El Ejecutivo autonómico aprueba un decreto ley que combina 75 millones en liquidez, 36,75 millones en ayudas directas y medidas fiscales para aliviar la presión de la crisis
El Govern de les Illes Balears ha articulado un paquete de medidas valorado en más de 160,75 millones de euros con la finalidad de contener los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio. La iniciativa, aprobada mediante el Decreto ley 1/2026, combina instrumentos para garantizar liquidez, ayudas sectoriales directas y cambios fiscales que rebajan la carga sobre familias y empresas.
El Ejecutivo defiende que la intervención es temporal pero con vocación de permanecer durante el año mientras dure la inestabilidad económica.
En esta respuesta se prioriza la protección del tejido productivo y la preservación del empleo, así como evitar que el incremento de costes se traslade a la cesta de la compra.
El paquete pone especial atención en la realidad insular, teniendo en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa y la triple insularidad de Formentera, y establece líneas de trabajo que buscan la coordinación con agentes sociales, consells insulares y ayuntamientos para ajustar la ejecución.
Elementos centrales del paquete
El plan se estructura alrededor de tres ejes principales: apoyo a la liquidez, ayudas directas por sectores y medidas fiscales. Para apuntalar la liquidez se destinan 75 millones de euros en líneas de crédito a través de ISBA, que cubrirán una parte significativa de avales e intereses para facilitar el acceso a financiación. En paralelo, se han reservado 36,75 millones de euros en ayudas directas para los sectores más afectados por el alza de costes, con criterios que ponderan la insularidad y la dimensión de las empresas.
Sector primario
El sector agrario y pesquero recibe un paquete de 13,5 millones de euros para atender sobrecostes concretos: inversiones agrarias, alimentación del ganado, fertilizantes y combustibles. La distribución incluye partidas específicas como 5 millones para inversiones agrarias, 3,5 millones por el encarecimiento del pienso, 1,5 millones para fertilizantes y fondos para convocatorias de bonos de producto local. También se contemplan ayudas para cubrir el sobrecoste del combustible agrícola y pesquero, con el objetivo de sostener la producción local.
Transporte, industria y comercio
El paquete asigna 9,75 millones al transporte —con 6 millones específicamente para compensar el incremento del combustible en el transporte de mercancías— y partidas para transporte discrecional, taxis y programas de desguace de vehículos. Para la industria, la construcción y el comercio se han movilizado 13,5 millones, incluyendo ayudas destinadas a autónomos y pymes para afrontar la subida de materias primas, bonificaciones comerciales y apoyo a empresas exportadoras que sufran sobrecostes por el transporte.
Medidas fiscales y contractuales
En el ámbito tributario el decreto incorpora medidas con un impacto estimado en torno a 4 millones de euros. Se recupera una deducción autonómica en el IRPF destinada a mitigar el encarecimiento de las hipotecas a tipo variable, y se aprueban bonificaciones en tasas portuarias del 50% para actividades económicas y del 100% para pescadores profesionales, vigentes hasta el 30 de junio y ampliables hasta el 30 de septiembre. Además, como novedad importante, las ayudas recibidas por personas físicas derivadas del decreto no tributarán en el IRPF, mediante una nueva deducción específica.
Revisión de contratos públicos
El texto establece también mecanismos para la revisión de precios en contratos públicos de obra y servicios, con el fin de adaptar adjudicaciones a la escalada de costes y garantizar su viabilidad. Estas cláusulas de ajuste buscan evitar quiebras financieras en adjudicatarias y preservar la ejecución de proyectos esenciales, aportando certidumbre a contratistas y administraciones frente a la volatilidad de precios en materias primas y combustible.
Trámite político, alcance y próximos pasos
El Ejecutivo autonómico ha buscado un respaldo amplio y ha apelado al consenso de los grupos políticos y agentes sociales. Fuentes del Govern han señalado el apoyo del PSOE y han pedido responsabilidad a todas las formaciones para facilitar la convalidación del decreto. El paquete se concibe como un primer bloque, susceptible de ampliación según evolucione el conflicto internacional, y el Govern prevé reclamar al Estado compensaciones adicionales o financiación complementaria dada la singularidad insular.
Compromiso salarial y seguimiento
El decreto incluye asimismo cobertura legal para aplicar una subida salarial del 1,5% a la plantilla de la administración autonómica con carácter retroactivo al 1 de enero de este año. El conjunto de medidas combinará ejecución administrativa rápida —con refuerzos en la tramitación de ayudas— y seguimiento continuo para evaluar resultados, con el propósito de blindar empleo y minimizar el impacto en el consumo de las familias en las Illes Balears.
