Un panel de apelaciones frenó temporalmente una orden que suspendía el proyecto, manteniendo vivo el debate sobre seguridad nacional y preservación histórica
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. dictó una medida que permite que continúe, de forma temporal, la construcción del salón de baile proyectado en los terrenos de la Casa Blanca, hasta el 17 de abril. La decisión, tomada por un panel de tres jueces con votación de 2-1, suspende en parte una orden anterior de la instancia inferior que había exigido detener las obras antes del 14 de abril, al considerar que el proyecto podría exceder la autoridad presidencial sin la debida aprobación legislativa.
La obra generó polémica desde que en octubre se inició la demolición del antiguo East Wing para dar paso al nuevo edificio, que según estimaciones podría albergar hasta 1.000 invitados y cuya inversión ha sido cifrada en al menos $300 millones, con reportes que mencionan hasta $400 millones dependiendo de la fuente.
La apelación abre además la posibilidad de que la controversia llegue a la Corte Suprema si las partes así lo solicitan.
El alcance del fallo y los pasos procesales
El tribunal de apelaciones no resolvió el fondo del pleito, sino que devolvió el expediente al juez de primera instancia para que aclare puntos específicos vinculados con seguridad y autoridad presidencial. En la práctica, esa orden concede a la administración unos días adicionales para proseguir con trabajos que, según sus abogados, son esenciales para la protección del complejo presidencial. El juez de distrito Richard J. Leon había emitido una medida cautelar preliminar a finales de marzo, al estimar que la demanda presentada por el grupo preservacionista tenía probabilidades de éxito y que, como guardián de la residencia oficial, el presidente no actúa como propietario privado de la misma.
Argumentos en torno a la seguridad
La posición de la administración
El gobierno ha defendido el proyecto alegando que la modernización es una **necesidad para la protección** del presidente, su familia y la operación permanente de la Casa Blanca. En sus escritos judiciales, la administración detalló la adquisición e instalación de materiales y estructuras con especificaciones militares, como columnas de acero resistentes a misiles, techos diseñados para repeler drones, y vidrios bala y explosión certificados, además de espacios subterráneos destinados a hospital y refugios, que describieron como parte de una obra integral. La defensa sostiene que un paro en las labores pondría en riesgo instalaciones ya iniciadas y dejaría un hueco operativo en un área sensible.
La respuesta del sector de preservación
La National Trust for Historic Preservation, demandante en el caso, replicó que las afirmaciones de emergencia son exageradas y que gran parte de lo que la Casa Blanca describe como crítico para la seguridad se ubica bajo tierra y, según el grupo, nunca fue objeto de protesta. La entidad afirmó que la ley exige la participación del Congreso para obras de esa magnitud en propiedad federal y señaló que la ausencia de un gran salón no ha impedido hasta ahora que la Casa Blanca funcione como residencia ni que organice actos oficiales. Su presidenta, Carol Quillen, agradeció la rapidez del tribunal de apelaciones y dijo que esperarán la clarificación del juez de distrito.
