el nuevo fondo gestionado por el ICO promete bonificaciones de hasta el 30% en préstamos y movilizar miles de millones para que promotores privados construyan vivienda asequible
El Gobierno ha puesto en marcha España crece, un fondo soberano con la finalidad de resolver uno de los problemas más acuciantes del mercado inmobiliario: la escasez de vivienda a precios asequibles. Gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), este vehículo incorpora recursos públicos y europeos para ofrecer condiciones financieras que hagan rentables proyectos que, en condiciones normales, apenas generan margen.
La medida clave es la posibilidad de aplicar una quita de hasta el 30% en los préstamos ligados a promociones que cumplan los requisitos pactados con la entidad. Gracias a una mezcla de capital público, préstamos del Plan de Recuperación y transferencias no reembolsables, el fondo pretende atraer a promotores privados y aliviar el papel activo que hasta ahora ha asumido el sector público.
Mechanismo financiero y recursos disponibles
El diseño financiero del instrumento combina distintos flujos: por un lado, el fondo recibe una aportación inicial y fondos europeos que permiten conceder descuentos en las condiciones crediticias; por otro, el ICO usará su capacidad para apalancar capital y emitir bonos avalados por el Estado. En cifras, el vehículo incorpora 2.800 millones procedentes de transferencias no reembolsables y otros recursos que, sumados a préstamos del Plan de Recuperación, dan solidez a la oferta.
Apalancamiento y movilización de capital
El ICO confía en su ratio habitual de apalancamiento —una multiplicación cercana a 7 euros por cada euro aportado— para ampliar el efecto del capital inicial. La expectativa es que, tras la aportación pública inicial de 2.000 millones y la capacidad de movilización del ICO, el fondo pueda impulsar hasta 14.000 millones en iniciativas promotoras; el resto, alrededor de 9.000 millones, se espera que provenga de inversores privados.
Prioridades de inversión y condiciones para promotores
La prioridad del fondo es financiar la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible, aunque también se contempla el apoyo a operaciones de alquiler con opción a compra cuando las viviendas se desarrollen en suelo privado. Las viviendas edificadas en suelo público disfrutarán de protección permanente, mientras que las promovidas en suelo privado mantendrán su protección durante el periodo en que esté vigente la financiación pública.
Requisitos y finalidad social
Para acceder a la quita y a las condiciones preferentes, los promotores deberán respetar las condiciones pactadas con el ICO: entregar vivienda a precios por debajo del mercado libre y priorizar el uso social sobre la especulación. El propósito declarado por los responsables del proyecto es que la financiación prime la creación de hogares frente a la lógica puramente especulativa.
Objetivos cuantitativos y alcance macroeconómico
En términos de resultados esperados, el fondo aspira a movilizar recursos significativos para transformar la oferta de vivienda: en su primera etapa, el objetivo es canalizar alrededor de 23.000 millones para vivienda asequible; a medio plazo se plantea que el esquema contribuya a la construcción de hasta 15.000 viviendas asequibles por año. Además, el proyecto forma parte de una ambición mayor: convertir el capital reputacional del país en capital financiero, con vistas a movilizar hasta 120.000 millones en distintas apuestas estratégicas.
Los impulsores del fondo definen su actuación bajo tres ejes: la lógica financiera (aprovechar apalancamiento y mercados de deuda), la lógica tecnológica (apoyar innovación en proyectos) y la lógica social (garantizar acceso a vivienda). Con esta combinación, el Estado pretende actuar como socio estable a largo plazo y como mitigador de fallos de mercado donde la inversión privada, por sí sola, no resulta suficiente.
Instrumentos y modalidad de intervención
El abanico de herramientas que ofrecerá el fondo es amplio: desde préstamos en condiciones ventajosas hasta inyecciones de capital, garantías y financiación de proyectos concretos. La idea es acompañar a empresas, incluidas pymes, en diversas etapas de su ciclo vital, compartiendo riesgos con el sector privado y apoyando iniciativas que contribuyan a la competitividad y a la cohesión social.
