Ignacio Garriga defiende que Vox no tiene casos de corrupción y revela una batería de acciones legales para resarcir lo que considera difamación
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció en una entrevista en RNE una batería de medidas judiciales contra ex cargos que han vertido críticas públicas contra la dirección nacional. Según el dirigente, la formación ha iniciado una ofensiva para proteger su imagen y su credibilidad, recurriendo a instrumentos legales que calificó como necesarios frente a lo que considera difamación.
En su intervención radiofónica, Garriga subrayó la intención de la dirección de no dejar impunes declaraciones que, a su juicio, dañan la marca política y la confianza de sus afiliados y votantes.
En términos concretos, la organización atribuye a su defensa jurídica la presentación de más de 36 querellas por supuesta difamación y la remisión de aproximadamente una treintena de solicitudes de rectificación a distintos medios de comunicación.
Estas actuaciones, según la dirección, persiguen tanto la reparación del daño reputacional como la prevención de publicaciones que consideren inexactas. Garriga explicó que la estrategia combina acciones penales y comunicaciones formales a redacciones para exigir correcciones cuando los hechos, en su opinión, han sido falseados o sacados de contexto.
La ofensiva judicial como herramienta de defensa
La dirección de Vox describe la campaña legal como una respuesta estructurada y continuada, no como una reacción puntual. El partido insiste en presentar evidencias y llevar ante los tribunales las acusaciones que juzga injuriosas, destacando que su objetivo principal es la protección de dirigentes y del proyecto político. Garriga defendió que Vox mantiene «cero casos de corrupción» y que no existen abiertas investigaciones judiciales que salpiquen ni a su cúpula ni a sus cuentas, por lo que la organización reclama que cualquier insinuación distinta sea aclarada o rectificada mediante los procedimientos legales adecuados.
Acusaciones hacia los partidos tradicionales
En su réplica pública, Garriga no se limitó a justificar las querellas: también cargó contra el Partido Popular y el PSOE, a los que definió como «dos caras de la misma moneda» por su interpretación. El secretario general sostuvo que ambas fuerzas estarían intentando «ensuciar» el debate político y buscarían asociar a Vox con prácticas corruptas para diluir la atención sobre sus propios procesos. Esa crítica incluye, según Garriga, una táctica de equiparación que pretende colocar a su partido en el mismo plano que investigaciones que afectan a miembros y responsables de otras formaciones.
Referencias concretas a casos ajenos
Garriga mencionó, sin detallar procedimientos, expedientes vinculados al exministro José Luis Ábalos y episodios que involucraron a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy como ejemplos de asuntos que, en su opinión, explican el nerviosismo de los grandes partidos. La tesis planteada por la dirección de Vox es que esas investigaciones motivan una estrategia de distracción que pasa por intentar arrastrar al partido a controversias que no le corresponden. Con ello, según Garriga, el propósito sería «meter a Vox en el mismo saco» para restar protagonismo a sus propios problemas.
Imagen pública y objetivos electorales
Ante los ataques, la respuesta oficial de Vox es reafirmar que pretende consolidarse como la alternativa política «limpia» y fiable. Garriga, identificado también como líder catalán del partido, defendió que no van a ceder ante campañas hostiles y que mantendrán la vía jurídica siempre que sea necesario para salvaguardar su posición pública. La dirección afirma que las querellas y las peticiones de rectificación forman parte de una estrategia más amplia para proteger la integridad del proyecto y asegurar que la opinión pública reciba información veraz sobre su organización.
Posibles consecuencias y seguimiento
El recurso a la vía penal y a las solicitudes formales a medios puede intensificar la confrontación entre Vox y otros actores políticos y mediáticos, con el riesgo de alimentar la polarización informativa. Si las acciones prosperan, podrían derivar en rectificaciones públicas y en procesos judiciales que delimiten responsabilidades; si no lo hacen, la disputa seguirá alimentando la narrativa de acoso que denuncia la propia formación. En cualquier caso, la postura del partido deja claro que apuesta por utilizar herramientas legales para gestionar su reputación y condicionar el relato sobre su actividad política en los próximos meses.
