En el Tribunal Supremo un exresponsable de LogiRail aseguró que recibió dos llamadas de Koldo García por el trato a Claudia Montes, aportando otra pieza al proceso que investiga contrataciones y presuntas presiones políticas
En la sesión celebrada en el Tribunal Supremo el 9 de abril de 2026, un antiguo directivo de LogiRail declaró sobre contactos telefónicos que vinculó con la situación laboral de Claudia Montes, ex Miss Asturias. El testimonio forma parte del procedimiento conocido como el caso mascarillas, que además analiza supuestas irregularidades en contrataciones y la posible injerencia del entorno del exministro José Luis Ábalos.
En su intervención, el exgerente puntualizó circunstancias laborales, episodios de ausencia y comunicaciones internas que acabaron generando una disputa en la filial de Renfe.
El testigo, Enrique Martínez Torres, había tenido que posponer su comparecencia por motivos de salud y finalmente declaró en la mañana del 9 de abril de 2026.
Según relató, recibió dos llamadas de Koldo García en las que, a su juicio, hubo reproches por el tratamiento que recibía Montes en la empresa; la frase «iban a rodar cabezas» fue citada por Martínez al describir el tono de las conversaciones. Su relato conecta decisiones internas —como la apertura de un expediente y cambios de dirección— con presiones externas señaladas por la acusación.
Las llamadas y la gestión interna en LogiRail
Martínez explicó que la situación se precipitó porque la empleada llevaba más de ocho días sin acudir a su puesto tras una formación en Santiago de Compostela que concluyó a principios de 2026. Ante esa ausencia, comunicó al entonces director gerente, José Ángel Méndez, la necesidad de iniciar un procedimiento disciplinario, un expediente con posibilidad de despido. Sin embargo, justo cuando se iba a tramitar esa medida, Méndez fue cesado y la nueva dirección decidió mantener a Claudia Montes en su puesto y mejorar sus condiciones, lo que tensionó la relación entre la antigua y la nueva gerencia.
Cambio de dirección y consecuencias laborales
El relevo en la gestión de la filial, con la llegada de Óscar Gómez Barbero, acabó provocando el cese de Martínez en marzo de 2026, según su propia versión, porque la nueva dirección no compartía sus actuaciones. Martínez aclaró asimismo que, por orden de la dirección anterior, llamó a la interesada para notificarle la apertura de un pliego de expediente. En esa comunicación, dijo, la propia Montes le comentó que había hablado con alguien del Ministerio —a quien identificó como Koldo— que le había dicho que no era necesario acudir a trabajar.
La versión de Claudia Montes sobre su incorporación
Claudia Montes, que obtuvo el título de Miss Asturias en 2017, declaró ante el tribunal que accedió a la plantilla de LogiRail tras recibir ayuda de José Luis Ábalos en un acto del PSOE en Gijón, donde este le facilitó enlaces de empleo. A su llegada a la oficina de Oviedo, aseguró, encontró un puesto que no le permitía desarrollar las funciones para las que se había presentado: un lugar sin ordenador y de cara a la pared. Ante esa situación, relató que dedicaba parte del tiempo a buscar información en la biblioteca de Oviedo e incluso escribió a Koldo García, a quien consideraba su superior.
Baja por acoso y notificación de despido
Montes declaró que terminó cogiendo una baja por acoso laboral y que días después recibió un burofax en el que se le comunicaba su despido. Martínez, por su parte, aseguró no tener constancia de una denuncia previa por acoso cuando fue cesado. La discrepancia en las versiones sobre las notificaciones, los contactos y la atribución de responsabilidades forma parte del debate que el tribunal está examinando en esta pieza del procedimiento.
Implicaciones penales y posiciones de la Fiscalía
Además de las irregularidades laborales, el procedimiento investiga si Ábalos impulsó contrataciones de personas de su entorno, como Claudia Montes y Jésica Rodríguez, en empresas públicas vinculadas al Ministerio. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Ábalos y a su exasesor hasta siete delitos —entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación— y solicita penas de prisión que alcanzan los 24 años para el exministro y 19,5 años para Koldo García. Las acusaciones populares elevan esas peticiones, y para otros implicados como Víctor de Aldama se reclaman condenas menores tras atenuantes como la confesión.
