Un tribunal bloquea los aranceles impuestos por Trump, afectando la política comercial de EE.UU.
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Contexto de la decisión judicial
Recientemente, un tribunal comercial federal ha dictaminado que el expresidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a prácticamente todos los países, en lo que él denominó el “día de la liberación”.
Esta decisión, que se produce en un momento crítico para la economía mundial, anula los gravámenes que habían desencadenado una guerra comercial global, poniendo en riesgo el sistema económico internacional. La resolución del tribunal se basa en la Ley de Poder Económico de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que Trump invocó para justificar sus acciones.
Sin embargo, los jueces concluyeron que esta ley no otorga al presidente el poder unilateral para imponer aranceles universales.
Implicaciones para la política comercial de EE.UU.
La anulación de estos aranceles representa un golpe significativo para las ambiciones comerciales de Trump, ya que su estrategia se centraba en utilizar la presión arancelaria para forzar a otros países a firmar acuerdos más favorables para Estados Unidos. Los aranceles, que iban desde un 10% hasta gravámenes recíprocos, afectaban a decenas de naciones, aunque algunos sectores, como el aluminio y el acero, quedaban exentos. Sin embargo, los aranceles específicos relacionados con el tráfico de drogas, como el fentanilo, también fueron cuestionados, lo que pone de relieve la complejidad de la situación.
Reacciones y próximos pasos
La administración Trump ha anunciado su intención de apelar la decisión, lo que sugiere que la batalla legal sobre los aranceles está lejos de terminar. Un portavoz de la Casa Blanca criticó la resolución judicial, argumentando que los jueces no electos no deberían tener la autoridad para decidir cómo manejar una emergencia nacional. Esta postura refleja la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial en cuestiones de política económica. Además, el fiscal general de Oregón, uno de los demandantes, subrayó que la Constitución no otorga al presidente autoridad ilimitada para alterar la economía, enfatizando la importancia de la legalidad en la toma de decisiones comerciales.
