El próximo de 9 de mayo expira la prohibición de los cortes de suminsitros promulgada el pasado año, respecto al pago de la luz, gas y agua en pandemia, la cual beneficiaba a los sectores más vulnerables de la población española, debido a que fueron cancelados los cortes por incumplimiento en los pagos.
Esta medida fue aprobada en decreto, el mes de diciembre 2020, para proteger a una parte de los ciudadanos del país con las características específicas, según reza el documento original, en lo concerniente a la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas: «a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social».
Sin embargo, Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, no hizo mención al caso, en su alocución desde el Congreso, el pasado miércoles, lo que ha generado incertidumbre en el equipo que conforma el Ejecutivo Nacional. Principalmente para los Ministros de Unidades Podemos, para los cuales la medida debe extenderse en beneficio de las familias más vulnerables, tal como se han hecho extensivas otras medidas que, son parte de ese decreto firmado en diciembre. Por lo que manifestaron:
«Para nosotros la prórroga de la prohibición de cortar los suministros básicos es fundamental, porque no podemos entender el derecho a una vivienda digna si no se incluyen los suministros: una vivienda tiene que tener garantizada una temperatura adecuada y que la gente tenga agua y luz».
El Presidente, hizo el anuncio formal, de la extensión hasta el mes de agosto, del veto a los desahucios en los casos en que los implicados no puedan ser reubicados por la administración, a una vivienda alternativa. Asimismo, también declaró una prórroga para el mes de agosto, los petitorios de condonación parcial de alquileres, para inquilinos con dificultades económicas.
Una vez aseguradas estas dos medidas por Sánchez, las inquietudes se dejaron sentir en parte del equipo de trabajo por los intereses de los ciudadanos, debido a que no ha sido mencionada la medida respecto a los suministros de servicios básicos, a pocos días de su caducidad.
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