el ejecutivo y los sindicatos firman una actualización del salario mínimo que beneficiará a millones de trabajadores; la patronal se ausenta y anuncia recursos contra medidas como la prohibición de absorción de complementos
El Ejecutivo, representado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha rubricado junto a las grandes centrales sindicales un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalente a un incremento del 3,1% respecto a 2026 y aplicable con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
La ceremonia contó con la presencia del presidente del Gobierno, un gesto que subraya la carga política del acuerdo, mientras la patronal se ausentó de la firma, en un escenario de choque retórico entre Ejecutivo, sindicatos y organizaciones empresariales.
Qué recoge el acuerdo y a quiénes afecta
El pacto consolida la subida anual del SMI que el Gobierno puede aprobar sin convalidación parlamentaria. Según los sindicatos y las estimaciones oficiales, la medida alcanzará a millones de asalariados: las cifras difieren entre fuentes —los cálculos sindicales señalan alrededor de 1,66 millones de beneficiarios, mientras que el Ejecutivo eleva esa estimación hasta 2,5 millones—, con un impacto especialmente relevante entre mujeres, jóvenes y trabajadores en territorios con salarios más bajos. Además, se mantiene la exención en el IRPF sobre el SMI mediante una bonificación, con la intención de que la cantidad sea neta para quienes la perciben.
Tensión con la patronal y argumentos contrapuestos
El presidente del Gobierno criticó con dureza la ausencia de la patronal en la firma y la acusó de eludir su responsabilidad en la redistribución de beneficios empresariales. Por su parte, CEOE y Cepyme defendieron su rechazo al alza, argumentando que el incremento se fundamenta en cálculos que consideran erróneos y que, en determinados sectores, su imposición podría ser insostenible. La patronal también advirtió sobre posibles recursos judiciales si el Ejecutivo modifica por decreto las reglas de absorción y compensación de complementos salariales para impedir que las empresas descuenten pluses y así neutralizar la subida del SMI.
La postura del gobierno y los sindicatos
Trabajo y los sindicatos han reiterado su compromiso de evitar que la subida del SMI se traduzca en la eliminación de complementos que caracterizan las condiciones reales de trabajo. El acuerdo incluye el compromiso de aprobar nuevas normas que excluyan de la absorción aquellos complementos ligados a la residencia, características personales, cantidad o calidad del trabajo y otras retribuciones fijadas por convenio. El Gobierno anuncia que lo hará por decreto, aunque la norma no se ha aprobado aún, y la patronal sostiene que esa modificación requiere rango de ley.
Contexto económico y efectos acumulados
La senda de incremento del SMI en los últimos años ha sido notable: desde 2018, cuando el saldo salarial de referencia era considerablemente menor, el salario mínimo ha pasado de 736 a 1.221 euros en 14 pagas, un alza acumulada del 66%. En el mismo periodo, la evolución de precios es sensiblemente inferior —alrededor del 23%—, lo que implica una mejora del poder adquisitivo del suelo salarial. Los sindicatos subrayan que esta evolución ha contribuido a reducir la pobreza laboral y la brecha salarial, aunque admiten que aún queda camino para acercarse a estándares europeos y a los compromisos recogidos en instrumentos internacionales.
Reacciones y reclamos
Los líderes sindicales celebraron la firma como un avance en la lucha contra la precariedad y pidieron al empresariado que cumpla su parte, reclamando subidas salariales generales donde aún no las hay. UGT destacó el papel del diálogo social en lograr mejoras sostenidas y recordó el objetivo de converger con la Carta Social Europea. En sentido opuesto, la patronal reprochó al Gobierno la injerencia en la negociación colectiva y criticó propuestas anteriores del Ministerio de Hacienda, como deducciones crecientes para empresas que contraten por encima del SMI, calificadas de intervencionistas.
Qué viene ahora
El Gobierno prevé llevar el incremento al Consejo de Ministros para su formalización y para aprobar la exención del IRPF mediante una bonificación, como se había adelantado en la negociación. Queda pendiente, sin embargo, la aprobación del decreto sobre la no absorción de complementos y la respuesta judicial que pueda emprender la patronal. En la esfera política, el acto de firma con la asistencia presidencial busca proyectar unidad en torno a una política salarial que el Ejecutivo considera clave para la cohesión social, mientras que la ausencia de la patronal abre un capítulo de confrontación legal y reputacional entre agentes sociales.
221 euros constituye una medida con efectos inmediatos para miles de hogares, un punto de apoyo para las políticas de empleo y un foco de debate sobre el reparto de beneficios en un contexto económico expansivo. Las próximas semanas serán decisivas para ver si los compromisos suscritos en la firma se traducen en cambios normativos y en un acuerdo más amplio con el sector empresarial.
