La declaración de zona de mercado tensionado busca regular los precios del alquiler en A Coruña.
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Contexto de la intervención en el mercado de alquiler
La ciudad de A Coruña ha dado un paso significativo en la regulación de los precios del alquiler al convertirse en el primer municipio de Galicia en declarar una zona de mercado tensionado.
Esta decisión, respaldada por la Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia, se produce en un contexto donde la presión sobre el mercado de la vivienda ha alcanzado niveles críticos. La autorización, que llega tras la solicitud del ayuntamiento coruñés, busca mitigar el impacto de los altos precios de alquiler que afectan a numerosos ciudadanos.
Reacción del Gobierno y la oposición
A pesar de la aprobación de la intervención, la Xunta ha mostrado reticencias hacia la ley de Vivienda, que ha sido objeto de controversia desde su promulgación. La consejera de Vivienda, María Martínez, ha calificado la normativa de “intervencionista” e “ineficaz”, lo que ha generado un debate sobre la efectividad de las medidas propuestas. Sin embargo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha instado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP a no obstaculizar la regulación, enfatizando la necesidad de una respuesta coordinada ante la crisis de vivienda.
Medidas propuestas por el ayuntamiento de A Coruña
El ayuntamiento de A Coruña ha presentado un plan que incluye 12 medidas concretas para abordar la situación del alquiler. Entre estas, se destacan la agilización de la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación de inmuebles existentes y la implementación de rebajas fiscales para fomentar alquileres asequibles. Este enfoque integral busca no solo regular los precios, sino también aumentar la oferta de vivienda en la ciudad, un aspecto crucial para aliviar la presión sobre el mercado.
El futuro del mercado de alquiler en Galicia
La decisión de A Coruña se produce en un momento clave, a solo días de la Conferencia de Presidentes en Barcelona, donde se debatirá la problemática de la vivienda a nivel nacional. Con la aprobación de la declaración de zona tensionada, el ayuntamiento tiene un plazo de dos meses para presentar un plan específico que detalle cómo se implementarán las medidas propuestas. Este proceso, aunque polémico, podría sentar un precedente para otras comunidades autónomas que enfrentan desafíos similares en el ámbito del alquiler.
