórico que permitió cerrar el ejercicio con un ajuste presupuestario apreciable y con el primer superávit primario desde 2007. Importa recordar que superávit primario se refiere al saldo positivo de las cuentas públicas antes del pago de intereses de la deuda.
Composición de los ingresos y factores explicativos
El grueso del incremento provino de varios impuestos clave. El IRPF alcanzó los 142.466 millones, con un alza del 10,1% atribuida en gran parte a la mejora del empleo y a la no deflactación de las tarifas ante la inflación. El Impuesto de Sociedades contribuyó con 42.266 millones (+8,1%), impulsado por beneficios empresariales robustos, mientras que el IVA rozó los 99.532 millones (+9,9%) gracias al aumento del consumo y a la desaparición de ciertas rebajas fiscales temporales. Otros componentes, como los impuestos especiales y la tasa Tobin, también elevaron la recaudación total.
Elementos que explican el récord
Además del ciclo económico, la evolución del empleo —con más ocupados y mayores retenciones— y decisiones normativas influyeron en la cifra final. La Administración atribuye una parte del incremento a la dinámica salarial y de precios por la que no se adaptaron las tarifas impositivas, un factor que ha generado debate técnico sobre su peso real en la subida de ingresos. Sea como fuere, el resultado se tradujo en un incremento de recursos públicos que permitió reducir el agujero fiscal en términos absolutos hasta dejarlo en alrededor de 36.780 millones.
Territorialidad del déficit y estructura administrativa
El ajuste no fue homogéneo entre territorios y subsectoras. Las comunidades de la Comunidad Valenciana y Murcia aparecen como las de mayor desequilibrio, por encima del 1,5% del PIB, mientras que Catalunya registró un déficit del 0,54% y la Comunidad de Madrid del 0,34%. En cuanto a los subsectores, la Administración Central concentró buena parte del ajuste, las comunidades empeoraron su saldo agregado y la Seguridad Social y los ayuntamientos mostraron comportamientos más estables.
Indicadores de deuda y horizonte fiscal
Paralelamente, el Banco de España informó de que la deuda pública terminó el año en un volumen que sitúa la ratio en el 100,7% del PIB, el nivel más bajo desde la fase más aguda de la crisis sanitaria. El Gobierno mantiene como objetivo bajar hasta el 90% del PIB en 2031, aunque admite que factores externos —como la tensión en Oriente Medio— generan incertidumbres. Por ese motivo se han movilizado ya recursos extraordinarios, y no se descarta ampliar las ayudas si la situación exige medidas adicionales.
En su primera comparecencia, el ministro Arcadi España defendió una política presupuestaria creíble y responsable que, según el Ejecutivo, ha permitido compatibilizar la consolidación fiscal con la protección social. El reto ahora es mantener la senda de reducción del déficit y la deuda sin renunciar a la inversión pública necesaria para sostener el crecimiento y la cohesión territorial.
