Armengol y Torres han presentado declaraciones escritas en el juicio del caso Koldo, enfatizando la urgencia sanitaria y la legalidad administrativa mientras la Fiscalía mantiene peticiones de prisión contra los acusados principales
La primera sesión del procedimiento conocido como caso Koldo arrancó con la lectura de declaraciones por escrito de dos figuras políticas: Francina Armengol, presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Ambos ejercieron como gobiernos autonómicos en la fase más aguda de la pandemia y explicaron ante la sala la lógica detrás de las adquisiciones de material sanitario, en especial las relativas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada por los investigadores a la trama investigada.
En sus escritos, los dos testigos subrayaron que las compras se realizaron cuando el mercado tradicional había colapsado y que se recurrió a fórmulas extraordinarias para garantizar suministros. Armengol recordó su etapa al frente del Govern balear (2015-2026) y las dificultades añadidas por la insularidad, mientras Torres defendió la tramitación administrativa y negó haber impartido órdenes a favor de la citada empresa. Ambos insistieron en que las decisiones concretas de contratación correspondieron a los órganos competentes de contratación pública.
Los argumentos de defensa: emergencia y competencias
Armengol justificó las compras por la falta de disponibilidad de material en los canales habituales y por la necesidad de actuar con rapidez para proteger a la población. Señaló que, hasta septiembre, Baleares había adquirido mascarillas por un importe aproximado de 38 millones de euros a diversas compañías en un mercado con producción mayoritaria desde China. Además, añadió que desconocía detalles de la tramitación administrativa y negó haber recibido presiones de cargos públicos para adjudicar contratos concretos a Soluciones de Gestión.
Por su parte, Torres subrayó que las instancias que revisaron los expedientes relativos a la compañía no apreciaron riesgo de ilegalidad y que la actuación se ajustó a la normativa vigente en situaciones excepcionales. El ministro defendió la veracidad técnica y administrativa de los procedimientos y negó haber ordenado favores o intervenciones en favor de la empresa investigada.
Contexto judicial y piezas del caso
Este procedimiento es la primera pieza que se juzga del complejo entramado que investiga las adjudicaciones de la pandemia y la Fiscalía solicita penas relevantes para los acusados principales: entre ellas, hasta 24 años de prisión para José Luis Ábalos y alrededor de 19,5 años para Koldo García, según la calificación pública. Otras acusaciones populares han reclamado medidas incluso más gravosas, mientras que Víctor de Aldama afronta una petición menor de prisión, unos 7 años, tras reconocer hechos y colaborar con la investigación.
El caso se ha nutrido de investigaciones iniciadas a partir de denuncias y averiguaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. La operación inicial, bautizada como Delorme, acabó con detenciones —entre ellas la de Koldo García— y con la vinculación de varias empresas, entre ellas la citada Soluciones de Gestión, a contratos formalizados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes.
Antecedentes y detenciones
La causa adquirió notoriedad tras las primeras detenciones en febrero de 2026, que sacudieron el mapa político al afectar a personas del entorno del ministerio responsable de varias adjudicaciones. Los investigadores sostienen la existencia de una red que habría aprovechado el contexto de emergencia sanitaria para flexibilizar controles y formalizar contratos en condiciones que, según la Fiscalía, permitieron beneficios irregulares.
Acusaciones, pruebas y defensas
Entre las pruebas examinadas en instrucción figuran mensajes, grabaciones y documentación contractual que la Guardia Civil y la Fiscalía consideran relevantes para trazar conexiones entre los investigados. No obstante, las defensas de los principales imputados han cuestionado la interpretación de esos elementos y han mantenido su inocencia. La declaración escrita de Armengol incluyó el apunte de que recibió mensajes de Koldo García pero que no recuerda su contenido; en paralelo, Torres negó haber favorecido a la empresa investigada.
Lo que sigue en el proceso
El juicio continuará analizando las piezas y las pruebas aportadas por las partes, con especial atención a la relación entre funcionarios, asesores y empresarios durante la contratación en pandemia. El desarrollo del proceso determinará si las acusaciones de la Fiscalía —respaldadas por algunos reconocimientos, como el de Aldama— llegan a prosperar en condenas firmes o si, por el contrario, la Sala concluye que las actuaciones respondieron a las urgencias del momento y a la correcta aplicación de la normativa de contratación pública.
Mientras tanto, la vista ha servido para que figuras institucionales como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres contextualicen sus decisiones y defiendan la legalidad de sus actuaciones en una causa que sigue generando controversia política y jurídica.
