Hacienda propone recortar la bonificación fiscal en el IRPF para propietarios que suban el alquiler al renovar contratos; la iniciativa busca disuadir incrementos y aún debe cerrar acuerdos con los grupos parlamentarios.
El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa una propuesta para utilizar el IRPF como instrumento de política residencial con el objetivo de contener las subidas de precios en el mercado del alquiler. La idea central consiste en modular la actual deducción aplicada a los propietarios cuando ponen una vivienda en arrendamiento: los caseros que opten por incrementar la renta al firmar un nuevo contrato verían reducida la bonificación fiscal que ahora disfrutan.
La iniciativa se encuentra en fase de negociación con los grupos parlamentarios y requiere el apoyo de los socios de investidura. En las conversaciones han surgido discrepancias, sobre todo con la formación Sumar, que considera insuficiente una merma en la deducción y reclaman medidas más vinculantes para frenar la escalada de rentas.
¿qué plantea exactamente la propuesta?
Según el texto que maneja el Ejecutivo, la propuesta no busca suprimir la exención fiscal, sino reducir la bonificación general que ahora permite tributar por la mitad del rendimiento neto del alquiler en muchos casos. En concreto, Hacienda propone modular la deducción general del 50% para los propietarios que, de forma voluntaria, eleven las rentas al celebrar un nuevo contrato con un inquilino. El objetivo es introducir un desincentivo fiscal a aquellas decisiones que puedan alimentar la escalada de precios en momentos de alta renovación de contratos.
Alcances y excepciones de la medida
Desde el Ministerio se subraya que la reforma se aplicaría, en principio, solo a los incrementos realizados en la renovación contractual y no a los aumentos indexados al IPC, que están permitidos por ley. Además, la iniciativa diferencia entre distintas modalidades de uso: se pretende mantener un trato preferente para el régimen de alquiler residencial de largo plazo —por ejemplo, contratos de cinco años— y no bonificar modalidades turísticas o de temporada, que hasta ahora no suelen contar con incentivo fiscal estatal.
Zonas tensionadas y bonificaciones especiales
La propuesta parte de la experiencia de las comunidades que aplican la ley de vivienda y declaran zonas tensionadas, donde ya existen deducciones más generosas para premiar reducciones de renta o contratos dirigidos a jóvenes. En estas áreas, las bonificaciones pueden elevarse si la renta baja respecto al contrato anterior. Con el nuevo planteamiento, Hacienda quiere que la fiscalidad sirva tanto para premiar a quien mantenga o reduzca la renta como para penalizar aumentos que empujan la escalada de precios.
Resistencia política y complementos regulatorios
La propuesta ha chocado con la oposición de parte de los socios del Ejecutivo, que la ven como una medida insuficiente y demandan medidas más drásticas, como prórrogas extraordinarias de contratos. Conseguir un acuerdo entre formaciones con posiciones muy distintas en materia de vivienda —desde medidas fiscales hasta regulaciones directas de la prórroga de contratos— es complejo y alarga las deliberaciones en el Congreso.
Otras líneas en discusión
Paralelamente a la modificación del IRPF, el Ejecutivo estudia endurecer los requisitos para los contratos de temporada y regular con más detalle el alquiler por habitaciones. Entre las propuestas figura que la suma de las rentas por habitaciones no supere la renta de un contrato de vivienda completa y la aplicación de controles de renta en las zonas declaradas tensionadas. También se barajan sanciones administrativas para usos irregulares del alquiler de corta duración.
Por ahora no hay medidas aprobadas: la iniciativa forma parte de un paquete mayor sobre vivienda que Hacienda ha trasladado a los grupos parlamentarios y cuya concreción dependerá del diálogo político. La propuesta refleja un giro hacia el uso de la fiscalidad como herramienta de regulación del mercado del alquiler, con la intención de combinar incentivos y desincentivos para frenar subidas bruscas de precio sin eliminar por completo los beneficios fiscales a los propietarios.
