La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido convocada a un acto de conciliación solicitado por Julio Iglesias, que reclama rectificación y compensación tras las declaraciones sobre la denuncia de dos extrabajadoras

La causa que enfrenta a Yolanda Díaz y a Julio Iglesias ha dado un nuevo paso procesal: la Sección Civil del Tribunal de Instancia nº 58 de Madrid ha acordado celebrar un acto de conciliación en el que se intentará, antes de cualquier querella, que las partes alcancen un acuerdo o que la demandada rectifique las manifestaciones impugnadas.
La citación fija el encuentro para el 19/05/2026 a las 09:30, un trámite que, en la práctica, suele celebrarse con la presencia de abogados o procuradores y bajo la supervisión del letrado de la administración de justicia.
El origen del conflicto son las declaraciones públicas de la dirigente política en torno a una denuncia presentada por dos extrabajadoras contra el artista, que atribuyeron presuntas agresiones y otras conductas graves. Tras la difusión de esos testimonios, la Fiscalía archivó las diligencias instructoras por falta de competencia y por cuestiones de territorialidad, al entender que los hechos habrían ocurrido fuera de España. Sin embargo, el artista interpuso una demanda civil contra la vicepresidenta reclamando reparación por daño moral y la rectificación de sus palabras.
Qué pide la demanda y qué busca el acto de conciliación
Según el escrito presentado por el abogado del cantante, José Antonio Choclán, la demanda por presuntas injurias y calumnias persigue que Yolanda Díaz reconozca el perjuicio causado, rectifique públicamente las afirmaciones y compense económicamente los daños derivados de la difusión de sus frases. El letrado solicita que la rectificación se realice en los mismos medios y franjas horarias en las que se difundieron las expresiones impugnadas, e insiste en que el acto de conciliación es un requisito previo a la presentación de una querella por delitos con publicidad.
Declaraciones y medios implicados
Entre los episodios objetados por la representación de Iglesias están un mensaje en la red social Bluesky y una entrevista en RTVE, donde, según la demanda, la ministra formuló juicios de culpabilidad respecto a las conductas denunciadas por las trabajadoras. En sus intervenciones, la política calificó los testimonios como «escalofriantes» y habló de situaciones que, a su juicio, concentraban vulneraciones de derechos fundamentales; esas expresiones son las que ahora se discuten en sede civil como posibles manifestaciones injuriosas.
Posición de la defensa y del Gobierno
La defensa de Julio Iglesias aboga por que el encuentro sirva para que la demandada admita el daño causado y rectifique; en caso contrario, amenaza con llevar el asunto a la vía penal. Por su parte, desde la Vicepresidencia han señalado que defenderán su derecho a alzar la voz en favor de las mujeres trabajadoras, recordando que la ministra ha manifestado su intención de apoyar a posibles víctimas y reclamar medidas contundentes cuando haya indicios de abusos. La disputa muestra el choque entre la protección de la reputación individual y la postura pública en favor de las víctimas.
El archivo fiscal y las implicaciones procesales
En enero la Fiscalía archivó las diligencias abiertas el pasado 23 de enero tras examinar su competencia y la jurisdicción española. El ministerio público adujo que, según los indicios recabados, los hechos habrían ocurrido fuera del territorio nacional —específicamente en la República Dominicana y las Bahamas— y que no concurrían los requisitos del principio de personalidad activa ni otras conexiones materiales exigidas para continuar la investigación en España, independientemente de que el artista mantenga propiedades en nuestro país.
Qué puede ocurrir tras la conciliación
Si la conciliación no prospera —algo habitual en este tipo de procedimientos— la vía civil seguirá su curso y, eventualmente, podría activar la presentación de una querella en la jurisdicción penal por parte del demandante. Además, por la condición de aforada de la demandada, cualquier causa penal futura podría llegar al Tribunal Supremo. Mientras tanto, el procedimiento civil pretende delimitar responsabilidades por las manifestaciones públicas y cuantificar un posible resarcimiento conforme a la difusión lograda por las declaraciones impugnadas.
Conclusión
El acto fijado para el 19/05/2026 a las 09:30 será una ventana para intentar cerrar la polémica mediante acuerdo o, si no, un paso más en un procedimiento que combina elementos políticos, mediáticos y jurídicos. En el centro permanecen las declaraciones relativas a las presuntas agresiones denunciadas por las extrabajadoras, el archivo por parte de la Fiscalía y la reclamación de Julio Iglesias por la reparación del daño que, según su defensa, le habrían causado las expresiones de Yolanda Díaz.
