La Generalitat ha acelerado el despliegue de la red de recarga con 2.500 puntos públicos tras gastar 151 millones en el primer año del PIVECat
El 08/04/2026 la Generalitat presentó el balance del primer año del PIVECat, su plan para impulsar la movilidad eléctrica hasta 2030. Según el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, la ejecución alcanza los 151 millones de euros, por encima de los 103 millones inicialmente previstos.
Ese esfuerzo ha permitido añadir 2.500 puntos de acceso público a la infraestructura de recarga, una cifra que representa un avance significativo pero parcial frente al objetivo final de 9.000 puntos.
El programa combina fondos estatales y autonómicos para apoyar tanto la red pública como la renovación de flotas y la producción local.
Gran parte del presupuesto procede del plan Moves del Gobierno, y la Generalitat ha destinado recursos adicionales para líneas de fomento y ayudas directas. En términos prácticos, el plan no solo busca enchufar más puntos; pretende reducir la incertidumbre de la recarga, un obstáculo repetido por los usuarios a la hora de pasarse al vehículo eléctrico.
Balance del primer año
El primer ejercicio del plan ha mostrado una ejecución presupuestaria superior a la prevista y una activación de medidas complementarias. De los 151 millones ejecutados, 131 millones proceden del plan Moves y la Generalitat ha aportado otros 19 millones en diferentes líneas de apoyo. Además del despliegue de 2.500 puntos de recarga, el programa ha promovido la compra de vehículos, la renovación de flotas y la inversión en producción. La cifra final subraya que la iniciativa ha ganado velocidad, aunque el despliegue completo hasta los 9.000 puntos previstos seguirá requiriendo recursos y coordinación entre administraciones y empresas.
Inversión y financiación
La arquitectura financiera del plan combina partidas para compra de vehículos y para infraestructura. En concreto, se movilizaron 100 millones del plan Moves para ayudas a la adquisición de coches electrificados y otros 25 millones para subvencionar la ampliación de la red de puntos de recarga. A estas cantidades se suman ayudas directas a empresas: unas 250 compañías han recibido apoyo para renovar sus flotas y se han destinado hasta 6 millones para inversiones productivas en el sector de la automoción. Además, la Generalitat incorporó 900 vehículos eléctricos a su flota institucional como parte de la estrategia de demanda pública.
Despliegue territorial y flotas
La voluntad declarada por la Generalitat es que la red llegue a todo el territorio, aunque la demanda se concentra en la provincia de Barcelona y su área metropolitana. En esta primera fase muchas de las infraestructuras impulsadas responden a necesidades de flotas institucionales y de personal, lo que explica que la titularidad de buena parte de los puntos sea privada o ligada a gestores concretos. No obstante, la intención es avanzar hacia una cobertura más homogénea para reducir disparidades entre regiones urbanas y rurales.
Coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona
Un hito del primer año ha sido el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para crear una red de recarga común, lo que facilita la interoperabilidad y la experiencia del usuario. La cooperación entre administraciones busca evitar solapamientos y optimizar la ubicación de los cargadores, atendiendo a flujos de tráfico y densidad de vehículos electrificados. Este tipo de sinergias públicas pretende también atraer inversiones privadas y ofrecer soluciones conjuntas para la gestión energética y la planificación urbana.
Impacto y retos
El conseller ha vinculado además el impulso de la electromovilidad a factores externos como el aumento del precio de la energía motivado por la guerra en Irán, lo que, según su criterio, puede acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico si se aprovecha como oportunidad geopolítica. En cuanto a la penetración de mercado, los vehículos electrificados han ganado casi diez puntos en la autonomía, alcanzando una cuota del 24% según datos de Andac. Aun así, persisten retos como la distribución territorial de puntos, la financiación sostenible del despliegue hasta 2030 y la integración con la red eléctrica para gestionar picos de demanda.
